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Es un hecho. El resultado de las elecciones presidenciales de Chile es un volantazo a la ultraderecha. En 2021, el candidato de una izquierda rupturista y transformadora, Gabriel Boric, lograba un sonoro triunfo electoral con cerca del 56% de los votos. Cuatro años más tarde, ha sido la opción más antagónica, Jose Antonio Kast, admirador de Pinochet y seguidor de Trump, el que ha ganado las elecciones con más del 58% de las papeletas.
¿Qué ha pasado en Chile? ¿Qué lecciones debemos extraer de estos resultados?
La verdad es revolucionaria, y debemos mirarla de cara aun cuando nos propine una bofetada. Los resultados de las elecciones presidenciales de Chile son un duro golpe para la izquierda latinoamericana y mundial, pero son inapelables.
En las primeras elecciones en las que el voto ha pasado a ser obligatorio en Chile, el candidato más a la ultraderecha, hijo de un oficial nazi y defensor de la dictadura de Pinochet -su propio hermano fue ministro en la dictadura- y alineado con EEUU y con Trump, ha ganado por goleada, con más de 7,2 millones de votos, un 58,1%. Es decir, con una ventaja de más de 16 puntos sobre su oponente, la candidata izquierdista, Jeannette Jara, comunista y ministra de Trabajo del gobierno de Boric.
Aunque Jara fue la más votada en la primera vuelta, con 3,4 millones de votos, y logró atraer 1,8 millones de apoyos más en el desempate de la segunda vuelta, Kast pasó de 3,09 millones a 7,2, quedándose con los votos de otras opciones de derecha y ultraderecha. Es decir, sumó 4,2 millones, más del doble que Jara.
El ultraderechista ha ganado en todas y cada una de las 15 regiones de Chile, así como en las cinco ciudades más populosas. Aunque en la capital, Santiago de Chile, donde se concentra la mayor parte de la población fue donde mejor le fue comparativamente a Jara.
Kast ha ganado las elecciones con un programa ultrareaccionario, en el que es fácil rastrear la emulación del trumpismo. La principal bandera que ha tomado es el llamamiento al «orden y la seguridad» y a la lucha contra la inseguridad ciudadana, vinculando siempre este problema a la inmigración.
A pesar de que Chile es uno de los países más seguros de su entorno, con una tasa de homicidios entre 5,5 y 6 por cada 100.000 habitantes (tres veces menor que la media sudamericana), es un hecho que los índices de delitos violentos se han duplicado en los últimos diez años.
El miedo al «portonazo» (como se llama en Chile al atraco en el portal de tu casa) ha sido alimentado por la propaganda de la extrema derecha, y por los medios de comunicación oligárquicos a su servicio. Y poco les ha importado que la tasa de población migrante en Chile (8%) sea muy inferior a la de EEUU o la UE (~15%), que el 82% de los migrantes esté en situación regular, o que ningún estudio avale la relación entre migración y auge de la delincuencia. ¿Desde cuando el odio xenófobo de los ultras se basa en la realidad?
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El marco: una ofensiva trumpista sobre América Latina
Es imposible no enmarcar estos resultados en el contexto de una agresiva ofensiva reaccionaria, lanzada desde la Casa Blanca de Trump, sobre todo el continente hispano. Una nueva «Doctrina Monroe» que pretende recuperar el poder y la influencia que la lucha de los pueblos le ha arrebatado a Washington en el que antaño fuera su patio trasero.
Al mismo tiempo que Kast ha ganado en Chile, una poderosa flota de guerra en el Caribe amenaza a Venezuela y a Colombia. Un Milei que hace meses estaba en horas bajas ha logrado -gracias a un rescate de 40.000 millones de dólares expendido por Trump- salir reforzado de la elecciones legislativas en Argentina. Víctima de sus errores y de sus guerras fratricidas, la izquierda boliviana ha perdido las elecciones, alzándose en La Paz un gobierno afín a EEUU, lo mismo que en Ecuador, Perú o Paraguay. En Honduras la presidenta en funciones, Xiomara Castro, denuncia que la victoria del candidato trumpista Nasralla en las recientes elecciones ha sido el producto de un fraude electoral.
Sí, la intervención norteamericana y la ofensiva de Trump -con formas «duras» o «blandas», con amenazas militares, con pucherazos o injerencias electorales, o de manera silenciosa, apoyando a los candidatos más entreguistas y reaccionarios- es el factor clave sin el que no podemos entender nada de lo que está pasando en América Latina, y por supuesto en Chile.
Pero tampoco podremos sacar ninguna enseñanza si lo achacamos todo a la intervención de Washington, y si no hacemos un esfuerzo por extraer lecciones de los propios errores de los gobiernos y las fuerzas de izquierda.
¿Qué ha pasado en Chile, en el país donde en 2019 un auténtico vendaval de lucha popular hizo agrietarse irremediablemente un modelo social y económico ultraneoliberal, quebrando el tradicional bipartidismo y dando dos años después el gobierno al candidato del frente amplio Apruebo Dignidad? ¿Qué ha ocurrido para que ese mismo país, que sufrió una de las más brutales dictaduras fascistas del continente, haya dado la llaves de la Moneda a un ferviente defensor de Pinochet?
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Las raíces del desencanto
Hace pocos meses, cuando la izquierda boliviana, tras dos décadas en el gobierno, perdió de manera estrepitosa las elecciones, una de las máximas figuras de la izquierda antihegemonista de ese país, Álvaro García Linera -que fuera vicepresidente de Evo Morales y uno de los cerebros y artífices de los primeros gobiernos del MAS- publicó un extenso artículo llamado «¿Por qué el progresismo y la izquierda pierden elecciones?», en el que hacía un recorrido por el continente hispano.
