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La estrategia impulsada para imponer la independencia tiene un lema rotundo: “generar conflicto y desconexión forzosa
6 y 7 de septiembre
Primer acto en el Parlament
El miércoles 6 de septiembre debía haberse producido una sesión ordinaria en el Parlament catalán. Pero todo cambió al pedir la palabra Marta Rovira, en nombre del grupo parlamentario Junts pel Sí.
Rovira solicitó un cambio en el orden del día. No se trataba de una alteración formal, sino de un drástico giro en el carácter del pleno. Los temas previstos serían sustituidos por la discusión de la Ley de Referéndum, que iniciaría la cuenta atrás hacia el 1-O.
Los grupos de Junts pel Sí y la CUP retorcieron el reglamento del Parlament, interpretando de manera abusiva el artículo 83.1.
El objetivo de esta maniobra era aplicar, por una “puerta de atrás”, el trámite de “lectura única” prohibido por el Tribunal Constitucional porque vulneraba derechos fundamentales de los diputados.«Los derechos de los diputados de la oposición fueron pisoteados en el Parlament el 6 y 7 de septiembre»
No se envió a los grupos los documentos a debatir con 24 horas de antelación, para que pudieran ser estudiados. Se “concedió” a los grupos el ridículo plazo de dos horas para tomar una posición ante una ley que acababa de presentarse. No existía posibilidad de presentar enmiendas que reformaran la propuesta. Se impidió a los grupos poder acudir al Consell de Garanties Estatutaries, para que éste dictaminara si se habían vulnerado derechos recogidos en el Estatut catalán.
La Mesa del Parlament, presidida por Carmè Forcadell, ex presidenta de la Assemblea Nacional Catalana, actuó, no como árbitro del debate parlamentario,sino como brazo ejecutor del rodillo de la mayoría independentista.
Paralizó todas las reclamaciones de los grupos de la oposición que defendían sus derechos vulnerados. Marginó al letrado mayor del Parlament, cuyo informe denunciaba que la aplicación de la modificación del orden del día “conculcaría los procedimientos y requisitos parlamentarios inexcusables para cualquier ley”. Se negó siquiera a leer el comunicado del Consell de Garantíes Estutaries, donde se recordaba que no se puede privar a los diputados del derecho de acudir a él para dilucidar si se cumplen o se han vulnerado las garantías democráticas que recoge el Estatut.
La propia votación y aprobación de la Ley de Referéndum trituró el Estatut, que fija un quorum mínimo de dos tercios -90 diputados- para reformar la ley electoral. Un mecanismo de defensa que impide a mayorías parlamentaria cambiar las reglas de juego en su propio beneficio.
Sabedores de que ningún otro grupo les apoyaba, Junts pel Sí y la CUP rebajaron esa exigencia, estableciendo que bastaba con una mayoría simple.
El portavoz de Catalunya Si Que Es Pot, Joan Coscubiela, fue especialmente crítico afirmando que “los derechos de los diputados no pueden ser derogados. Esto no es democracia”. Preguntándose si “saltarse las leyes y los derechos de los diputados es la base del país que se pretende construir”.
Al día siguiente, volvió a repetirse el mismo guión para aprobar la “Ley fundacional de la república catalana y de transitoriedad”, que diseña el camino hacia la independencia total si triunfa el Sí en el referéndum del 1-O.
20 y 21 de septiembre
La verdadera hoja de ruta
La mañana del 20 de septiembre los acontecimientos se precipitan, en un ambiente ya cargado de tensión.
Por orden del juzgado número 13 de Barcelona, la Guardia Civil, ejerciendo de policía judicial, irrumpe en 41 sedes de instituciones de la Generalitat para registrarlas, algunas de ellas tan relevantes como la Conselleria de Economía, de Afers Exteriors y Benestar Social. Y detiene a 14 altos cargos de la Generalitat, algunas de ellas realizadas en sus domicilios particulares.
Pero ni los registros ni las detenciones fueron aleatorios. El juez, que llevaba ocho meses instruyendo la causa, actuó contra los centros políticos de planificación del 1-O.
