Reforma del Código Penal agrava penas a terrorismo y pederastia

Y a las tramas de corrupción ¿Por qué no?

Ha sido aprobado por último Consejo de Ministros un proyecto de reforma del Código Penal para adecuarlo a los cambios en la realidad social. Aunque el Ministerio de Justicia sólo ha distribuido una nota de prensa y no el texto í­ntegro del proyecto. De lo reflejado en dicha nota, destaca como objetivo prioritario el necesario endurecimiento de las penas para terroristas y pederastas. Cambios que son respuesta a las exigencias ciudadanas de castigo justo y ejemplar de tales execrables delitos. ¿Por qué no se ha respondido también a las demandas populares de que se endurezcan las penas para los corruptos y para las tramas de las que forman parte?

En la mencionada reforma del Código Penal se describen detalladamente aquellas conductas tíicas y necesarias para la posterior realización de atentados terroristas, que por no estar recogidas daban lugar a problemas probatorios y como consecuencia a su debida condena. Así el nuevo Código Penal incluirá, dentro del terrorismo, las actividades de adiestramiento, captación, adoctrinamiento y financiación. ¿Acaso las tramas de corrupción no llevan a cabo tales actividades para construir su red y conseguir vaciar las arcas públicas? ¿Acaso los corruptos no son captados, adiestrados, formados y financiados por sus respectivas tramas? Y respecto a la imprescriptibilidad de delitos aborrecibles, lo que es clave para su posible persecución, como los terroristas, se va establecer que no prescribirán nunca cuando hayan causado muerte, lo que sólo se aplicaba en España al genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los de guerra. Para el resto de delitos la prescripción será a los cinco años. ¿Acaso no se están descubriendo gravísimos delitos de corrupción cometidos hace más de esos cinco años?¿No debería existir un tratamiento específico para quienes roban el dinero de todos y disfrutan descaradamente del botín obtenido? El Ministerio de Justicia ha afirmado que su pretensión es dar respuesta a la “demanda social de un tratamiento individualizado” para estos delitos de terrorismo y pederastia. ¿Por qué no ha escuchado las voces de la mayoría de la población española que piden condenas ejemplares para los corruptos y persecución imparable de las tramas a las que pertenecen? Se ha recogido una vergonzante modificación para los delitos urbanísticos, que castiga las obras ilegales y las autoridades que las silencien que aumenta algo las penas a los delincuentes urbanísticos y les quita las ganancias. Pero como ha descrito el juez Garzón en el auto del caso “Santa Coloma” se da “la existencia de un grupo organizado de personas en torno al Ayuntamiento”, dedicado a “lograr modificaciones de los planes de ordenación urbana”, y utilizando para ello “los cargos institucionales de unos, la posición y contactos políticos de otros y la actividad empresarial de los demás”. Toda una trama de individuos captados, adiestrados, formados y financiados.Toda una trama que une íntimamente las castas políticas, las redes comisionistas construidas en sus aledaños y las élites económicas beneficiadas. ¿Será por eso que no se quiere realmente terminar con la corrupción?

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