Cargando...Al final el Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo modelo de financiación de RTVE, que contempla la supresión de la publicidad en otoño. María Teresa Fernández de la Vega ha explicado que «la televisión pública va a seguir teniendo el papel que le corresponde, de calidad y al servicio de los ciudadanos». No hay por donde cogerlo.
La decisión del Consejo de Ministros será remitida al Consejo de Estado y a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones – CMT – ara que emitan sus informes correspondientes. La iniciativa requiere un informe previo del Consejo de Estado y la aprobación posterior en Consejo de Ministros antes de llegar a manos de los diputados.Según el Gobierno la decisión se ha tomado por “el peligro presupuestario” ante la caída de publicidad, y para dar "un paso decisivo para consolidar" el sistema de financiación de RTVE. Si esto es así, ¿por qué entonces quienes salen beneficiadas son las cadenas privadas? Se entiende que cuando se habla de “consolidar” y de reforzar el papel de ente público se tendría que estar hablando de “servicio independiente, público y al servicio de los ciudadanos”. Sin embargo lo que se sientan son las bases para el proceso contrario.En primer lugar la financiación se reparte de la siguiente manera: un 10% las cadenas privadas, un 24% las operadoras de telecomunicaciones, un 20% a través de la tasa por el uso del espacio radioeléctrico, y un 45% el Estado. Es decir, el 55% de la financiación depende de las entidades privadas. ¿No habíamos quedado que quien paga manda?Se podría argumentar que ese es solo el origen del dinero, como antes lo era el de la publicidad, pero aparte de que el Gobierno no ha demostrado más que simpatía y beneplácito con las cadenas y entes privados, la publicidad tiene una enorme capacidad de diversificarse, no así las fuentes de financiación que ahora van a sustituirla. El pulso mantenido por las “telecos” demuestra que están dispuestas a condicionar a través de este grifo la existencia de la televisión pública. Las mismas cadenas privadas han exigido ya la supresión del 5% que aportaban para la producción de cine español – realmente a través de sus propias productoras -, pues consideran que con el nuevo 3% que van a pagar tras la decisión del Gobierno se sobrecargan en exceso sus finanzas. De hecho ya se contempla que TVE incrementará hasta un 20% su inversión en cine español; no es que esté mal, es que su sentido carece de bonhomía, ya que el resultado final es eximir a las privadas de esa inversión.De lo que no hablan es que el cómputo final les da ingentes beneficios por el nuevo reparto del pastel publicitario del que va a desprenderse la televisión pública.En segundo lugar, nadie debe pensar que pese a estos beneficios las “telecos”, en este caso, van a contentarse. Ya han anunciado que para afrontar el pago van a subir las tarifas a los consumidores.Y en tercer lugar van a verse comprometidos los contenidos. Porque el Gobierno prohíbe en el anteproyecto que la TVE puje por “contenidos de gran valor” – exceptuando los Juegos Olímpicos – o cualquier otro material en el que compitan las privadas.Si a esto le añadimos las denuncias permanentes de sindicatos a cerca del aumento de la dependencia de los contenidos públicos de las productoras privadas, propiedad, lógicamente, de las cadenas que ahora se frotan las manos ante la bacanal publicitaria que les espera Con esta decisión el Gobierno parece gritar a las cadenas privadas: “¡Por aquí, por aquí!, todo en orden, camino despejado”