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Victoria Zunzunegui es miembro de la Comisión. Es doctora en epidemiología por la Universidad de California en Berkeley, y catedrática de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Montreal.
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¿Por qué decide participar en la ‘Comisión por la Verdad’?
He trabajado toda mi vida en la epidemiología del envejecimiento. Trabajé en España en la Escuela Andaluza de Salud Püblica y luego fui profesora durante 17 años en Montreal. Llegué a España en agosto de 2020 cuando me jubilé y quedé horrorizada de lo que había pasado durante la pandemia en las residencias. Empecé a hacer informes con un grupo que se llama ActuaCOVID, que tuvieron alguna repercusión. Marea de Residencias tuvo la iniciativa de constituir una ‘Comisión de la Verdad’ compuesta por profesionales independientes que investigaran y supieran lo que ocurrió.
Le propusieron a José Antonio Martín Pallín, que fue miembro del Tribunal Supremo, que fuera el presidente y dijo que iba a utilizar el formato de los tribunales Russell –creados por primera vez en 1966 para investigar los crímenes de EEUU en Vietnam–, que son los que han investigado, por ejemplo, los crímenes de Israel en Palestina, o los cometidos en la Guerra de los Balcanes.
Me propusieron participar y acepté inmediatamente.
¿Quiénes componen la comisión, además de José Antonio Martín Pallín y usted?
Somos siete. Fernando Lamata, médico con experiencia en gestión y administración sanitaria, que ha trabajado en el ministerio de Sanidad, y ha sido consejero en Castilla-La Mancha; la escritora Anna Freixas, autora de ‘Yo, vieja’; Fernando Flores, que es director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia; Cristina Monge, que es socióloga y politóloga; y Eduardo Ranz, que es abogado especializado en memoria histórica.
Esperamos terminar a finales de marzo. Tendremos una web con el informe y todos los documentos de fácil acceso y difusión.
‘Utilizamos el formato de los tribunales Russell’
Aún pendientes de los resultados del informe de la Comisión, ¿cómo ha evolucionado la situación en estos años?
Lo cierto es que la situación de las residencias está igual o peor que antes, en el sentido de que hay mucha opacidad. Solo tenemos información por familiares y trabajadores. No hay sistema de información para controlar la calidad de lo que ocurre, no hay ninguna entidad oficial que haga encuestas o sistemas de vigilancia continua. Lo que lleva a hacer pensar que están igual o peor, y es desesperante.
En estos momentos, una plaza concertada en Madrid ha pasado de 53€ a 72€ y el 90% de las plazas son privadas o en concierto y colaboración público-privada, a través de licitación en empresas. La dependencia no puede ser un negocio sometido a que las empresas nacionales se vendan a fondos internacionales.
Mientras sea un negocio habrá opacidad, y los gobiernos de las autonomías, que hay casos de buena gestión, que permitan esto hacen dejación de funciones. No se puede gastar poco en algo que es caro. Una plaza cuesta 9 mil euros al mes, porque requiere un cuidado de 24 horas y de calidad, con trabajadores bien pagados y preparados, con control de calidad para corregir lo que se haga mal… no es aceptable que se licite por debajo de lo que cuestan las cosas y se saque beneficio con condiciones de trabajo precarias y con la alimentación de los mayores.
¿Cuáles son las fuentes de información de la Comisión?
Varias, pero la principal son los testimonios y comparecencias del 15 y 16 de septiembre, de familiares, supervivientes que habían sobrevivido, y de trabajadoras que nos contaron lo que vivieron con todo detalle. Un material que no habíamos tenido nunca porque ningún juez los ha citado nunca a declarar para aprender lo que ocurrió. Declaraciones muy valiosas.
También tuvimos peritos, expertos en la materia, en infecciones respiratorias, neumólogos, expertos en cuidados paliativos, en cómo dar tratamiento a personas en condiciones de agonía. Hay que saber en qué condiciones murieron, porque los familiares denuncian que fueron terribles y que se les negó la atención hospitalaria y los cuidados. Comparecieron también periodistas como Manuel Rico de InfoLibre, Fernando Peinado de El País, y Elena Jiménez de la Ser; tuvimos la declaración de la responsable de MSF que trataron de poner hospitales de campaña, y que no pudieron entrar en las residencias, solo para labores de educación y prevención, no de asistencia; también el alcalde de Leganés que ha puesto un recurso; y José Ángel Chamorro, presidente de la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. De hecho, hemos integrado lo que ya se sabía en esa comisión, que se interrumpió en mayo de 2021, cuando el PP ganó la mayoría absoluta.
‘Ningún juez los ha citado nunca a declarar para saber lo que ocurrió’
¿La Comisión se ha dirigido a los gestores de las residencias y otros responsables de la Administración?
Invitamos muy formalmente a las autoridades del gobierno de Madrid, al consejero de Interior, a Isabel Díaz Ayuso, a Luis Escudero, consejero de Sanidad, al jefe del Samur… a partir del 6 de marzo, aunque la orden fue el 18 de marzo, las ambulancias no acudían a las residencias.
También trasladamos la convocatoria a varios responsables de servicios sociales públicos y hospitales privados, y a varias personas que no vinieron, como al director general de Salud Pública, al jefe del servicio de epidemiología, y a otros responsables de gestión de la pandemia en las residencias.
Tengo que decir que nos contestó Carlos Mur, que era el director general de coordinación sociosanitaria. Envió justificación de que la invitación le había llegado tarde por correo.
Al mismo tiempo, se conocen nuevas informaciones, como la que acaba de hacer pública la Ser con las actas de la policía municipal que visitaba las residencias.
Otros documentos que hemos agregado son las sentencias, la memoria del Fiscal de la Comunidad de Madrid, que exonera al gobierno autonómico de cualquier responsabilidad, además de las referencias de artículos científicos de prensa internacional, que tienen comités de expertos pares (herramienta de comprobación de artículos científicos), para asegurar la calidad de la publicación, donde se documentan las decisiones políticas y el lugar de los geriatras que tomaban la decisión de quién se hospitalizaba y quién no, y si se tomaron por criterios de discapacidad, como denuncian los familiares, o por criterios de la infección respiratoria.
Necesitamos toda la información que los poderes públicos no proporcionan, para que las víctimas tengan justicia y reparación, para que se sepa toda la verdad.