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Todo lo que tiene que ver con las personas mayores es común y nos incumbe a la mayoría. Porque todos somos ellas, y porque todas somos ellos. Las residencias no son como las pensiones, porque por suerte no todo el mundo tendrá que pasar por una. Pero sí afectan al sector más desprotegido dentro de las personas mayores. La mayoría de las personas que acaban en una residencia es porque son dependientes y necesitan cuidados que de otra manera no se les pueden proporcionar, por distintas razones. Merecen, por lo tanto, una mayor atención si cabe.
Sin embargo, de manera silenciosa y oculta por distintos mecanismos, una parte de quienes dependen de las residencias para vivir, no reciben el tratamiento que merecen después de toda una vida. Por otra parte, lo que pasó en algunas residencias durante la pandemia es una vergüenza. Tenemos derecho a conocer toda la verdad.
Manuel Rico es actualmente corresponsal en España de Investigate Europe, pero ha trabajado en El Correo Gallego, El Mundo, Interviú, Tiempo, Público y fue director de investigación de InfoLibre.
Tras publicar el libro ha participado en la Comisión Ciudadana por la Verdad en las residencias que investiga lo que ocurrió durante la pandemia, y recorre buena parte de la geografía dando charlas para explicar con rigor periodístico, en qué consiste el modelo de residencias, denunciando una de las mayores violaciones de derechos humanos que se ha producido en nuestro país.
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En la primera ola de la pandemia, el 71% de los mayores que murieron lo hicieron en residencias. ¿Qué es lo que pasó en comunidades como Madrid y Cataluña?
Hay cuatro comunidades, que son Madrid, Cataluña, Castilla y León, y Castilla La Mancha, donde se concentraron casi tres cuartas partes de los fallecimientos y hubo una violación masiva de derechos de los residentes. Ahora bien, Madrid es única porque combina cuatro cosas que no se dieron en otros sitios: el protocolo de no derivación a hospitales de los enfermos, no medicalizan las residencias… y tienen 1.400 profesionales sanitarios que están libres porque trabajaban en los servicios de urgencias de Atención Primaria, pero que los envían a IFEMA; teniendo IFEMA, no envías a nadie allí, solo a 23 residentes, y murieron 5 mil en las primeras 6 semanas; y tienes los hospitales privados porque apruebas un mando único y todos están bajo ese mando, pero no envías ningún residente salvo que tuviera seguro privado.
Esta combinación del protocolo y tres medios para salvar vidas no utilizados es único de Madrid. En Cataluña no se medicalizaron, aunque no se hizo en ningún sitio, y hubo un protocolo duro en el que se mencionaba la edad para no ingresar en las UCIs. Y las dos Castillas, aunque hay menos datos, sobre todo en Castilla La Mancha, sobre cuántos murieron en residencias, están al nivel de Cataluña.
En todo caso hablamos de estas autonomías porque fue masivo, pero hubo residencias, Alcoi en la Comunidad Valenciana o en Galicia, con una mortalidad disparada, y defiendo que hay que investigar en todas las residencias donde hubo fallecimientos. Es lo que debería haber hecho la Fiscalía.
‘Tenemos derecho a conocer toda la verdad’
Denuncias que el Estado no ejerció todo su poder para impedirlo, o para asegurar que se conozca después toda la verdad…
Un problema como lo ocurrido en las residencias corresponde a diversas causas. Hay causas previas a la crisis que están ahí. Los que piden que no se busquen responsabilidades dicen que hubo un ‘tsunami’ y es poderosa la imagen porque lo vivimos así. Pero siempre digo que si el ‘tsunami’ llega a las costas de Japón y encuentra servicios de protección civil y edificios resistentes, no es lo mismo que si llega a Haití. No puedes culpar solo al bichito, hay que analizar cómo estaban las costas, por seguir con la imagen, es decir, las residencias. Ahí están las responsabilidades políticas, que obedecen a decisiones adoptadas por las autonomías.
La situación del modelo de residencias contribuye a la masacre, luego el virus era potente, atacaba a personas mayores, no había vacunas y no se sabía cómo se transmitía… Primero es el modelo, luego las condiciones objetivas y tercero las decisiones que se adoptan, como los protocolos, no trasladar a los residentes enfermos a los hospitales o decisiones empresariales como decirle al personal que no se pusiera mascarilla para no asustar a las personas mayores.
Hay que analizar un problema tan complejo, ver qué parte de responsabilidad era inevitable, analizar para conocer la verdad y cambiar lo que está mal. Pero se ha tapado el tema para no investigarlo, no tener datos centralizados para que las universidades y los científicos no estudien lo que ocurrió.
