Una reforma radical

El real decreto de medidas urgentes para garantizar el Sistema Nacional de Salud, un título ampuloso pero menos farragoso que el texto, supone una serie de elementos nuevos en la sanidad española. Matiza el decreto el concepto de sanidad universal al reintroducir el de asegurado, que no sólo aparta de hecho a sectores de la población, sino que, según los expertos, apunta hacia diversos niveles de aseguramiento, incluido el privado, a semejanza de otros países europeos. En este sentido, no parece exagerado hablar de la reintroducción del concepto de «beneficencia», como señalan algunos, al asumir el sistema la prestación para aquellos ciudadanos que documenten su condición de «pobres». Otro elemento nuevo es que el decreto introduce variantes según la renta del «asegurado» y no de su edad, como hasta ahora. Así, el llamado copago farmacéutico se extiende a los pensionistas, lo que lógicamente afecta a sus ingresos. También divide las prestaciones sanitarias en tres categorías: básicas, suplementarias y accesorias, lo que supone un cambio sustancial y abre la puerta a nuevos copagos, como en el transporte llamado no urgente, la ortopedia y los alimentos dietéticos para aquellos pacientes que sufren trastornos metabólicos congénitos. Unas medidas que han provocado la alarma en grupos de pacientes como los diabéticos, los que reciben tratamiento de radio o quimioterapia, o que precisan rehabilitación, así como en las familias con niños celiacos o alérgicos a la lactosa.