Cargando...El gobierno socialista de Pedro Sánchez y el grupo parlamentario de Unidos Podemos han alcanzado un consenso para los Presupuestos Generales del Estado de 2019 que derogan los de Rajoy y constituyen el acuerdo más importante desde el triunfo de la moción de censura del 1 de junio.
Se puede tener una valoración u otra sobre el contenido de sus 50 páginas, o sobre tal o cual medida o cifra recogida en ellos. Se los puede aplaudir o considerarlos insuficientes. Pero nadie debe dejar de reconocer que estas nuevas cuentas públicas contienen avances y concesiones a las exigencias populares, y que el acuerdo y sus políticas reflejan el creciente influjo que la mayoría social progresista tiene en la política española.
La verdad está en los hechos, y contrasta más si comparamos estas cuentas públicas y las políticas que impulsan con las de hace un año.
Seguramente la medida estrella de los nuevos PGE es la que recoge la subida del Salario Mínimo Interprofesional desde los 736 euros (en 14 pagas) a los 900 euros en 2019. Este aumento en la nómina afectará de forma positiva a los aproximadamente 6,5 millones de trabajadores que cobran por debajo del nuevo SMI. Además de recoger una reivindicación especialmente sentida por las clases populares, este aumento del 22% en el SMI significa un paso adelante en revertir los efectos de un saqueo sobre las rentas de los trabajadores, que a lo largo de los años de crisis hemos perdido -de media- un 25% de nuestros salarios.
La lucha de los pensionistas y sus conquistas también están reflejados en las nuevas cuentas públicas. PSOE y Unidos Podemos han incluído en el pacto un aumento del 3% para las pensiones mínimas en 2019, mientras que el resto de estas prestaciones subirán un 1,6%, volviendo a estar vinculada su actualización con el IPC real. También se eliminará gradualmente el copago farmacéutico para 5 millones de ciudadanos, otra forma de saqueo contra los bolsillos de los pensionistas.
El acuerdo contempla derogar algunos aspectos especialmente lesivos para los trabajadores de la reforma laboral, como ampliar la ultraactividad de los convenios o revisar los procesos de modificación de las condiciones de trabajo. Se recupera el subsidio de desempleo para mayores de 52 años. Aumenta las prestaciones del bono social de la electricidad, atendiendo más usuarios y familias vulnerables de caer en la pobreza energética. Las nuevas cuentas públicas también contienen medidas para bajar los precios de la vivienda, en especial la galopante subida de los alquileres.
Los nuevos PGE recogen medidas como el blindaje de la sanidad universal; un acuerdo de aumento de becas y de reducción de tasas universitarias, así como la universalización de la educación infantil (0-3 años); un sustancial incremento para las partidas presupuestarias de la Ley de la Violencia de Género o de la Ley de Dependencia; la derogación efectiva del Impuesto al Sol y otras trabas al autoconsumo; la igualdad de los permisos de maternidad y paternidad; o un incremento del 6,7% para las partidas de Ciencia e I+D+i.
Todo ello supone un considerable aumento del gasto social que se financiará con medidas como un aumento del Impuesto de Sociedades que pagan bancos y grandes empresas, o con un aumento del IRPF a las rentas superiores (a partir de los 130.000 euros anuales).
Más allá de lo suficientes o insuficientes, de lo ambiciosas o conformistas que sean estas medidas, permiten avanzar y que van a paliar problemas que afectan de forma directa a las condiciones de vida y de trabajo de millones de personas.
Pero desde estas páginas queremos remarcar que solo se puede conquistar un futuro realmente distinto para nuestro país y nuestro pueblo con una política de redistribución de la riqueza. Estos presupuestos no cuestionan ni un ápice las «líneas rojas» que la oligarquía financiera y los centros de poder mundial han impuesto a España. Tales como no mencionar siquiera la devolución por parte de los bancos de los más de 60.000 millones de dinero público que los ciudadanos les dimos para rescatarlos; o el incuestionable marco de la disciplina fiscal de la UE y el euro; o los ingentes gastos militares -más de 20.000 millones de euros al año- que el Pentágono nos impone.
No se pueden revertir cabalmente los recortes y el saqueo contra el 90% sin cuestionar de verdad y hasta el final los intereses de las clases dominantes, de la banca y los monopolios del Ibex35; sin recuperar la soberanía nacional que nos han sustraído Washington o Berlín; sin desafiar los dictados del FMI, de la Comisión Europea o de la OTAN sobre nuestro país. Lo contrario nos condena a movernos en los márgenes -más o menos angostos- que sus draconianos intereses nos imponen.
Estos presupuestos -la parte de avance que contienen- han sido posibles gracias a la lucha, a la movilización, a la organización y a la unidad de la gente. Lucha, movilización, organización y unidad que será necesario multiplicar para romper las “lineas rojas” en las que nos quieren encerrar.