Vender algunas joyas de la familia

“La Enmienda es una de las decisiones polí­ticas más importantes de la actual legislatura. Redactada en la Moncloa y enviada al Congreso al margen de los circuitos del Ministerio de Economí­a, la modificación urgente de la aparentemente inocua ley de Auditorí­as pretendí­a eliminar de manera inmediata los blindajes que actualmente protegen a los gestores de las grandes empresas, elevando el poder de decisión de las minorí­as accionariales, con la consiguiente revalorización de sus paquetes.”

La Enmienda reresenta el día después del fin de fiesta. El día en que las constructoras, de cuyas nóminas siguen dependiendo miles de empleos, descubren los créditos que se podrían amortizar con la venta de unos derechos de explotación de petróleo en Brasil, o con la enajenación de la empresa escocesa de electricidad adquirida en los años imparables. Para desapalancar hay que vender algunas de las joyas de la familia. Esa es la cruda realidad. Esa es la foto más real de España. (LA VANGUARDIA) EL CONFIDENCIAL.- Este país -tan sólo la Administración central- concede cada año más de 11.600 millones de euros en subvenciones (algo más del 1,1% del PIB), pero curiosamente el parlamento está huérfano de debates sobre su eficacia y buen uso. Y no sólo eso. La información que proporciona la Administración es tan escasa que hay razones fundadas para pensar que su permanencia tiene que más que ver con la capacidad de presión de los lobbys que con una política económica rigurosa. EXPANSIÓN.- El nuevo plan de infraestructuras con financiación público-privada, que moverá inversiones de 17.000 millones de euros en dos años, viene como agua de mayo para las constructoras, sobre las que pesa el impacto de los recortes presupuestarios que debe asumir Fomento como consecuencia del drástico ajuste que está obligado a llevar a cabo el Gobierno para reducir el déficit al 3% en tres años. De ahí que el modelo elegido para desarrollar el plan sea el concesional, de manera que las obras serán financiada por las propias empresas, con apoyo de las entidades financieras, con el compromiso del Gobierno de pagarles un canon anual durante el periodo de la concesión –entre 25 y 30 años– una vez entren en servicio las nuevas infraestructuras en 2014. Opinión. La Vanguardia La Enmienda (y III) Enric Juliana El destino caprichoso ha querido que la divulgación del sumario del caso Gürtel haya coincidido, el mismo días, con la aprobación de La Enmienda. No está de más repetirlo, La Enmienda (aprobada el martes por la tarde en la comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados) es una de las decisiones políticas más importantes de la actual legislatura. Redactada en la Moncloa y enviada al Congreso al margen de los circuitos del Ministerio de Economía, la modificación urgente de la aparentemente inocua ley de Auditorías pretendía eliminar de manera inmediata los blindajes que actualmente protegen a los gestores de las grandes empresas, elevando el poder de decisión de las minorías accionariales, con la consiguiente revalorización de sus paquetes. La nocturnidad con que La Enmienda entró en el Parlamento y la celeridad con la que la Presidencia del Gobierno pretendía su aprobación, sin gran debate público, sin grandes titulares, activó de inmediato la vieja pregunta latina: Quid prodest? ¿Para qué sirve? ¿A quién le da provecho? La respuesta no tardó en llegar: a las grandes constructoras españolas (ACS y Sacyr, principalmente), necesitadas de financiación y deseosas, por consiguiente, de mayores derechos políticos en las compañías energética en las que tomaron participación en el momento más boyante de la economía cementera. Iberdrola, en el caso de ACS; Repsol, en lo que a Sacyr se refiere. Florentino Pérez versus Ignacio Sánchez Galán. Luis del Rivero versus Antoni Brufau. Aunque el asunto ha sido tratado con notable prudencia por la habitualmente belicosa prensa madrileña, el casticismo capitalino no ha podido reprimirse y al final ha pasado lo que tenía que pasar; la embozada iniciativa de la Moncloa ha acabado siendo bautizada como la enmienda Florentino. Gürtel y Enmienda, el mismo día. Curiosa coincidencia que conviene abordar con cuidado ya que nos podríamos meter en un buen lío. Dos asuntos tan distantes entre sí tienen en común un significado profundo: son testigos del final de una época. Son dos espejos en los que se refleja la conclusión, seguramente irreversible, de la turbo España de la última década. Más allá de sus derivaciones penales (que pueden acabar siendo escasas), Gürtel merecería ser el título de una novela de Benito Pérez Galdós, puesto que los 50.000 folios del sumario escriben la perfecta crónica del golferío español. La Enmienda representa el día después del fin de fiesta. El día en que las