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Que los recortes y la privatización de la sanidad pública matan es un hecho incontestable. Pero no es lo mismo imaginarlo que vivirlo en la realidad.
No era la primera vez que Antonio Moreno Barrado, un agricultor jubilado de Madroñera —localidad de unos 3.000 habitantes al este de Cáceres— de 73 años sufría un infarto.
Del anterior puedo recuperarse. La alerta inmediata de su hijo al punto de atención continuada (PAC), que contaba con un equipo médico de guardia y una ambulancia, muy probablemente le salvó la vida mientras le trasladaban al hospital más cercan. Eso fue en 2009. «Más que suficiente para gritar en la cara de Ana Mato y todos los consejeros autonómicos de Sanidad lo criminal de su política»
Tres años después, a finales de 2012, no tuvo la misma suerte. Con el PAC cerrado y privado ambulancia, su hijo se vio obligado a llevarlo directamente en su coche al centro de referencia de Trujillo. No aguantó los 20 minutos de distancia.
Falleció por el camino.
“Quizá el final hubiera sido el mismo, pero siempre nos quedará la duda de si se podría haber salvado”, se lamentaba uno de los hijos. “Lo que me da rabia es que jueguen con la salud de las personas y estén recortando los servicios básicos, además, sin dar ejemplo y sin que dejen de saltar casos de corrupción”.
Es sólo un caso. Pero es más que suficiente para gritar en la cara de Ana Mato y todos los consejeros autonómicos de Sanidad lo criminal de su política. Todo en nombre de ahorro, de la eficiencia, de recortar el déficit público. Lo único que importa es cumplir fielmente lo que mandan sus amos.
Cueste lo que cueste. Y caiga quien caiga.