En los registros, la guardia civil incautó documentos que desvelan la auténtica hoja de ruta, más allá de los discursos y la propaganda, del independentismo.«La estrategia impulsada para imponer la independencia tiene un lema rotundo: “generar conflicto y desconexión forzosa”.»
Los acontecimientos políticos no son fenómenos atmosféricos, no suceden sin sujeto que los impulse ni objetivo a perseguir.
En el domicilio de Josep Maria Jové, secretario general de vicepresidencia, Economía y Hacienda, y mano derecha de Oriol Junqueras, líder de ERC y vicepresidente de la Generalitat, la guardia civil incautó un documento denominado “ Enfo CATs: Reenfocant el procés d’independència per un resultat exitós”.
En él se sintetiza la estrategia impulsada desde 2015 por Junts pel Sí para imponer la independencia, bajo un lema rotundo: “generar conflicto y desconexión forzosa”.
El documento señala que para conseguir la independencia es imprescindible “diseñar acciones que conduzcan a un conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano, orientado a generar inestabilidad política y económica que fuerce al Estado a aceptar la negociación de la separación o un referéndum forzado”.
Estableciendo cual es el papel de la Declaración Unilateral de Independencia: “generar un conflicto que bien gestionado puede llevar a un Estado propio”.
Y señalando como hay que elevar el listón del conflicto en beneficio propio: “en el momento que haya una clara determinación ciudadana a darle apoyo y a implicarse activamente y con complicidad internacional, se ha de comenzar de una manera conservadora incrementando paulatinamente el nivel de conflictividad según la respuesta del Estado, bajo el liderazgo y con coordinación de todos los actores implicados y sin ningún genero de duda de acciones y calendarios”.
En esta “hoja de ruta”hacia el conflicto se establece la necesidad de “coordinar y dar apoyo a las entidades soberanistas” -ANC y Omnium Cultural- para que activen la movilización en la calle.
Y se divide a los ciudadanos catalanes en siete categorías, dependiendo de su actitud ante la independencia. Estableciendo como hay que tratar a los “convencidos del NO”: “activar a sus entornos independentistas más próximos”, como medida de presión, y “desincentivar su participación”, para evitar que puedan hacer valer su voz.
Los diseñadores de la “hoja de ruta” tienen muy claro que “ cada partido» (independentista) no puede hacer por sí solo la independencia, pero la suma Puigdemont, Junqueras y Colau -o la confluencia de los espacios que representan- la hará inevitable”. Por eso establecen que “la estrategia pasa por una oferta de suma a Podemos y los Comuns, y a partir de ahí tratar de negociar con el Estado”.
Los hechos demuestran que se ha avanzado en esta dirección. El pasado 27 de agosto, tras la manifestación en Barcelona contra los atentados terroristas en las Ramblas y en Cambrils, Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, Xavier Domenech, cabeza junto a Ada Colau de Catalunya En Comú, y Oriol Junqueras, lider de ERC, cenaron en casa de Jaume Roures, empresario de la comunicación que organizó el centro de prensa el 1-O.
Tras esa reunión, la posición de Podemos y Catalunya En Comú ha variado hacia una dirección que, en los hechos, ofrece respaldo político a Puigdemont.
Pablo Iglesias, que en julio afirmaba: “si yo fuera catalán, no participaría en el referéndum del 1 de octubre”, pasó a alabar “la sensatez de Puigdemont” y criticar “la intransigencia de Rajoy”. Y Ada Colau ha respaldado “la mediación internacional”, colocando todo el foco contra el inmovilismo y la negativa al diálogo del gobierno del PP.
1 de octubre
Un referéndum contra la Ley de Referéndum
Media hora antes de iniciarse la votación, Raül Romeva, conseller de Afers Exteriors, compareció para anunciar un sorprendente cambio de las reglas del juego básicas de cualquier votación.
Presentando un “censo universal” que, frente al cierre de colegios electorales, permitía votar en cualquier otro. Violando explícitamente la Ley de Referéndum, en su artículo 33.4, donde se establece que “nadie puede estar inscrito en varias secciones ni varias veces en la misma sección”.
Este no es el único punto en que el Govern violó las garantías que establecía la propia Ley de Referéndum que ellos mismos habían aprobado.
