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En el año que comienza, los precios seguirán ganando el pulso a los salarios. Tras la subida de impuestos anunciada por el Gobierno a finales de año, 2017 anuncia una subida en los servicios básicos -agua, luz, carburantes- que no se verá compensada por una subida equivalente de salarios y pensiones. Una tenaza entre las tarifas monopolistas y los impuestos estatales que hará que la inmensa mayoría siga perdiendo poder adquisitivo, reforzando y haciendo estructural el trasvase de rentas hacia los grandes capitales.
El final de 2016 ya nos dejó un repunte de los precios, y una subida de algunos impuestos aprobada por el gobierno. 2017 traerá un encarecimiento de los servicios esenciales -agua, luz, combustibles, telecomunicaciones- que se traducirá en un nuevo encarecimiento de la cesta de la compra. Las previsiones más realistas cifran ya la inflación para este año en un 2%.
El alza del petróleo provocará subidas de los carburantes y el gas natural. En el periodo vacacional, los consumidores ya han comprobado en su bolsillo el llamado ‘efecto cohete’: cuando la materia prima sube, los monopolios no tardan en subir abruptamente el precio de la gasolina. Cuando el petróleo baja, en cambio, se produce el ‘efecto pluma’: las gasolineras bajan lenta y sosegadamente, menos de lo que ha subido, el precio final del carburante. El gas natural sube un 3,5% con el comienzo del año y la bombona de butano se revisa a mediados de enero.
Desde el pasado mes de abril hasta el cierre de 2016, la luz se incrementó un 33,7%; unos 20 euros al mes. Y ahora volverá a subir un 25% más la tarifa regulada según todos los indicadores.
En el caso de la electricidad, hay que tener en cuenta además que está pendiente cómo se va a resolver la derogación del ‘bono social’ para proteger a los consumidores más vulnerables, 7 millones de consumidores, entre ellos hogares con todos sus miembros en paro, perceptores de pensiones mínimas o familias numerosas. La sentencia del Supremo falló a favor de las eléctricas, que ya no tendrán que sostener los costes de este bono. Lo previsible es que -a cambio de mantenerlo- nos lo carguen en la factura de la luz al resto de los consumidores. La banca nunca pierde, y las eléctricas tampoco.
Tampoco pierden los monopolios del agua, que han anunciado un aumento de tarifas. Al igual que las compañias de telecomunicaciones: Moviestar ha anunciado una subida de 5 euros del precio de sus paquetes (teléfono+móvil+internet), y parece que sus competidores de Orange o Vodafone seguirán sus pasos.
Estas subidas de las tarifas monopolistas se suman a los impuestos sobre alcohol, tabaco o bebidas azucaradas aprobadas por el Gobierno a finales de año. Y hasta 2.500 ayuntamientos de toda España planean subir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), lo que además se trasladará al precio de los nuevos alquileres.
En la otra parte, salarios y pensiones perderán poder adquisitivo. Los pensionistas recibirán el aumento mínimo establecido por el Gobierno (0,25%, unos escasos 2,6 euros más al mes para una pensión media), con lo que su pensión real (la capacidad de compra de su jubilación) será rebajada en un 1,75%.
Peor suerte correrán los sueldos, a excepción de los más bajos, que con la subida del 8% del SMI se situarán en 707,6o€ mensuales (tampoco para tirar tracas). Los funcionarios no esperan una subida salarial más alta del 1%, y para el resto de los trabajadores, los sindicatos quieren exigir una subida salarial del 3%, pero la patronal da largas. Incluso en el caso de que la CEOE firme una subida del 1,5% (por debajo del IPC), el marco de la reforma laboral dejaría manos libres a cada empresa a subir, congelar o bajar los salarios en función de la correlación de fuerzas de cada sitio.
En los práctica, la pérdida del 25% del poder adquisitivo -como media- acumulada de los salarios en los últimos años se mantendrá y se enraizará aún más. Con esta “tenaza” de subida de tarifas e impuestos, buscan que el grado de saqueo sobre las rentas del trabajo alcanzado durante la crisis se haga permanente y estructural, reforzándose el trasvase de riqueza del bolsillo de las clases trabajadoras a las cuentas de beneficios de bancos y monopolios.