Cargando...La Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, se propone introducir la tasa de un euro por receta. Es una medida que va a afectar fundamentalmente a los jubilados y a los enfermos crónicos y que sigue la estela de Cataluña, pionera en la introducción de esta modalidad impositiva criticada en su momento por la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. Su heredero político, Ignacio González, no solo considera ahora que es una medida idónea para disuadir y ahorrar, sino que la lanza una vez que el gobierno de Rajoy ya ha puesto en marcha el medicamentazo que terminó con la gratuidad de los fármacos para los pensionistas. Intentar racionalizar un sector tan importante como este tiene sentido, pero hay que hacerlo extremando las precauciones para no penalizar a los sectores más débiles.
La aplicación de la medida se realiza a partir de cálculos que requieren apoyo documental: asegura Ignacio González que los madrileños acumulan en sus casas 45 millones de medicamentos, un dato que se queda sin la justificación adecuada. Afirma también que la nueva medida no tiene afán recaudatorio, sino disuasorio, para reducir el consumo —y el abuso—; su consejero de Salud, Javier Fernández-Lasquetty, no concreta el efecto de tal disuasión. El consejero sí calcula que se recaudarán 83 millones de euros adicionales cada año y se defiende: el coste máximo para los ciudadanos será de seis euros al mes.
Esperanza Aguirre era la punta de lanza de las políticas más liberales del partido de Rajoy. Esta medida demuestra que su sucesor desea seguir marcando el camino. Junto a este copago y mientras se descarta restituir el impuesto de patrimonio, González presenta un ambicioso plan privatizador de la gestión de la sanidad pública madrileña. Seis hospitales pasarán a la iniciativa privada argumentando que su administración es más eficiente que la pública. Hay razones para la inquietud. La primera y más evidente es que las empresas a las que se adjudica la construcción y gestión de los establecimientos sanitarios tienen ánimo de lucro. La segunda es que estas funcionan en régimen de oligopolio —Capio y Ribera Salud, formadas por constructoras y aseguradoras, son las más importantes—. La tercera es que la propia Comunidad de Madrid tuvo que elevar en 2010 la dotación presupuestaria fijada para los primeros hospitales privados lanzados por Aguirre.
La privatización de servicios públicos esenciales requiere en todo caso una estricta y transparente supervisión pública que hasta ahora no se ha acabado de establecer. Al mismo tiempo, si no hay información y explicaciones suficientes, se concluirá razonablemente que con este tipo de medidas se hace recaer el precio de la crisis en el ciudadano de a pie y en los más vulnerables —jubilados y enfermos— a los que además se les presenta como responsables de abusar del sistema.