Según la Ley de Referéndum era la Sindicatura Electoral la que debía “validar» el censo electoral, efectuar el escrutinio general, certificar los resultados y ordenar su publicación oficial. Esa Sindicatura Electoral fue disuelta por la Generalitat el 22 de septiembre, para evitar las multas, de entre 6.000 y 12.000 euros diarios, impuestas por el Tribunal Constitucional. «El 1-0 el 60% de los catalanes se negó a secundar con su voto el referéndum «
La Ley de Referéndum establece también que serán nulas las papeletas que sean emitidas sin sobre o que sean diferentes del modelo oficial. Mientras que el portavoz del Govern, Jordi Turull, animó el 1-O a votar “sin sobre y con papeletas imprimidas en casa”.
Las cargas policiales contra los ciudadanos que se concentraban en los colegios electorales provocaron numerosos heridos. La Generalitat ofrece la cifra de 893 heridos, pero de ellos solo 414 han sufrido heridas o contusiones. Cuatro personas fueron ingresadas, dos de ellas graves, un ciudadano tras sufrir un infarto y otro al recibir el impacto en el ojo de una pelota de goma.
La actuación policial -que solo afectó, según los datos de la Generalitat, al 10% de los colegios electorales- provocó una reacción de rechazo en buena parte de la sociedad catalana.
Pero las escenas de violencia el 1-O también formaban parte de la estrategia de las élites independentistas. En una conversación telefónica intervenida por orden judicial, Joan Manel Gómez, responsable del voto electrónico afirma el 29 de septiembre que “el día de octubre se tiene que liar, se va a liar”, añadiendo que “ellos vienen con los tanques” y llamando a la necesidad de “movilizar a la tropa” -los sectores sociales encuadrados por ANC, Omninum Cultural y otras entidades independentistas-.
El 1-O no solo se movilizaron -en un número considerable y con un elevado grado de organización- los votantes independentistas. También lo hizo la parte de la sociedad catalana que se negó conscientemente a respaldar la independencia y un referéndum que no cumplía las mínimas garantías democráticas.
La participación en el 1-O fue del 43,03%. Votaron casi 2,3 millones, pero más de 3,2 millones no votaron. El voto a favor de la independencia solo representó el 38% del censo. Frente al 62% de los catalanes que se negaron a apoyar la independencia.«El Govern violó el 1-O las garantías que establecía la propia Ley de Referéndum que ellos mismos habían aprobado.»
El Govern de Puigdemont presentó unos resultados provisionales del referéndum la misma noche del 1-O. Que coincidían -como hemos planteado al inicio de este reportaje- con los que anunciaban las élites del independentismo.
Era materialmente imposible que pudieran presentarse resultados, siquiera provisionales, el mismo 1-O, puesto que todo el sistema informático que los podía validar, y que controlaba el “censo universal”, había dejado de funcionar, interceptado por la guardia civil.
Sin embargo, los resultados aparecieron. También multitud de vídeos en los que se demostraba como una misma persona podía votar dos, cuatro u ocho veces.
Incluso los observadores internacionales seleccionados ad hoc por la Generalitat se negaron a validar los resultados, admitiendo que no se habían cumplido las mínimas garantías democráticas y certificando que con ellos no era posible declarar una independencia unilateral.
10 de octubre
La independencia que nunca existió
El martes 10 de octubre sí estaba anunciada una sesión extraordinaria en el Parlament de Catalunya, pero sorprendentemente ésta se convirtió en ordinaria.
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, pronunció solemnemente que asumía el mandato surgido del referéndum del 1-O para impulsar una república catalana independiente.
Era lo que él mismo había venido reclamando, lo que le exigía un movimiento independentista que esperaba esa proclamación para celebrarla.
Hasta aquí todo entraba en el terreno de la lógica. Pero eso duró exactamente 48 segundos. Los que necesitó Puigdemont para proponer, también solemnemente, que el Parlament anulara los efectos de la declaración de independencia, dejándola en suspenso por un tiempo indeterminado.«Incluso los observadores internacionales seleccionados por la Generalitat se negaron a validar los resultados del 1-O, admitiendo que no se cumplieron las mínimas garantías democráticas»
¿Qué había pasado para que lo que casi todos esperaban no solo no sucediera, sino que sucediera exactamente lo contrario?
