Cargando...
«Es de república bananera. Nunca pensamos que iba a llegar a este nivel de escándalo contra la soberanía nacional». En lugar de un «Gobierno aliado», de una «potencia media», lo que hay es «vasallaje y sumisión». Las palabras de Javier Couso, hermano del cámara de Telecinco asesinado en Bagdad por las tropas norteamericanas no pueden ser más certeras expresando la sustancia del asunto de las filtraciones de WikiLeaks.
“El sistema global estadounidense se basa en una medida imortante en el ejercicio indirecto de la influencia sobre elites extranjeras dependientes”. La afirmación de Bzrezinsky en El Gran Tablero Mundial ha tenido su más completa ratificación en la publicación de los mas de 250.000 documentos e informes remitidos por las embajadas norteamericanas de medio mundo al Departamento de Estado. Más allá del debate formal sobre la transparencia en las relaciones internacionales en el que algunos pretenden encerrar las filtraciones, lo verdaderamente relevante del asunto es que en ellas han quedado al desnudo, apareciendo con nitidez meridiana para quien lo quiera ver, los vínculos de dependencia, el grado de control e influencia que EEUU, a través entre otras de sus embajadas, posee sobre esas “elites extranjeras dependientes”. Y ello a pesar de que estamos hablando de informes que ocupan un lugar no demasiado relevante en la jerarquía de la información clasificada que maneja la superpotencia. Muy por debajo, desde luego, de las comunicaciones mucho más reservadas y secretas con las que operan los servicios de inteligencia, las redes de escucha e interceptación, las comunicaciones militares o los llamados NODIS (acceso exclusivo para el presidente, secretario de Estado, jefe de misión), ROGER, EXDIS y DOCKLAMP (mensajes secretos entre los consejeros de Defensa y el Servicio de Inteligencia de la Defensa). Y sin embargo, sólo el conocimiento de ese nivel inferior, casi doméstico, de chascarrillo en ocasiones, permite hacerse una idea de las relaciones de dominio, sometimiento, vasallaje y dependencia orgánica que se establece entre el centro del imperio y las elites encargadas de gobernar “sus provincias”. “Elites extranjeras dependientes” incrustadas en el corazón del poder político de los países que forman parte del sistema imperial norteamericano. Y cuyo trabajo consiste, por un lado, en asegurar que el rumbo político de ese país no se va a salir de las directrices establecidos por Washington. Y, por el otro, gestionar eficazmente sus intereses económicos, políticos, diplomáticos, judiciales,… Abriendo las puertas de sus mercados, asegurando contratos multimillonarios para sus monopolios, estableciendo una política económica que permita multiplicar sus beneficios, frenando procesos que perjudiquen sus intereses, creando desde los medios de comunicación climas de opinión favorables, persiguiendo a quienes en esas instancias de poder tienen veleidades de mayor independencia y autonomía en la toma de decisiones… En el caso de los más de 3.6000 cables despachados por la embajada de Madrid aparecen reuniones privadas (o secretas) e informes confidenciales sobre el Rey, Zapatero, Rajoy, Aznar, políticos, jueces, militares, fiscales o empresarios. Nadie relevante en la clase política o en los aparatos de Estado se ve libre de la trama de inteligencia y presiones orquestada por la embajada de la calle Serrano. Los tentáculos del monstruo Aunque ofrecido a cuentagotas por el diario El País –y por lo que se va conociendo, con un contenido bastante mas filtrado y mutilado que en otros países–, los despachos de la embajada americana ponen negro sobre blanco el alcance de lo que siempre hemos denunciado y muchos se han empeñado en negar, escudándose tras la pantalla de las “paranoicas teorías de la conspiración”: el grado y la capacidad de intervención, infiltración y control de la que dispone EEUU para fijar el rumbo de la vida política española. Lo publicado hasta ahora es apenas una pequeña gota de agua. Y además pertenece sólo al terreno diplomático, a las maniobras ocultas del Departamento de Estado en nuestro país, no al trabajo directo de espionaje, infiltración y subversión llevado a cabo directamente por las agencias de inteligencia norteamericanas. Pero si como muestra basta un botón, es suficientemente revelador del grado extremo de sumisión y dependencia de las elites dirigentes españolas hacia el imperio. Según los documentos conocidos hasta el momento, la Audiencia Nacional es poco menos que una “segunda residencia”, donde los embajadores americanos en España hacen y deshacen a su antojo. Por ella andan como Pedro por su casa, se reúnen secreta y periódicamente con sus máximos responsables, son puestos al día sobre el curso –supuestamente secreto– de los procedimientos judiciales que les afectan o interesan, dan