Cargando...Algunos periódicos airean ya las dificultades que están afectando, dicen que por la crisis, a los sistemas sanitarios de las distintas Autonomías. El nivel técnico y profesional es muy bueno, casi óptimo. Pero, al mismo tiempo, el usuario constata una serie de carencias, escasez en el personal sanitario, deterioro y obsolescencia de las instalaciones no estrictamente médicas y, sobre todo, periodos de espera totalmente inaceptables no sólo para las intervenciones quirúrgicas, sino también para los análisis clínicos y otros medios diagnósticos, así como para obtener una consulta con los especialistas.
Ni la reducción de las restaciones ni el copago o cheque moderador pueden ser por tanto una alternativa. En ninguno de los dos casos estamos financiando el gasto público en sanidad, sino privatizándola con las consecuencias negativas para la equidad que comportan. Penalizan a los más necesitados, ya sean los más enfermos o los más débiles económicamente. (LA REPÚBLICA DE LAS IDEAS) EL PAÍS.- Los terremotos suelen tener réplicas: el miedo volvió en agosto y a finales de septiembre, y tras amainar en las últimas semanas acaba de resurgir otra vez con fuerza. Las primas de riesgo de los países periféricos de la eurozona escalaron ayer -de nuevo- hasta máximos. El incendio se reaviva en Irlanda, Portugal y la inevitable Grecia, que vuelven a estar en el epicentro de la crisis fiscal por muy diversas razones: en particular, la propuesta alemana que abre la puerta a la reestructuración de deuda en la eurozona. España se había despegado de ese pelotón de cola. Pero ayer vio repuntar con fuerza la prima de riesgo, y ese nuevo episodio se dejó notar en la subasta del Tesoro de bonos a cinco años, en la que España pagó bastante más que en operaciones anteriores EXPANSIÓN.- Tras el acertado diagnóstico de Valeriano Gómez se esconde la apremiante necesidad de reformar la negociación colectiva, a la que siguen aferrados los sindicatos y la propia patronal por el poder que les confiere. El ajuste salarial no puede ser sectorial, tiene que ser individual, empresa a empresa, para que sirva para ganar competitividad. No tiene sentido mantener una negociación colectiva centralizada, rígida, obsoleta, que obliga a todas las empresas a asumir el mismo coste con independencia de su productividad o de sus dificultades financieras. Opinión. La República de las ideas Y dentro de poco, la sanidad J. F. Martín Seco Primero fue la bajada de retribuciones a los empleados públicos con el correspondiente deterioro de los servicios; después llegó el abaratamiento del despido que ha convertido todos los contratos laborales en medio precarios. Ahora se pretende reformar las pensiones, y en la lontananza se vislumbra la ofensiva contra la sanidad pública. Algunos periódicos airean ya las dificultades que están afectando, dicen que por la crisis, a los sistemas sanitarios de las distintas Autonomías. Lo cierto es que pueden tener razón. Con la crisis y antes de la crisis, la sanidad pública española vive una especie de esquizofrenia. El nivel técnico y profesional es muy bueno, casi óptimo. Es frecuente escuchar a los propios médicos el consejo de que si se tiene un problema grave de salud se debe acudir a la sanidad pública y pasar de la privada. Pero, al mismo tiempo, el usuario constata una serie de carencias, escasez en el personal sanitario, deterioro y obsolescencia de las instalaciones no estrictamente médicas y, sobre todo, periodos de espera totalmente inaceptables no sólo para las intervenciones quirúrgicas, sino también para los análisis clínicos y otros medios diagnósticos, así como para obtener una consulta con los especialistas. El hecho de que el Consejo Interterritorial haya limitado a seis meses el periodo de espera es sintomático de la sinrazón del sistema y del error que subyace en el planteamiento. Los pacientes que habrá que operar serán los mismos y también los equipos técnicos y humanos, tanto si la espera es de diez días como si es de un año. La demora por tanto no soluciona nada sino que constituye una huida hacia adelante, a no ser que con dilaciones tan amplias se esté propiciando que muchos pacientes acaben costeándose la operación en una clínica privada o, lo que es peor, que la intervención quirúrgica ya no sea precisa debido al fallecimiento del paciente. La transferencia de la sanidad a las Comunidades Autónomas ha venido a complicar la situación generando diferencias significativas en la asistencia que reciben los españoles según sea su domicilio. Además, cada Autonomía ha optado por realizar experimentos en las entidades sanitarias adoptando los procedimientos y las figuras jurídicas más diversas. En muchos casos dando entrada al sector privado o al menos estableciendo eso que se llama métodos privados de gestión. Es un hecho incuestionable que en los últimos treinta años el gasto en sanidad ha crecido considerablemente en todos los países desarrollados. Pero esta aseveración no tendría por qué ser en sí misma motivo de alarma o de zozobra, sino, más bien, aceptarse como algo lógico e incluso positivo que el Estado debería incentivar. La sanidad es lo que se llama en economía un bien superior. Su consumo aumenta con la renta más