Desde luego influyó el “general economía”. La gran burguesía catalana le dio la espalda en bloque a Puigdemont. Encabezados por La Caixa y el Banco de Sabadell, todos los gigantes catalanes del Ibex-35, con la excepción de Grifols, trasladaron su sede social fuera de Cataluña. A ello se unió una avalancha de pequeñas y medianas empresas que hicieron lo mismo.
Quedó claro que las élites del independentismo cuentan con el rechazo de buena parte de la burguesía catalana, la grande, la mediana y la pequeña. Solo las organizaciones de empresarios cuya existencia depende de los contratos con la Generalitat, como las patronales Pimec y Cecot, las más minoritarias e improductivas, respaldaron a Puigdemont.
Las puertas internacionales también se cerraron de golpe. Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, fue claro al exigir a Puigdemont que “respete el orden constitucional y no anuncie una decisión que haría imposible el diálogo”. Desde EEUU llegaron los mismos mensajes, respaldado a Rajoy y llamando al orden a Puigdemont.
El severo discurso del rey Felipe VI evidenció la voluntad y la firmeza del Estado para dar respuesta al órdago independentista.«La mayoría de esos militantes independentistas abandonaron la concentración tras escuchar el discurso de Puigdemont, afirmando que “esto es una estafa”.»
Pero, sobre todo, una mayoría de catalanes se habían manifestado contra la independencia. El 1-0 engrosando conscientemente el 60% que se negó a secundar con su voto el referéndum. O el 8 de octubre con una nunca vista manifestación de en torno a medio millón de asistentes en Barcelona en defensa de la unidad de España.
Ante esta situación, se fraguó una nueva estafa, esta vez contra las bases independentistas, urdida por las auténticas élites del procés.
Artur Mas fue el personaje que más se entrevistó con Puigdemont antes de su comparecencia en el Parlament el 10 de octubre.
Había declarado en una entrevista al Financial Times que “Cataluña no tiene condiciones para declarar la independencia”. Quien impulsó el procés, anticipando una independencia “low cost” y casi inmediata, ahora llamaba a replegar velas ante la imposibilidad de enfrentarse al Estado español directamente, sin apoyos internacionales.
Y esa es justamente la posición que se impuso. Hemos escuchado muchas veces que en Cataluña en realidad mandan la CUP y la ANC. En una entrevista a TV3, Artur Mas se ha encargado de recordar que “en Cataluña no gobiernan ni la CUP ni la ANC”. Pueden servir para agitar la caldera independentista, o para garantizar mayorías en el Parlament, pero cuando llega la hora de tomar decisiones, ellos no cuentan.
Dos días antes de la intervención de Puigdemont en el Parlament, la subdirectora de La Vanguardia, Lola García, anunciaba que “Puigdemont y sus asesores intentan reorientar la DUI hacia una declaración sobre la independencia, con un redactado que podríamos considerar reversible o con efectos suspensivos”.
Lo que se corresponde con uno de los escenarios de la “hoja de ruta” del independentismo, que contempla “una oferta de negociación» por parte del Gobierno de España a cambio de que los independentistas renunciaran a la DUI”.
Quienes no estaban al tanto de estas maniobras eran la CUP y las bases del independentismo. Las CUP, que exigían declarar solemnemente la independencia en el Parlament, se enteraron una hora antes de las intenciones de Puigdemont. Y solo consiguieron imponer la firma de una declaración de intenciones por la independencia, sin validez jurídica alguna, en uno de los sótanos del Parlament.
Algunos miembros de las CUP calificaron sin matices la posición de Puigdemont de “traición inadmisible” a la causa independentista.
Peor quedaron las miles de personas que se habían concentrado en los alrededores del Parlament para celebrar la proclamación de la independencia de Cataluña, convocados por ANC y Ominum Cultural, que sí conocían las intenciones de Puigdemont pero que no se las comunicaron a sus bases.
La mayoría de esos militantes independentistas abandonaron la concentración tras escuchar el discurso de Puigdemont. Algunos lloraban, otros murmuraban “nos han engañado”, unos cuantos gritaban “esto es una estafa”.