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Los resultados de las elecciones generales del 20-D han dado un vuelco al mapa político español. Quebrando el tradicional dominio del bipartidismo, y abriendo las puertas a una irrupción, con una expresión política desconocida, de la mayoría social que se enfrenta a los recortes. Lo que genera muchas mejores condiciones para dar un nuevo impulso a la lucha contra el saqueo que el 90% de la población venimos sufriendo desde hace siete años.
Quien gana y quien pierde
Nadie puede negar el cambio que esto supone, pero ya hay quien intenta minimizar la magnitud de lo sucedido el 20-D. Afirmando que “no hay un triunfador claro”, y que “aunque el bipartidismo ha perdido votos y escaños, aún sobrepasa a las fuerzas emergentes”.
La realidad es otra totalmente diferente. La mayoría social que rechazamos los recortes hemos obtenido una rotunda victoria en estas elecciones. Y quienes han ejecutado los recortes durante estos últimos siete años -PP y PSOE, o Artur Mas en Cataluña- han cosechado un histórico fracaso.
Estas elecciones generales suponían la culminación de un largo ciclo electoral, donde tras siete años de saqueo se medía la fuerza política que todavía conservaba el bipartidismo y la que alcanzaba la mayoría que hemos los recortes.
Y el resultado que ha deparado el 20-D no ha podido ser más claro. Una oleada nunca vista en la política española de más de 11 millones de votos se ha movilizado para expresar un rotundo rechazo a los recortes y al dominio del bipartidismo. Más allá de las diferencias entre las muchas fuerzas que lo han capitalizado, o incluso de sus programas, pactos o alianzas.
Una marea que aumenta cada vez más aceleradamente, y que se ha convertido por primera vez en protagonista político.
En las generales del 2.008, la suma de los votos de todas las fuerzas que se enfrentaban a los recortes y al bipartidismo apenas alcanzaba los 2 millones de votos, menos de una décima parte que la suma de PSOE y PP. Tres años después, cuando tras la llamada de Obama a Zapatero se inició la oleada de recortes, ese voto de rechazo avanzó hasta sumar 3,9 millones de votos.
En 2015 la expresión política de esa mayoría social que rechaza los recortes y el bipartidismo ha dado un salto gigantesco. En las pasadas elecciones municipales superó los 9 millones de votos, conquistando alcaldías de capitales tan importantes como Madrid, Barcelona, Valencia…
Ahora, en las generales, se ha disparado hasta los 11,09 millones de votos.
Nunca antes la posición de esta mayoría social, silenciada bajo el peso aplastante del bipartidismo, había alcanzado una expresión política ni remotamente similar.
Expresada, más allá de las posiciones y la línea que defienden sus direcciones, en los casi 5,2 millones de votos de Podemos o los 3,5 millones de Ciudadanos.
Pero que también incluye el casi un millón de votos que conserva IU. O los votos de muchos partidos, con o sin representación parlamentaria, entre los que se encuentra el avance de los votos a Recortes Cero-Grupo Verde.
En el otro lado del espejo, el bipartidismo que había ejercido un control casi exclusivo de la política española desde la transición, ha sufrido algo más que un severo castigo tras siete años de sumisa ejecución de los recortes.
La suma de PP y PSOE ha perdido 5,12 millones de votos, un 28,77% menos de los que tenían en 2011. Han pasado de suponer el 73,39% de los votos a solo el 50,73%. Quedando reducidos al 36,36% del censo.
Una caída que alcanza su verdadera magnitud si la comparamos con 2.008. Desde entonces, la suma de PP y PSOE ha perdido 9 millones de votos.
Y su caída no solo no se detiene sino que se acelera. Si de 2008 a 2011 perdieron 3,7 millones de votos, de 2011 a 2015 se han dejado 5,12 millones.
Un rechazo social que también ha golpeado a un Artur Mas que todavía no ha conseguido ser investido presidente. La nueva marca de Convergencia ha perdido la mitad de los votos que tenía hace cuatro años. Creando también, especialmente en Cataluña, mejores condiciones para la defensa de la unidad frente a la fragmentación.
Quien se alegra y quien se preocupa
La reacción de los grandes centros de poder nacionales e internacionales ante los resultados electorales nos da la clave para comprender el auténtico significado del 20-D, y sus consecuencias en la política española.
Las primeras valoraciones de los analistas vinculados a los bancos y monopolios del Ibex-35, el corazón de la oligarquía española, hablan de que los resultados electorales son “mucho peor de lo esperado”. The Wall Street Journal, una de las “biblias” del gran capital norteamericano, señala con preocupación que “casi la mitad del electorado se pronunció a favor de los partidos que rechazaron las políticas de austeridad”. Y el Frankfurter Allgemeine Zeitung, uno de los portavoces de los sectores más duros de la burguesía alemana, habla sin matices del “desastre español”, poniendo el foco en “el riesgo de que se vayan al traste las reformas”.
Washington y Berlín han dejado claro que exigen llevar más allá los recortes en España.
En plena campaña electoral, la Comisión Europea publicó su “Informe de Vigilancia” sobre España, exigiendo para el año próximo una nueva vuelta de tuerca en la reforma laboral, la aceleración de la privatización de Bankia o nuevos recortes por valor de 9.000 millones para cumplir con los objetivos de reducción del déficit.
Y el último informe del FMI exigía que el nuevo gobierno que surgiera de las generales impusiera una nueva reforma que permitiera rebajar más los salarios, ejecutar una mayor subida del IVA o la implantación de más copagos en sanidad y educación.
Al mismo tiempo nos exige un salto en nuestra implicación en su maquinaria militar, para utilizarnos como peones o plataforma en sus agresiones a otros pueblos.
Pero el nuevo mapa político que nos deja el 20-D, con la irrupción de un poderoso viento popular de rechazo a los recortes y la debilidad extrema del bipartidismo, supone un obstáculo para la formación de un nuevo gobierno que pueda cumplir con los objetivos marcados por EEUU y Alemania o la oligarquía española.
Esta es la preocupación ante la “inestabilidad política” o el llamamiento a “pactos que permitan desbloquear la situación” que lanzan insistentemente los principales portavoces de la oligarquía o el hegemonismo.
Los cálculos iniciales que hubieran permitido esa “estabilidad” que la oligarquía y el hegemonismo deseaban han sido pulverizados cuando el voto popular ha aparecido en escena. Impidiendo que la suma de PP y Ciudadanos permitiera la investidura de Rajoy. O castigando al PSOE hasta niveles que prácticamente le incapacitan, aún con el apoyo de Podemos, como alternativa de gobierno.
Van a intentar mediante todas las alternativas posibles la formación de un nuevo gobierno que, aún en minoría y ofreciendo a cambio concesiones en forma de reformas, permita seguir llevando adelante bajo otras condiciones el grueso de los mandatos de la UE o el FMI.
Integrando en él a una de las dos fuerzas -Podemos o Ciudadanos- que han capitalizado en mayor medida el voto de rechazo al bipartidismo.
Ya se ha puesto en marcha la maquinaria para facilitar a toda costa un gobierno presidido por Rajoy, y facilitado por la abstención del PSOE, una especie de “gran coalición” de investidura.
Pero incluso al margen del resultado político final, y de la composición del nuevo gobierno a que de lugar, la marea de más de 11 millones de ciudadanos que se han movilizado contra los recortes y el bipartidismo impone también sus propias reglas y “líneas rojas”.
Generando con su irrupción unas excelentes condiciones para la defensa de los intereses populares y la lucha contra los recortes.