Cargando...Este miércoles la FM radio de Colombia presentó pruebas de la intercepción ilegal de líneas que se realizó durante la campaña presidencial de 2006 por el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) a adversarios al Gobierno desde distintos sectores de la sociedad.
La revista» SEMANA» reveló el escándalo de los seguimientos e intercetaciones irregulares por parte del DAS a magistrados de las Altas Cortes, periodistas y opositores políticos del gobierno. En su momento, el gobierno anunció medidas e investigaciones internas pero puso en duda las denuncias y aseguró que no existían pruebas de dichas escuchas. Entre los candidatos que eran objeto de escuchas a sus conversaciones privadas están, también el senador Antonio Navarro, Gustavo Petro, Jorge Robledo, Gina Parody, Samuel Moreno, Luis Eduardo Garzón, y el actual gobernador de Cundinamarca, Andrés González, según los informes obtenidos por la emisora.Según la dirigente «quienes se han tratado de limpiar las manos» en este último escándalo del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) «van a resultar más implicados de la cuenta».Consideró que los funcionarios del DAS no tomarían esas decisiones «si no hay una autorización muy por encima» y que sólo lo harían con una «orden de muy alto».La senadora Piedad Córdoba recordó que algunos de los opositores a quienes se les había interceptado sus comunicaciones, fueron luego asesinados, como su ex asesor Jaime Gómez.Ante la decisión del presidente Uribe de ofrecer una recompensa a quien entregue información sobre las escuchas, la dirigente opositora consideró que «la situación es mucho más grave que plantear una recompensa».»El Gobierno no se excusa de las acusaciones y el país va a saber rápidamente quiénes son los autores materiales e intelectuales de ese tema», agregó.El Ejecutivo colombiano anunció una recompensa de 200 millones de pesos (unos 90 mil dólares) por información que lleve a los responsables de las escuchas.Por su parte, el director del semanario colombiano Voz, Carlos Lozano, una de las víctimas de las escuchas, dijo que la recompensa es un «sofisma de distracción» del Gobierno.Señaló que sólo confía en que la investigación permita «desenmascarar al Montesinos de Colombia».El director del semanario hizo alusión al peruano Vladimiro Montesinos, quien fuera asesor del ex presidente Alberto Fujimori, ambos presos en ese país por violación a los derechos humanos.»Se conoce al Fujimori pero no al Montesinos, que es el problema. El Fujmori es el presidente, eso está claro, y Montesinos parece que son varios», subrayó el director del medio informativo Voz, Carlos Lozano.También, el activista, escritor y miembro del grupo Colombianos por la Paz, Iván Cepeda, responsabilizó este miércoles al presidente Uribe del «aparato» creado en el DAS «para criminalizar a la oposición y a los defensores de derechos humanos».»Nos parece irresponsable y además omisivo que el Gobierno intente poner ahora a la ciudadanía a buscar información» sobre los servicios de seguridad.El aparato de inteligencia colombiano estaría vendiendo la información recopilada a todo aquel que pueda pagarla, incluidos miembros de las organizaciones guerrilleras y paramilitares. «El DAS está fuera de control. Las organizaciones criminales como los narcos, los paramilitares o la guerrilla también han encontrado allí una fuente valiosísima de información que se vende al mejor postor», señala el informe.Uno de los espías citados por Semana reveló que el objetivo general de todas las escuchas realizadas era mantener informada a la presidencia.»Por ejemplo, cómo no va a ser misión del DAS controlar al opositor Gustavo Petro, que es un ex guerrillero y es de la oposición. O a la senadora Piedad Córdoba, por sus vínculos con el presidente Hugo Chávez y la guerrilla», explicó.El legislador Petro fue contundente en sus declaraciones al enterarse del escándalo, responsabilizando al jefe de Estado por las escuchas. «Es indudable que la orden proviene del presidente, que es una persona que no tiene valores democráticos, y a pesar de que cuenta con un gran respaldo de la opinión pública, lo usa para destruir lo poco que queda de democracia», aseguró en declaraciones a los medios locales.La misma fuente precisó que cualquier persona que represente un eventual peligro para el gobierno debe ser vigilada por el DAS. Este habría sido el caso de los miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El máximo tribunal de ese país lleva adelante una investigación que involucra a 70 legisladores oficialistas por supuestos vínculos con los paramilitares, en lo que se conoce en Colombia como la parapolítica.Además de funcionarios judiciales, los periodistas también estarían en la lista de los blancos del aparato de inteligencia. «Se monitorean esporádicamente algunos directores o jefes para establecer lo que los periodistas llaman línea editorial. Pero la mayor parte del esfuerzo está encaminado a los periodistas que manejan la información y las fuentes duras», señaló el detective a la revista.El mismo semanario revelo que los equipos de alta tecnología para las escuchas y el seguimiento informático los proporciono EE UU através de su embajada y militares adscritos al plan Colombia.