instrucciones, imparten órdenes y profieren amenazas. Urden estrategias –en uno de esos cables puede leerse cómo el fiscal jefe de la Audiencia transmite al embajador que hará todo lo que esté en su manos para impedir que el caso de las torturas de Guantánamo “acabe en manos del juez Baltasar Garzón”– para frenar y boicotear el desarrollo judicial de cualquier asunto en que sus intereses estén implicados. A Fungairiño (fiscal general con Aznar) lo califican de “interlocutor de un gran valor”. De su sucesor Conde Poumpido relatan los valiosos apoyos recibidos para torpedear desde la fiscalía general causas como la de Guantánamo, los vuelos de la CIA o el caso Couso. “Se me está acabando la paciencia ante los comentarios tan desleales del PSOE y sus aliados sobre EEUU” es el recado que en 2007 enviaba el entonces embajador Eduardo Aguirre a un asesor diplomático de Zapatero y a José Blanco, número dos del PSOE. La frase es reveladora de las relaciones de vasallaje, sumisión y dependencia que el imperio impone a los mandatarios de sus provincias. Los informes desvelados por WikiLeaks constituirían abundante materia de procesamiento judicial, de no ser porque, paradójicamente, los implicados en ellos son al mismo tiempo muchos de quienes detentan el poder sobre la justicia. ¿O es que acaso la revelación de secretos judiciales a una potencia extranjera, o la conspiración con esa misma potencia para desactivar casos “molestos” o apartar a jueces incómodos, no constituyen delito? El caso Garzón En el clímax de la ofensiva contra el juez Garzón dirigida a apartarlo de la Audiencia Nacional, en estas misma páginas nos preguntábamos si es que acaso los “restos del franquismo” –a los que toda la izquierda acusaba de estar tras la persecución– tienen en España poder suficiente para “depurar políticamente” a un alto cargo del Estado, como es un juez de la Audiencia Nacional. La respuesta que dimos, obviamente, es que no. Los personajes o asociaciones “de la ultraderecha”, dijimos, pueden ser, como mucho, el ariete, pero jamás el “cerebro” de esta operación. ¿Quién estaba interesado entonces en apartar a Garzón de la judicatura? ¿Y quien tenía la capacidad hacerlo? Una primera respuesta nos la dio entonces el Wall Street Journal, uno de los portavoces más reaccionarios de la oligarquía financiera yanqui, que festejó la causa contra Garzón bajo la consigna de que “la jurisdicción universal se lleva su merecido”. Y tras recordar cómo el procesamiento de Pinochet era “una receta para la anarquía legal y la discordia internacional”, apostaba por extender la fórmula “a todos los imitadores de Garzón”. Ahora, tras conocerse el contenido de las conversaciones y reuniones de los embajadores norteamericanos con fiscales y jueces de la Audiencia Nacional, es mucho más fácil de entender lo que analizamos entonces acerca del origen y las razones de la persecución inquisitorial contra el juez Garzón. Al atreverse a procesar a Pinochet, Garzón abrió una “caja de los truenos” a partir de la cual el principio de la justicia universal se podía extender y fortalecer, permitiendo un avance sin precedentes en la lucha contra la impunidad. La puerta abierta por Garzón había permitido a las víctimas presentar querellas contra generales guatemaltecos, torturadores argentinos, o incluso contra un primer ministro israelí. Y detrás de cada uno de esos dictadores y genocidas, está siempre la mano del imperio. La gota que rebosó el vaso de la (im)paciencia de Washington fue que bajo la línea abierta por Garzón, el procesamiento de Pinochet abriera las puertas a la presentación de una querella contra Kissinguer, que durante varios años estuvo, por precaución, sin salir de EEUU. La presión yanqui para liquidar el principio de “justicia universal” tuvo su punto más alto en la persecución y el escarmiento en la cabeza de Garzón. No estábamos, por tanto, ante una “revancha de los restos del franquismo”, sino ante una auténtica “operación de Estado”, dirigida a cercenar una línea de la Audiencia Nacional y la magistratura española que por su independencia y autonomía choca frontalmente con los intereses del hegemonismo norteamericano. Los inminentes juicios contra Garzón y las revelaciones de WikiLeaks sobre las andanzas de los embajadores de EEUU por la Audiencia Nacional confirman que todo estaba atado y bien atado. ¿Ataque a la comunidad internacional? La reacción de EEUU a la publicación por el sitio web WikiLeaks de más de 250.000 informes confidenciales y secretos procedentes de las embajadas norteamericanas en todo el mundo, ha sido inmediata. Hilary Clinton afirmaba que las revelaciones son “un ataque a la comunidad internacional”, mientras en el Congreso de EEUU se abría paso la exigencia de tratar a WikiLeaks como “una organización terrorista”. ¿Pero quién es el que