Una sentencia oportuna y una detención inesperada

La primera sentencia de la Gürtel ha desencadenado un terremoto político de máxima intensidad. Ha hecho saltar por los aires la precaria estabilidad lograda solo un día antes con la aprobación de los Presupuestos en el Congreso, abocando casi con total seguridad al final de la legislatura de Rajoy.

La sentencia dictada por la Audiencia Nacional por el “caso Gürtel” es una sentencia demoledora.

En primer lugar por la dureza de la misma. La sentencia condena a 351 años de cárcel a los 29 condenados. Condena al cabecilla de la trama a 52 años de prisión; a 37 años y medio al número dos Pablo Crespo; a 38 años al exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega; a casi 32 años a López Viejo, el exconsejero madrileño de Deportes de Esperanza Aguirre…; y a 33 años a Luís Bárcenas, el extesorero del PP con Rajoy; 15 años y un mes para su mujer Rosalía Iglesias.

Por primera vez una sentencia judicial condena al partido en el gobierno por corrupción como beneficiario de una red de malversaciones, cohechos y prevaricación; y cuestiona la credibilidad del presidente del gobierno en ejercicio.

La sentencia considera probado que Correa y el PP tejieron una “estructura de colaboración estable”, un “auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional” a través de la “manipulación de la contratación pública central, autonómica y local”.

También considera probado la existencia de una caja B del partido que “consistía en una estructura financiera y contable paralela a la oficial”. Y cuestiona la “credibilidad” de la declaración de Rajoy ante la Audiencia Nacional que le citó como testigo.

Para nadie es un secreto que la lectura pública de la sentencia Gürtel ha estado retenida en la Audiencia Nacional hasta que estuvieran cerrados los acuerdos para sacar adelante los presupuestos.

Pero esta sentencia no hubiera tenido el mismo efecto demoledor sobre el gobierno, el PP y la estabilidad del país, sin los recientes casos de corrupción nucleares que la han precedido en la Comunidad Valenciana y Madrid.

La dimisión de Cifuentes por el escándalo del máster quebró la confianza en el PP en su caladero de votos más importante y principal plaza fuerte regional, el gobierno de la Comunidad de Madrid. Un escándalo aparentemente menor se convirtió en una auténtica bomba de racimo con repercusiones no solo en Madrid sino en el seno del PP y en la política española.

Pero la imagen en un coche de la Guardia Civil del expresidente valenciano y exministro, Eduardo Zaplana, estalló como un trueno seco de tormenta mientras se aprobaban los Presupuestos Generales en el Congreso.

Zaplana, detenido por corrupción y blanqueo de capitales, no era un caso más de corrupción. Era la caída de un personaje fundamental de toda la época de Aznar. No era un caso del pasado, sino que establecía una línea de continuidad con el presente de Rajoy. Y no aparecía como un “caso aislado”, sino como un claro ejemplo de la corrupción sistémica del PP.

Eduardo Zaplana recorrió todos los eslabones del Partido Popular. Desde la alcaldía de Benidorm a ministro de Trabajo con Aznar, pasando por la presidencia de la Comunidad Valenciana y portavoz parlamentario del PP en el Congreso. Presentado en su momento como una figura de la buena gestión del PP, como Rato, aspirante a suceder a Aznar y que hasta ahora había salido ileso de todas las investigaciones que lo relacionaban con las tramas de corrupción, la Púnica, el caso Lezo o la Gürtel.

Zaplana ha acabado cayendo en la operación dirigida por el juzgado de instrucción número 8 de Valencia, cuando repatriaba los más de 10,6 millones de euros que tenía en paraísos fiscales fruto de sus fechorías. Y con el caso Cifuentes han contribuido decisivamente al seísmo provocado por la sentencia Gürtel.

La detención de Eduardo Zaplana llegaba en el peor momento, redimensionando la sentencia Gürtel que ha terminado por colmar el vaso de la corrupción sistémica del PP, golpeando de lleno al partido del gobierno y al presidente Rajoy, poniendo de manifiesto que la imposición de un gobierno del PP era un punto débil por el rechazo social mayoritario creciente y los numerosos casos de corrupción abiertos en los tribunales.

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