Cuando dicen que la competencia de las residencias era de Pablo Iglesias es falso. La competencia es de las comunidades, pero es cierto que el Estado no concedió todo el poder y puso al mismo nivel las residencias que los hospitales, y estos es omisión de responsabilidad.
Hubo comunidades donde las cosas se hicieron mejor. Esto no es de color político, sino de las decisiones que se tomaron.
Hablas de que en el 63% de las residencias no murió nadie, en el 16% menos de 5 residentes, y en el otro 20% la mayoría. La percepción generalizada es que fue algo más repartido. Todo el problema está en ese 20% de residencias.
Eso es clave. Tenemos la idea de proporcionalidad. La primera ola acaba con más de 20 mil fallecidos, y 12 mil sin recibir atención en las residencias. Hay muchas residencias donde no entró el virus o entró pero el efecto fue mínimo y no tuvo ese impacto de mortalidad. Esto debe ayudar a preguntarnos qué ocurrió y cuáles son las características comunes.
Hay estudios autonómicos que lo han hecho, de diverso color político. Quienes quieren politizarlo son los máximos responsables de lo que pasó, como Isabel Díaz Ayuso. Hay un estudio en Castilla y León, del PP, otro en Navarra, del PSN-PSOSE, y otro en Euskadi del PNV.
En los tres se dice que la mortalidad fue mayor en las residencias de mayor tamaño, en términos proporcionales, que son propiedad de los grandes grupos en manos de los fondos de inversión. Cuando tienes esas conclusiones en tres informes de tres gobiernos de distinto color, con estructuras distintas, aunque todas sean privatizadas, quiere decir que las residencias no deberían ser de más de 150 personas. Y hay mas de 1.000 en España.
‘Hubo una violación masiva de derechos de los residentes’
Cuando hablas del modelo de residencias dices que se trata a las personas mayores ‘como meros apuntes contables para conseguir el mayor beneficio en el menor tiempo posible’.
Si hablamos de las residencias gestionadas por los fondos de inversión, claro. Hay residencias donde las cosas se hacen bien. El problema estructural está en las multinacionales y fondos de inversión. No hay más que entrar en sus webs para ver que no se habla de ratio de personal, sino del retorno de la inversión. Por definición entran en un negocio, como un grupo de residencias, para sacar el máximo rendimiento y a los 7 años venden dando el mayor pelotazo posible. Está en su ADN. Cualquier responsable político sabe que el objetivo de esos gestores es incrementar beneficios por encima de todo.
Para conseguirlo o incrementas ingresos o reduces costes. Incrementar ingresos en residencias significa más plazas. Por eso se apuesta por residencias lo mas grandes posible con habitaciones dobles. No sé cuándo hemos decidido que es buena idea que una persona, por el hecho de ir a una residencia, debe compartir su vida con un extraño.
Ambas se demostraron catastróficas. El virus tuvo mayor impacto en residencias más grandes y con habitaciones compartidas, porque además se les encerró durante meses en sus habitaciones.
Las residencias tienen gastos muy fijos. El 70% debería ser gastos de personal y luego alimentación. El negocio intenta recortar de ahí, que son las quejas más habituales y lo que más impactan en la calidad de vida.
Es un modelo que por definición busca hacer negocio impactando en la calidad de vida. Es indiscutible. Ningún fondo va a decir que su objetivo prioritario no es ganar dinero.
La sociedad debe reflexionar sobre los límites que les ponemos a quien quiera dedicarse a cuidar a los mayores. Si hay iniciativa privada –el 87% de las plazas son privadas y eso no va a cambiar– hay que establecer límites. Por ejemplo, que sea una actividad donde el lucro está limitado al 7% o al 9% de beneficios, lo que sea legítimo. Eso haría que los fondos ya no tuviesen interés porque necesitan beneficios mucho mayores.
¿Cómo se forma un modelo en el que hay tal grado de concentración y los grandes grupos han pasado de controlar el 25% a tener el 35% del sector?
Es un proceso de concentración que se ha acelerado y que seguimos en ello. De las 100 residencias construidas después de la pandemia, la mayoría son de grandes grupos. Hay dos motivos por los que les interesa invertir en España. El primero es que hay dinero público gracias a la Ley de Dependencia, y el segundo es que hay clientela garantizada. España tiene una mayor esperanza de vida y eso significa que la gente va a necesitar más recursos sanitarios. Luego está la administración que le toca regular eso.
Si en una mesa se sienta alguien con el 87% del poder va a tener capacidad de imponer sus condiciones, y dentro de los privados, no tienes la misma fuerza sobre las patronales y posibilidad de presionar a los políticos si eres una multinacional con 120 residencias que si eres una familia con una residencia.
