Vacuna social contra la crisis

Todos los expertos económicos nos anuncian que el necesario confinamiento por la cuarentena traerá aparejada una recesión sin precedentes desde la crisis de 1929. Ante ello, tanto los gobiernos nacionales como las instituciones internacionales preparan medidas para hacer frente a la nueva situación que se planteará una vez que se haya conseguido por fin doblegar la curva de nuevos contagios y la pandemia pierda su punto de virulencia, aunque lamentablemente se prevé que continuara habiendo nuevos fallecimientos e infectados hasta que se consiga descubrir la vacuna, o bien se produzca lo que se llama “inmunización de grupo”, cuando el 60% o más de la población haya desarrollado anticuerpos frente al COVID-19. Pero a no ser que el virus mute, y se produzcan nuevas oleadas más agresivas, una vez superada la crisis inicial, y si se realiza una desescalada ordenada y paulatina, no es previsible que se produzcan nuevos riesgos de colapsos hospitalarios que hagan necesarios nuevos confinamientos de la población. 

Llegará entonces el momento de la reconstrucción de la economía, y de paliar las secuelas en el tejido productivo que habrá dejado esta pandemia, y es, en ese momento, donde las fuerzas populares debemos exigir una salida social a esta nueva crisis económica,  diferente de la que se llevó a cabo en la anterior crisis de 2008, cuya receta estrella fue la austeridad y el recorte de gastos, que trajo consigo un aumento brutal de las desigualdades, y una bajada generalizada del nivel de vida de la población, conjuntamente con una concentración de la riqueza y del capital en unos pequeños grupos de privilegiados, o dicho mas llanamente, los ricos se hicieron más ricos, y los pobres se hicieron más pobres. 

No podemos permitirnos como sociedad que esto pueda volver a pasar.  Esta vez hay que hacer las cosas de manera diferente. No podemos basar en la austeridad la recuperación económica, en primer lugar, porque en una crisis como la que tenemos, el recorte de gastos hundiría más la economía, ya que a la paralización de la producción, se uniría la paralización del consumo, porque las familias no tendrían dinero para consumir, también se paralizaría la inversión puesto que las empresas ni tendrían dinero, ni necesidad de invertir tampoco, porque no podrían dar salida a sus productos, ni en el mercado interno, ni mediante la exportación, puesto que los efectos de la debacle económica afectan a todo el planeta. La única forma de paliar los efectos inmediatos es ir poco a poco recuperando la economía es inyectando liquidez en el sistema, poniendo a disposición de las familias y las empresas, vía prestamos o transferencias directas, ingentes cantidades de recursos, a las primeras para que puedan consumir, y atender a sus necesidades básicas, y a las segundas para que puedan hacer frente a sus pagos, puedan subsistir y no tengan que recurrir a despidos ni a reducciones de producción mientras se recupera el consumo. La fórmula, así dicha, como casi todo en economía parece sencilla, pero llevarla a la práctica no va a ser tanto. En primer lugar nos encontraremos con el corsé presupuestario del aumento del déficit, en este sentido la UE ya ha dicho que relajará las condiciones para que los estados puedan endeudarse sin cumplir las condiciones del déficit (no las iba a poder cumplir ningún país, de todas formas). 

En segundo lugar, habrá que garantizar la disponibilidad de fondos. El Banco Central Europeo ha anunciado una barra libre para prestar a los estados de medio billón de euros, cantidad que a todas luces ya se barrunta como insuficiente, pero además de las medidas monetaristas, hay que hacer por parte de los estados una política fiscal expansiva, de aumento del gasto público, sobre todo vía transferencias, sin temer al déficit publico que se producirá sin duda, porque lo importante es salir de esta situación ahora, y sobre todo manteniendo la máxima de “que nadie se quede atrás”. 

Y por eso una de las medidas más importantes y urgentes que deberá poner en marcha el Gobierno de España es la renta básica universal. No podemos olvidar que en nuestro país hay un número que oscila entre 4 y 5 millones de personas que no están percibiendo ningún tipo de ingreso laboral, ni prestación, muchos porque trabajaban en economía sumergida, otros porque habían perdido un trabajo que no daba derecho a paro ni a subsidio. Sea por el motivo que sea, estas personas se encuentran ya en una situación insostenible y sin dinero para poder comprar alimentos o atender a los servicios más básicos. Por eso, la implementación de una renta básica que debería ser de un mínimo de 500 euros, es una cuestión de prioridad absoluta que no permite una complicada y burocratizada gestión de la misma, analizando caso por caso, y revisando copiosa documentación por parte de los trabajadores sociales. Hay que arbitrar otro sistema, de emergencia, porque la situación lo exige. 

En circunstancias normales, la solicitud de cualquier renta de subsistencia tarda una media de 2 a 3 meses en tramitarse y dictarse resolución favorable o desfavorable, y un mes más para que se le abone al beneficiario. En las circunstancias actuales, si se utilizara el mismo procedimiento de tramitación es de prever que el sistema se saturaría y los plazos se irían como mínimo al doble o al triple de tiempo. Eso no serviría para nada, y la gente necesitada quedaría en la más absoluta indigencia antes de que se le hubiera notificado la concesión. 

Hay que arbitrar un sistema ágil, eficaz, y que no obligue al solicitante a reunir y entregar una copiosa documentación que no puede conseguir en estas circunstancias. Bastaría con una mera solicitud por internet, acompañada de una declaración responsable y un número de cuenta bancaria. La administración podría comprobar si esta persona está en alta en algún régimen de la seguridad social, en cuyo caso tendría rentas laborales o de desempleo, o bien si percibe ya algún tipo de prestación publica, mediante el registro centralizado de prestaciones asistenciales. Si no está de alta en la seguridad social, ni percibe ninguna prestación, debe considerársele automáticamente beneficiario de la renta universal y ordenar su inmediato abono en la cuenta designada. La persona ya dispone del dinero y puede atender a sus necesidades. Después, cuando todo esto pase  ya se le pedirá la documentación necesaria y si no cumplía los requisitos evidentemente se le exigirá la devolución de la renta pagada. Una tramitación ágil, telemática, y generosa, evitará mucho sufrimiento e incluso hambre y miseria a nuestro pueblo.