constructoras, de cuyas nóminas siguen dependiendo miles de empleos, descubren los créditos que se podrían amortizar con la venta de unos derechos de explotación de petróleo en Brasil, o con la enajenación de la empresa escocesa de electricidad adquirida en los años imparables. Para desapalancar hay que vender algunas de las joyas de la familia. Esa es la cruda realidad. Esa es la foto más real de España. Las grandes empresas constructoras tienen hoy mala prensa pero son un activo real, muy real, de la economía peninsular. No habrá reactivación en el solar ibérico hasta el día en que vuelva a haber un cierto número de grúas en el horizonte de las ciudades. Sin tener en cuenta la construcción, toda la retórica oficial sobre la nueva economía sostenible y los coches eléctricos es pura pantomima. Tiene cierta lógica que el Gobierno intente ayudar a las grandes constructoras. Y esa lógica queda perfectamente reforzada por la información que publicamos hoy en la sección de Economía: mientras la Enmienda se tramitaba en el Congreso, el Ejecutivo cerraba un acuerdo para presentar un plan de infraestructuras valorado en 17.000 millones (tren de alta velocidad, ferrocarril de mercancías y carreteras) y basado en la entrada del capital privado en la financiación de las mismas. El final es conocido, La Enmienda se ha aprobado con la decisiva intermediación de CiU que ha salvaguardado a la empresa familiar y ha forzado la demora de un año en su aplicación. Un año para pactar la nueva relación de fuerzas. Convergència i Unió en estado puro. El espíritu del cambio de época. LA VANGUARDIA. 8-4-2010 Opinión. El Confidencial Cómo tirar a la basura miles de millones sin que se note C. Sánchez A algunos economistas les gusta recurrir a la metáfora de la pasta dentífrica para definir ciertos fenómenos económicos. La utilizan frecuentemente para referirse a la inflación, y suelen decir que los precios son como la pasta de dientes. Es muy fácil sacarla de su envoltorio pero muy difícil -por no decir imposible- lograr que vuelva al punto de partida. Algo parecido le sucede a las subvenciones. Es sencillo concederlas pero extremadamente difícil recortarlas, lo que convierte a esta partida en una especie de peaje que año tras año se incrusta en los Presupuestos Generales del Estado. Ni que decir tiene que no se trata de un asunto menor. Todo lo contrario. Este país -tan sólo la Administración central- concede cada año más de 11.600 millones de euros en subvenciones (algo más del 1,1% del PIB), pero curiosamente el parlamento está huérfano de debates sobre su eficacia y buen uso. Y no sólo eso. La información que proporciona la Administración es tan escasa que hay razones fundadas para pensar que su permanencia tiene que más que ver con la capacidad de presión de los lobbys que con una política económica rigurosa. El problema, sin embargo, es mucho mayor. El Gobierno no sólo ofrece subvenciones sino que, además, es generoso a la hora conceder toda suerte de deducciones, lo que convierte los tipos impositivos nominales en una simple filfa estadística. Los tipos reales son en realidad mucho más bajos de lo que normalmente se dice, y sí a usted le cuentan que una empresa tributa al 30% en Sociedades o un contribuyente al 43% en IRPF es simplemente falso. Precisamente por la existencia de deducciones que achatan la presión fiscal nominal. Tampoco en este caso se está ante un asunto menor. El presupuesto de beneficios fiscales para este año -lo que deja de ingresar Hacienda por todo tipo de impuestos- asciende a una cantidad a todas luces desorbitada; pero que, sin embargo, no suele llamar la atención. Se está hablando, de nada menos que de 47.474 millones de euros. O lo que es lo mismo, alrededor de un 4,7% del producto interior bruto. Entre unas cosas y otras cada año -y sin contar las exenciones y prebendas fiscales que conceden ayuntamientos y comunidades autónomas- Hacienda deja de ingresar cerca de 60.000 millones de euros que desaparecen de las arcas públicas por arte de birlibirloque. Como se ve, una cantidad enorme que serviría, por ejemplo, para reducir el déficit público a la mitad. Distorsiones en el mercado La existencia de subvenciones forma parte de un viejo debate entre economistas, pero en lo que hay acuerdo es que distorsionan el funcionamiento del mercado. ¿Quiere decir esto que hay que acabar con las subvenciones? Evidentemente, no. Parece razonable pensar que una de las funciones básicas de los poderes públicos es procurar la actividad económica con el fin de satisfacer el interés general, ya sea fomentando el reequilibrio territorial o procurando la igualdad de oportunidades, lo cual exige pagar becas, subvencionar la contratación de colectivos de difícil inserción laboral o mantener abiertas determinadas líneas de transporte que