que proporcionalmente, por lo que parece coherente que en los distintos países, a medida que se incrementa el PIB, se dedique una mayor proporción de éste a gastos de salud. La ofensiva contra el gasto sanitario carece de sentido porque el hecho de que la sanidad sea privada en ningún caso reduce la proporción del PIB que hay que destinar a ella. La única diferencia se encuentra en si se financia vía impuesto o vía precio. El caso más evidente es el de Estados Unidos donde el gasto sanitario por habitante es tres veces el de nuestro país, a pesar de que una parte importante de la población carece de la cobertura necesaria: el 16,5 por ciento se encuentra privado por completo de protección y el 56 por ciento la tiene limitada. Conviene añadir que ni siquiera en Estados Unidos la sanidad es por completo privada. El 40 por ciento del gasto sanitario es público, financiado por el Estado, aunque bien es verdad que su gestión es enteramente privada, ya que el sector público contrata los servicios con clínicas particulares. Ni la reducción de las prestaciones ni el copago o cheque moderador pueden ser por tanto una alternativa. En ninguno de los dos casos estamos financiando el gasto público en sanidad, sino privatizándola con las consecuencias negativas para la equidad que comportan. Penalizan a los más necesitados, ya sean los más enfermos o los más débiles económicamente. LA REPÚBLICA DE LAS IDEAS. 5-11-2010 Economía. El País La crisis fiscal se reaviva y obliga a España a pagar más por la deuda W. Oppenheimer / C. Pérez La idea de que una economía avanzada pudiera dejar de pagar su deuda pública era algo extravagante hasta hace poco: los países emergentes eran los únicos sospechosos. En los 10 últimos años, Rusia, Argentina y Ecuador se han declarado en suspensión de pagos; Pakistán, Ucrania y Uruguay han estado a punto de hacerlo. Pero 2010 es el año de Europa. La crisis fiscal se inició en enero en Grecia y estalló en mayo, cuando el mismísimo euro estuvo en peligro y la UE y el FMI tuvieron que anunciar un bazuca de 750.000 millones de euros para calmar el pánico de los mercados sobre la situación de la deuda pública en toda la periferia europea. Los terremotos suelen tener réplicas: el miedo volvió en agosto y a finales de septiembre, y tras amainar en las últimas semanas acaba de resurgir otra vez con fuerza. Las primas de riesgo de los países periféricos de la eurozona escalaron ayer -de nuevo- hasta máximos. El incendio se reaviva en Irlanda, Portugal y la inevitable Grecia, que vuelven a estar en el epicentro de la crisis fiscal por muy diversas razones: en particular, la propuesta alemana que abre la puerta a la reestructuración de deuda en la eurozona. Además, la inyección multimillonaria de liquidez en EE UU ha provocado una escalada del euro y dificulta aún más la salida de la crisis (y por tanto el pago de la deuda) en Europa. España se había despegado de ese pelotón de cola. Pero ayer vio repuntar con fuerza la prima de riesgo, y ese nuevo episodio se dejó notar en la subasta del Tesoro de bonos a cinco años, en la que España pagó bastante más que en operaciones anteriores. El 3,6%: seis décimas más. A más miedo, más costes. Y, sin embargo, España no es el país que sale peor parado de este nuevo brote de crisis fiscal. Tras los males de Grecia, Irlanda es el caso más preocupante. El Gobierno de Irlanda anunció ayer un ajuste de 6.000 millones de euros en el próximo presupuesto. Se trata de una cifra brutal para un país de 4,5 millones de habitantes y una economía que genera un PIB de 160.000 millones. Es una cifra que viene materialmente a doblar los 3.000 millones de recorte del gasto público que se barajaba hasta ahora. Dublín ya había anunciado la semana pasada su intención de incrementar de 7.500 millones a 15.000 millones de euros el tamaño del ajuste a llevar a cabo en cuatro años. El ministro de Finanzas, Brian Lenihan, reconoció al presentar las cifras que el anuncio significa que la vida será aún más dura para los irlandeses y que el crecimiento se verá afectado de manera negativa. Este año, el país -cuyo PIB bajó el 7,5% en 2009- tendrá un crecimiento prácticamente nulo, y la previsión oficial para 2011 se ha visto reducida drásticamente hasta el 1,75%. El ajuste presupuestario es un intento desesperado del Gobierno del Fianna Fáil por reforzar la credibilidad de la economía irlandesa y detener el constante incremento del diferencial que los irlandeses pagan para colocar su deuda pública, que ayer superó ampliamente los 500 puntos básicos frente al bono alemán a 10 años. Es también una decisión inevitable para cumplir con el calendario de reducción del déficit público pactado por Dublín con la Comisión Europea. Lenihan confirmó ayer que los números rojos del presupuesto irlandés ascenderá este año a la astronómica tasa del 32% del PIB si se incluye el peso de las ayudas públicas a la banca, y del 11,9% si se excluyen, que en teoría ya no tendrán efecto contable en el déficit de 2011. La crisis económica tiene también consecuencias políticas. El malestar social que están causando los permanentes ajustes presupuestarios se vivió el miércoles en Dublín, donde se manifestaron más de 25.000 estudiantes para protestar