En él, García Linera partía de una premisa autocrítica: «Las izquierdas y progresismos en gobierno no pierden elecciones (…) porque las derechas sean más violentas ni mucho menos porque el pueblo que fue beneficiado por políticas sociales sea ingrato».
«Las extremas derechas, autoritarias, fascistoides y racistas, siempre han existido. Pero su influencia requiere previamente la existencia social de un malestar generalizado, de una disponibilidad colectiva al desapego y rechazo a posiciones progresistas. Su prédica se expande, a raíz del deterioro de las condiciones de vida de la población trabajadora, de la frustración colectiva que dejan progresismos timoratos, o a la pérdida de estatus de sectores medios», decía García Linera.
Apliquemos esto a Chile, donde es imposible no percibir en el apoyo multitudinario a Kast -fuerte también entre las clases trabajadoras o la juventud- un voto de castigo a la gestión de Boric, de la misma manera que en la victoria de Milei en Argentina hay grandes dosis de rencor contra los gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner.
Debemos comprender por qué las clases populares, que hace cuatro años se movilizaron para dar el gobierno a una opción a la izquierda de la socialdemocracia, ahora -en buena parte- lo han abandonado. Debemos comprender las razones de su desapego, de su decepción, de su malestar con la gestión del gobierno de Boric, del que Jeannette Jara es la representante directa.
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El limitado despliegue de las políticas de Boric
Vayamos a 2021, al momento donde el gobierno de Boric llegó a la Moneda con la promesa de «redistribuir la riqueza en Chile». Chile había dejado atrás la dictadura de Pinochet en 1988, pero la Carta Magna promulgada por el tirano blindaba uno de los modelos económicos y sociales más feroces y neoliberales del mundo, otorgando plenos poderes a la oligarquía chilena o al capital extranjero para poder ejercer la más despiadada explotación sobre las clases trabajadoras. En Chile prácticamente todo -las pensiones, la sanidad, la educación y hasta el agua potable- estaba privatizado, y una gran mayoría de la población estaba hiper-endeudada. En el subsuelo de la sociedad chilena bullía una enorme desigualdad, un polvorín de antagonismos que fue lo que estalló en las protestas del 2019.
Para poder demoler ese modelo, Boric y la izquierda chilena se lanzaron a enterrar el marco constitucional y promulgar una nueva y mucho más progresista Carta Magna, pero fracasaron en el primer intento, debido a una intensa labor de polarización y boicot de la derecha y la oligarquía. En 2022, un 62% de los votantes rechazaron la nueva Constitución, aunque en un segundo plebiscito (2023), la extrema derecha tampoco consiguió aprobar su texto constitucional.
A partir de ese momento, el gobierno de Boric sólo consiguió una implementación muy parcial de su agenda política, económica y social. Consiguió establecer un mejor salario mínimo y una jornada laboral de 40 horas, y avances en políticas de igualdad, género y familia, o también en educación
En temas clave como la reforma del sistema de pensiones, para que pasara de ser de capitalización individual a uno de reparto, no logró derogar el predominio de las AFP (fondos privados de pensiones). Tampoco logró la implementación de un único sistema de salud público, gratuito y universal. Otro bloqueo clave de sus políticas tiene que ver con la política fiscal progresiva para hacer paga más a grandes empresas o grandes fortunas. Tampoco en algo tan sensible como las políticas de transparencia y democratización del Ejército.
Aunque los cuatro años de Boric han logrado mejorar levemente los índices, Chile sigue siendo uno de los países más desiguales de América Latina: el 10% de la población con mayores ingresos concentra el 69,4% de la riqueza, mientras que el 50% más pobre solo accede al 10-15% de estos recursos.
La tasa de pobreza (~22%) apenas ha descendido, aunque la de la extrema pobreza ha bajado algo más. Tampoco ha habido una reducción significativa de la tasa de desempleo, y el crecimiento económico está estancado.
En cambio, ha habido una notable pérdida de poder adquisitivo, especialmente entre 2021 y 2022 -bajo el impacto de la pandemia de Covid- cuando la inflación superó el crecimiento de salarios nominales, resultando en 17 meses consecutivos de caídas en salarios reales. A partir de 2023 hubo cierta estabilización y recuperación de los salarios reales, pero mucha gente ya se había empobrecido sin remedio. Esta es otra clave fundamental del desencanto y la decepción.
En que se hayan conseguido estos modestos resultados socioeconómicos hay que contar que el gobierno de Boric siempre ha estado en minoría parlamentaria, y que la oposición y los partidos de la oligarquía siempre han jugado a la contra.
Pero ¿por qué la izquierda no ha dado la batalla en la calle? Boric llegó a la Moneda cabalgando a lomos de intensas oleadas de protestas y luchas populares, pero éstas se fueron apagando, sobre todo a partir de 2022, tras la derrota de la izquierda en el primer Plebiscito Constituyente.
Frente a estimular y organizar esas luchas, apoyándose en las masas como la clave para derrotar a las fuerzas reaccionarias, el gobierno de Boric fue tomando un tono cada vez más «institucional» y conciliante, lo que ha redundado en sus agridulces resultados.
He aquí algunas de las causas del desapego, del malestar y del desencanto. Un terreno sobre el que ha actuado la propaganda demagógica de la extrema derecha, ofreciendo soluciones autoritarias -«orden», mano dura y xenofobia- a problemas estructurales.
La izquierda de Chile, de América Latina y del mundo debe estudiar este proceso para sacar conclusiones.
Atender -por encima de las batallas ideológicas- las condiciones reales de vida y trabajo de las clases populares, y apoyarse audazmente en ellas para vencer los cercos y los bloqueos de las fuerzas reaccionarias. Estas parecen ser dos lecciones que ya debemos sacar.