‘El objetivo de los fondos es incrementar beneficios por encima de todo’
Luego ocurre que el 90% de las gerocultoras son mujeres y son mileuristas, con dos excepciones, en Bizkaia y Guipúzcoa, con salarios más altos y 200 horas menos al año. Esto es gracias a enormes, potentes y modélicas huelgas realizadas durante años.
Imagina una residencia donde el grupo amenaza con cerrar si no les mejoran las condiciones a mitad de contrato. El alcalde no se lo puede permitir. Se hacen contratos con propuestas a la baja para recibir la adjudicación y al poco tiempo dicen que necesitan mejorar las condiciones porque no es sostenible para ellos.
¿Qué se puede hacer frente a un fondo de inversión, cuyos titulares se esconden en un paraíso fiscal y que son capaces de ganar millones a costa de retirar el yogur de la merienda o cambiar menos veces el pañal a los residentes?
El ejemplo del yogur es muy significativo porque ha pasado en más de una residencia. Con 10 mil plazas, eso significa ganar casi 400 mil euros al año y pasa inadvertido. Aplica esto a no sustituir al personal de baja, a reducir la plantilla en vacaciones, a ahorrar en calefacción… es lo que da beneficios millonarios. Sin embargo, una familia que gestiona una residencia nunca va a tener una ‘encomía de escala’, que le llaman los expertos.
Hay muchas medidas que hay que adoptar, como poner tope a los beneficios. Necesitamos una legislación más exigente –tener mas personal, limitar el tamaño, eliminar las habitaciones dobles en un plazo razonable, salvo por razones médicas o personales–, una inspección seria y rigurosa que no existe –hay poco más de 200 inspectores para 5.200 residencias–, y un régimen sancionador serio. Con estos tres elementos los fondos no vendrían.
No hace falta expropiar ni prohibir al sector privado. No hace falta nada radical. Basta con reformar el modelo.
Y se puede estar de acuerdo desde muy distintas posiciones ideológicas…
Lo que pasó no es de ideología, solo lo politiza quien no quiere conocer la verdad. Me cuesta pensar que haya alguien que no quiera cambiar el modelo para que la gente esté mejor cuidada. Es gente con la que la sociedad tiene una mayor obligación. Hay que ser un desalmado para no querer esto.
Otra cosa es que en la práctica no se le da la importancia que merece, por edadismo, como sustrato que marca lo que ocurre. Se podría haber encerrado a los estudiantes en sus residencias durante la pandemia y hubiera habido una rebelión. Es algo así como pensar que ‘ya han vivido la vida, y si no se mueren ahora lo harán dentro de dos o tres años’. Es una barbaridad inhumana. Quien quiera anteponer el negocio a que los mayores estén cuidados, que se ponga delante del espejo.
‘Las residencias de las cajas de ahorros pasaron a manos de los fondos’
Pero este modelo tiene mucho que ver con nuestro modelo financiero. Es muy significativo que su origen esté en el hundimiento de las cajas de ahorro.
Sí. Hay que recordar que hace 15 o 20 años había muchas cajas implicadas en las residencias, porque formaba parte de la obra social que realizaban. Esto es clave porque todos los grupos que poseían pasan a estar controlados por los fondos. Es un momento clave de la transformación del modelo y va más allá de las residencias.
Las razones por la que se invierte en residencias es aplicable en la Sanidad. Hay esperanza de vida y hay dinero público. En muchos análisis de banca de inversión se analiza de forma conjunta el sector sanitario y el de residencias, porque tienen mucho en común desde el punto de vista del inversor.
Lo cierto es que no es lo mismo una residencia que una fábrica de coches. En una residencia la esencia es el cuidado de personas.
¿Qué pasa para que esto no cambie, ni siquiera con gobiernos progresistas?
En la Comunidad Valenciana se avanzó mucho en la reducción de las listas de espera, pero en ocho años solo se hizo una residencia de gestión publica. El poder de los grandes grupos esta ahí. Si queremos cambiar el modelo hay que abordarlo, no basta con retoques. Es que son direcciones contrarias.
Hace 10 días en La Rioja, el gobierno anunció que no va a multar a las residencias que no tengan el personal mínino porque hay problemas para contratar personal de enfermería. Claro, si les pagas menos que al personal sanitario de un hospital nadie va a querer ir. La solución no será dejar de multar a quien no cumple, porque la consecuencia es que los mayores van a estar peor cuidados. Esto no se soluciona una tarde con una caña, pero en lo que tienen que trabajar es en revertir la situación, no en dejar de multar.
Es significativo cómo se razona y el poder que tienen las empresas.