por la subida de las tasas universitarias. La manifestación acabó con escenas de violencia rara vez vistas en Irlanda y con cargas de la policía antidisturbios. La estabilidad del Gobierno es muy precaria. Aunque ayer se anunciaron las cifras globales del ajuste, ahora se ha de pasar al siempre doloroso y difícil ejercicio de decidir las partidas concretas que se recortan. El Gobierno del Fianna Fáil y sus aliados controlan solo 82 de los 166 diputados de la cámara baja, aunque como hay cuatro escaños vacantes la situación situación no es de minoría clara. Cada vez hay más analistas que cuestionan la capacidad del Gobierno para sacar adelante el presupuesto. Y eso también se deja notar en la prima de riesgo. Tanto en el caso irlandés como en el del resto de los periféricos los mercados atacan por varios flancos: exigen austeridad, pero a la vez recelan de los efectos de esos recortes sobre el crecimiento, que a la larga puede dificultar el pago de la deuda pública. En Grecia, el Gobierno socialista se enfrenta este fin de semana a unas elecciones municipales que son casi un plebiscito tras los drásticos recortes aplicados sobre los sueldos de los funcionarios y las pensiones: los costes de la deuda griega -así como los de la portuguesa- se han aupado de nuevo a máximos ante la inestabilidad política que puede llegar si los comicios no son favorables para el Ejecutivo de Yorgos Papandreu. Los problemas se acumulan: la política monetaria expansiva de Estados Unidos -la inyección de 600.000 millones de dólares para comprar deuda pública- empuja al alza del euro y perjudica la recuperación. La negativa de ayer del Banco Central Europeo (BCE) a seguir los pasos de la Reserva Federal funciona en ese mismo sentido. Rusia ha anunciado esta semana que no comprará deuda pública española ni irlandesa, y el fondo soberano de Noruega admitió que la deuda española -que compró en grandes cantidades durante el verano- es ahora menos atractiva. La prima de riesgo de España roza de nuevo los 200 puntos básicos: España paga el 4,32% por los bonos a 10 años, frente al 2,4% de Alemania, el país considerado más seguro. Hay buenas razones para volver a poner sobre la mesa un problema que estaba quedándose debajo de la alfombra. Eso sí, "la subida de las Bolsas y el comportamiento del euro son asimismo buenas razones para pensar que este rebrote de la crisis fiscal no va a ir a más", explicó Juan Ignacio Crespo, de Thomson Reuters. "Por ahora", remachó. EL PAÍS. 5-11-2010 Editorial. Expansión Trabajar más por menos, dolorosa receta de Gómez Al desahuciado Gerardo Díaz Ferrán le llovieron las tortas por aportar al debate una opinión sincera que consistía, en resumen, en que sólo se sale de la crisis trabajando más y ganando menos. Faltó tiempo a los sindicatos para arremeter contra él. Le acusaron de no tener vergüenza ni autoridad moral para ese tipo de reclamos, tras el fiasco de su actividad empresarial. Tampoco destacados miembros del Gobierno escatimaron reproches al todavía presidente de CEOE. El más locuaz, como siempre, fue José Blanco que le tachó de explotador aunque, el pasado fin de semana, el omnipotente Rubalcaba fustigaba a quienes piden trabajar más y cobrar menos porque, a su juicio, hacen el juego a la derecha. Es cierto que Díaz Ferrán no es en estos momentos la persona con más autoridad moral para recomendaciones tan impopulares; pero no por eso el planteamiento pierde el sentido. Valeriano Gómez, sindicalista de pro y ministro de Trabajo, opina lo mismo y así lo manifestó ayer de una manera un poco menos llana, más oscura, que el presidente de la CEOE. A su juicio, España necesitará mantener durante mucho tiempo salarios moderados, es decir, que los sueldos no crezcan por encima de la productividad. El presidente de los empresarios y el ministro coinciden en que España arrastra una falta de competitividad con respecto a los países de nuestro entorno, lo que debe corregirse con reformas estructurales cuyos resultados sólo se harán perceptibles a medio y largo plazo. Sólo una devaluación competitiva, tan de moda en estos días, tendría un impacto más visible a corto plazo; pero España comparte en el BCE la soberanía sobre su divisa. Con visión de largo plazo, los miembros de la UE decidieron que las célebres devaluaciones del pasado no fueran posibles nunca más. El ajuste debe hacerse a través de los salarios, lo que no significa “café para todos”. Tras el acertado diagnóstico de Valeriano Gómez se esconde la apremiante necesidad de reformar la negociación colectiva, a la que siguen aferrados los sindicatos y la propia patronal por el poder que les confiere. El ajuste salarial no puede ser sectorial, tiene que ser individual, empresa a empresa, para que sirva para ganar competitividad. No tiene sentido mantener una negociación colectiva centralizada, rígida, obsoleta, que obliga a todas las empresas a asumir el mismo coste con independencia de su productividad o de sus dificultades financieras. Hay que acabar con la obsesión sindical de ligar los salarios a la inflación en los convenios y evitar que las empresas se vean obligadas, sí o sí, a afrontar subidas salariales incompatibles con la atonía de su negocio concreto. EXPANSIÓN. 4-11-2010