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En el marco de las “reformas” que Bruselas exige para poder recibir los fondos europeos se anuncia lo que algunos medios califican como “una revolución del sistema de planes de pensiones”. Y su medida estrella es la promoción de los llamados planes de empresa.
Se nos informa sobre “sus aspectos positivos”, pero se oculta los riesgos que implicaría su expansión, desde la rebaja de salarios hasta cómo pueden convertirse en una vía hacia la privatización parcial de las pensiones.
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¿Qué son los planes de empresa?
Son los planes de pensiones privados que promueven empresas o instituciones para sus empleados. Existen fundamentalmente en grandes empresas y en sectores de las administraciones públicas.
Se financian aportando al plan una parte del salario de los trabajadores -en Reino Unido es el 7%-, descontándolo de forma automática de la nómina, como sucede con las cotizaciones a la Seguridad Social.
¿En qué situación se encuentran en España?
Los fondos privados de pensiones están en España infradesarrollados en comparación con otros países. Y los planes de empresa están incluso más atrasados. En nuestro país existen 86.277 millones de euros acumulados en planes de pensiones individuales, por solo 36.214 en planes de empresa. Que además están estancados: desde 2014 apenas han incrementado su capital. A principios de los años noventa, los planes de empresa suponían la mitad de todo el capital de los fondos de pensiones privadas, hoy apenas representan el 25%.
Frente a países como Alemania y Francia, donde la mitad de los trabajadores tienen un plan de pensiones de empresa, en España ese porcentaje se reduce a uno de cada seis trabajadores.
En España hay varios factores que impiden el despegue de los planes de empresa: el peso de las pymes y los autónomos en el empleo, y especialmente los bajos salarios y la alta temporalidad.
Bruselas impone privilegiar las pensiones privadas
El componente 30 del plan de recuperación, que España debió negociar con la Comisión Europea para recibir los 140.000 millones de ayudas europeas, recoge el compromiso de “revisión e impulso de los sistemas complementarios de pensiones”.
No es un compromiso difuso. Las exigencias de Bruselas son muy precisas. Fijan un plazo: debe estar aprobado un nuevo marco jurídico que promocione las pensiones privadas en el segundo semestre de 2022. Y plantea cifras muy concretas: en 2030 el 80% de los trabajadores debe tener un plan de pensiones privado de empresa (hoy solo son el 16%), y el capital que esos planes controlan ha de subir del 3% al 30% del PIB.
¿Por qué el Estado, en lugar de dedicarse a fortalecer las pensiones públicas, debe empeñar sus esfuerzos en extender las pensiones privadas?
Los fondos privados de pensiones llegarían a gestionar en España medio billón de euros. Esto no es una simple promoción de los planes de empresa. Es un plan que busca que las pensiones privadas, hasta ahora marginales respecto a las públicas, pasen a ocupar un lugar dominante.
Peligros y riesgos
Ya está en marcha un anteproyecto de ley que busca “fomentar la creación de una nueva previsión social complementaria incardinada en las empresas”, y “facilitar el acceso a los planes colectivos a personas a quien ahora mismo no lo tiene, como pymes, autónomos y los funcionarios”.
Se nos ofrecen algunos “ganchos”, como la rebaja de las comisiones a un máximo del 0,5%, o el aumento del capital que se puede desgravar hasta los 10.000 euros.
Y se plantea que habrán “garantías públicas”. El Estado creará un megaplan público, nombrando a dos comisiones que controlen su gestión.
Pero se nos ocultan los riesgos. La gestión de ese plan público será privada. Y en la ley se prepara que esté en manos de los grandes fondos: para aspirar a la adjudicación será necesario tener un capital superior a los 10.000 millones de euros.
Y se pretende imponerlos de forma cuasi obligatoria a trabajadores y pymes. Siguiendo el ejemplo británico, todos los trabajadores estarán enrolados “por defecto” en el plan de pensiones de empresa. Podrán renunciar, pero eso puede suponer el despido. Y las pymes que no tengan su propio plan serán incorporadas, también por defecto, al megaplan público.
¿Por qué el Estado, en lugar de dedicarse a fortalecer las pensiones públicas, debe empeñar sus esfuerzos en extender las pensiones privadas?
Los planes de empresas supondrán una rebaja de los ya menguados salarios, a través de las aportaciones al plan. Y son una vía abierta hacia la semiprivatización de las pensiones.
Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco, la gran patronal de las pensiones privadas, ha declarado que “si se dice a los de más de 50 años que recibirán la misma pensión que la que se está repartiendo hoy nadie ahorrará en un plan privado”. Necesitan que se recorten las pensiones públicas, para imponernos, por obligación, sus pensiones privadas.