de otra manera estarían condenadas al fracaso. Pero dicho esto, parece más que evidente que a este y a los gobiernos anteriores se les ha ido la mano a la hora de conceder subvenciones, lo cual, en contra de lo que la mayoría cree, beneficia a los poderosos y perjudica a los débiles, Es decir, justo lo contrario de lo que se pretende (…) Las subvenciones, por lo tanto, determinan el nivel de solidaridad de un país, y por eso sorprende la ausencia de una evaluación sistemática de sus resultados más allá del simple control de legalidad. Y por eso sorprende que el Gobierno haya anunciado subvenciones por valor de 590 millones de euros a la industria del automóvil para fabricar coches eléctricos en lo que parece una simple ayuda de Estado encubierta para mantener la producción en España. Nadie recuerda un debate en profundidad en sede parlamentaria sobre la necesidad de conceder tan abultadas subvenciones, y de ahí la incredulidad que provoca la decisión del Gobierno. Máxime cuando entre las acciones del plan se incluye la subvención por la adquisición de un vehículo eléctrico, y que ascenderá al 20% del coste con un máximo de 6.000 euros por coche. Tanto los usuarios particulares como las flotas privadas se beneficiarán de las subvenciones, lo cual significa que quien no pueda pagarse un coche de última generación estará obligado a subvencionar a quien disponga de recursos suficientes para conducir un coche con batería. Como se ve, un ejercicio de solidaridad obrera. EL CONFIDENCIAL. 8-4-2010 Editorial. Expansión Oxígeno para las constructoras El nuevo plan de infraestructuras con financiación público-privada, que moverá inversiones de 17.000 millones de euros en dos años, viene como agua de mayo para las constructoras, sobre las que pesa el impacto de los recortes presupuestarios que debe asumir Fomento -1.760 millones este ejercicio- como consecuencia del drástico ajuste que está obligado a llevar a cabo el Gobierno para reducir el déficit al 3% en tres años. De ahí que el modelo elegido para desarrollar el plan sea el concesional, de manera que las obras serán financiada por las propias empresas, con apoyo de las entidades financieras, con el compromiso del Gobierno de pagarles un canon anual durante el periodo de la concesión –entre 25 y 30 años– una vez entren en servicio las nuevas infraestructuras en 2014. A partir de esa fecha, Fomento tendrá hipotecado el 8% de sus presupuesto para sufragar dicho canon. La iniciativa debe ser valorada favorablemente. En un momento de máxima estrechez presupuestaria permite una financiación en términos razonables, tanto para el Estado como para las constructoras, y con ello garantizar un ritmo aceptable en la inversión pública, imprescindible para coadyuvar a la recuperación de la actividad y a la creación de empleo en un horizonte inmediato. Esto no supone un trastorno en el forzoso plan de ajuste presupuestario: el sistema concesional permite aplazar cuatro años el impacto del plan en las cuentas públicas y, por tanto, no contribuirá a engordar el déficit público durante el periodo de ejecución de las obras. El gran entusiasmo mostrado ayer por los representantes del sector en la presentación del plan por parte del presidente Zapatero ilustra su relevancia para sostener la actividad en un momento tan complejo como el actual. También debe valorarse el gesto de Fomento, al plantear la licitación de proyectos con diferentes volúmenes de inversión para dar cabida a empresas de menor tamaño. El Gobierno también es consciente de que uno de los condicionantes del eventual éxito del plan reside en buscar una salida airosa para las concesiones deficitarias que se han gestado en los últimos años, como las radiales de Madrid o el plan de renovación de autovías de primera generación. En Fomento no quieren oír hablar de un posible rescate o de resucitar la antigua empresa nacional de autopistas, por lo que una posible solución podría pasar por una suerte de subvención cruzada como consecuencia de fusionar autopistas maduras y muy rentables con las deficitarias de nuevo cuño. Al igual que hiciera la víspera con la presentación del proyecto de coche eléctrico, en la que Zapatero estuvo rodeado por todos los empresarios implicados en el mismo, el presidente volvió ayer protagonizar otra foto con el sector de la construcción en pleno. Dos golpes de efecto consecutivos que contribuyen a mejorar la abúlica sensación que transmite el Gobierno en la gestión de la crisis, pero sería un error de caer en la complacencia de que constituyen la panacea para recuperar un crecimiento vigoroso y sostenido. Son iniciativas bien orientadas, pero que no deben distraernos de las reformas prioritarias, como la laboral, que siguen pendientes. EXPANSIÓN. 8-4-2010

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