lanza ataques contra la comunidad internacional? ¿El que espía, presiona, amenaza y se infiltra a través de su cuerpo diplomático en los aparatos e instituciones políticas, judiciales y militares de otros países, o el que lo hace público? ¿Qué es una organización terrorista, la que chantajea a gobiernos y promueve golpes de Estado o la que saca a la luz las tramas? Los más de 250.000 mensajes del Departamento de Estado de Estados Unidos no hacen otra cosa que revelar una verdad oculta y esta sí, a diferencia de la que ha proporcionado pingues beneficios a Al Gore, incómoda. En ellos se descubre la oscura y sucia actuación de la diplomacia norteamericana en muchos de los puntos más conflictivos del mundo. Su “pecado” no es atacar a la comunidad internacional, sino desnudar una parte importante de las cloacas y albañales más pestilentes de la política exterior norteamericana. Sus mecanismos de infiltración y presión, sus maniobras y chantajes, su íntimo maridaje con los servicios de inteligencia, el grado de control que poseen a través de múltiples mecanismos sobre las elites políticas, judiciales o militares de los que países que dominan. Gracias a ellos sabemos, por ejemplo, cómo en las negociaciones para la formación del gobierno alemán de coalición entre la CDU de Merkel y los liberales, el embajador norteamericano recibía a las pocas horas un informe detallado de cada reunión. De su lectura se desprende cómo el Departamento de Estado de Hillary Clinton dio instrucciones precisas a sus funcionarios para que espiaran al secretario general de la ONU. Informes todavía no hechos públicos relatan el papel de las embajadas yanquis en los golpes de Estado en Panamá contra Noriega y el más reciente de Honduras contra Zalaya. ¿En qué lado están los ataques a la comunidad internacional? Soberanía nacional en entredicho "Estupefactos", "engañados" y "absolutamente indignados". Así se sienten los familiares de José Couso, el cámara de Telecinco muerto por el proyectil de un carro de combate de EE UU durante la toma de Bagdad, tras conocer que EE UU maniobró a través de su Embajada en Madrid para que fiscales y altos cargos españoles ayudaran a dar carpetazo al caso. Javier Couso, hermano del cámara, opina que la soberanía nacional está "en entredicho" por la intromisión de EEUU en la justicia española, acusa al Gobierno de "connivencia en la ocultación de delitos" y anuncia que emprenderán acciones legales por unas actuaciones que pueden suponer a su juicio una conculcación del Estatuto de la Fiscalía y una vulneración de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. "Es de república bananera", ha declarado por teléfono a este periódico Javier Couso. "Nunca pensamos que iba a llegar a este nivel de escándalo contra la soberanía nacional de nuestro país, a esa doble moral con los derechos humanos y esa connivencia de un Gobierno en la ocultación de delitos con un nacional como era mi hermano", ha subrayado Couso. "Pensamos que ha quedado en papel mojado el Estatuto de la Fiscalía, que debe investigar delitos y en lugar de eso los ocultan y al servicio de otro país. No descartamos nada, ni siquiera la prevaricación, pero tienen que verlo nuestros abogados", ha añadido. Para Javier Couso, "esto es la constatación de que la soberanía nacional está en entredicho, no existe". En lugar de un "Gobierno aliado", de una "potencia media", lo que hay es "vasallaje y sumisión". Los abogados del caso Couso y los de las torturas de Guantánamo tienen previsto reunirse mañana para decidir si entablan acciones penales o disciplinarias contra los miembros de la fiscalía señalados por los papeles de Wikileaks. Estas son las principales reacciones de los letrados: "Es una vergüenza nacional. Los papeles demuestran que toda la Administración española estaba trabajando para acabar con los casos. Las revelaciones de los cables demuestran una colaboración con una potencia extranjera, así como la divulgación de secretos. También un servilismo total a los intereses de EE UU", ha asegurado Enrique de Santiago (abogado de los familiares en el caso Couso, del caso de los vuelos de la CIA y del caso Guantánamo). Leopoldo Torres (caso Couso): "Es una obscenidad. La fiscalía coincide con el Gobierno de EEUU. Defiende más sus intereses que los de ciudadanos españoles". Antonio Segura (caso Guatánamo): "No me sorprende. Si es cierto lo que cuentan los cables, se trata de un delito. El fiscal general del Estado ya dijo en un desayuno que nuestra querella sobre Guantánamo era fraudulenta. Hoy nos enteramos de que Conde-Pumpido estaba prometiendo a un embajador que el caso no llegaría a ninguna parte. Si hay algún tipo de fraude es el de la fiscalía. Menos mal que existe la acusación particular y la popular, si no estos casos estarían archivados". EL PAÍS. 29/30-11-2010