¿Y por qué no cortocircuitar… a los electrocutadores?

La galopante e incesante subida del precio de la luz en España no es un «hecho impersonal». No estamos ante las «leyes del mercado», sino ante las prácticas mafiosas de unos monopolios dispuestos a lo que haga falta -sea legal o ilegal- con tal de engrosar su cuenta de beneficios. Iberdrola, Naturgy y Endesa, las tres empresas eléctricas más importantes de España, suman más de 50 millones en multas por manipular los precios de la electricidad. ¿Es que ningún gobierno está dispuesto a meterse con esta mafia monopolista?

Detrás del nuevo salto en el saqueo eléctrico con el nuevo sistema de tarificación, hay una voluntad deliberada por parte de las grandes empresas, que sabían perfectamente de antemano cuál iba a ser el resultado de subir la factura en unas «horas cima» que coinciden en gran medida con las de mayor consumo. «No sería la primera vez que se pilla a grandes eléctricas falseando el funcionamiento del mercado para provocar un mayor encarecimiento del que ya sufrimos habitualmente en la factura», dice Rubén Sánchez. «Esto lo tendría que estar investigando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia», dice.

Con ser positivas, las únicas medidas que propone el Gobierno consisten en «aflojar» la parte de la factura de la electricidad que va a la recaudación de las arcas públicas. Parece que hay una ley no escrita ni admitida, pero evidente a los ojos de todos. Una ley que podría rezar así: «Nunca, jamás, de ninguna manera y en ningún grado, se puede tocar un solo euro de los beneficios de las eléctricas».

Ningún gobierno, ni del PP ni de coalición progresista, se ha atrevido a trasgredir esta línea roja, a poner «el cascabel al gato» de los intereses de Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Repsol, grandes empresas participadas por los grandes bancos españoles y propiedad del gran capital extranjero. Es como un tabú, algo que «no debe ni puede pensarse».

Parece por ejemplo una imperdonable herejía plantear medidas como la derogación del sistema por el cual se establece el precio de la electricidad, un mecanismo por el cual, cuando se determina el precio del kilovatio a partir de la energía generada por diversas fuentes (centrales térmicas, nucleares, hidráulicas o renovables), se hace siempre… según la fuente más cara, no la más barata o una «media» de todas ellas. Una estafa descarada -tan legal como inmoral- que favorece a los grandes monopolios, y que encarece enormemente la factura.

Y no es ni mucho menos el único mecanismo por el cual los gigantes energéticos manipulan a su gusto -de forma ilegal, recibiendo multas ridículas cuando les pillan, o de forma legal, de acuerdo a las leyes que se redactan a la medida de sus intereses- el precio de la electricidad.

Todas las medidas que se pongan para bajar el insoportable precio de la electricidad, sean más o menos bienintencionadas, quedarán reducidas a meros «parches», a simples «bálsamos», mientras no se toquen en serio los intereses y los beneficios de los grandes monopolios eléctricos del Ibex 35.

Para que la inmensa mayoría de los ciudadanos empecemos a ganar y a aliviar este inacabable atraco al bolsillo, ellos -monopolios, bancos, capital extranjero- tienen que perder. Hay que lesionar sus intereses, hay meter mano en su insultantemente abultada cuenta de beneficios. Hay que redistribuir la riqueza, hay que «expropiar a los expropiadores» y cortocircuitar sus obscenas ganancias.