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El 29-M ha puesto de manifiesto no sólo el aumento del frente de rechazo, sino también el amplísimo grado de unidad que el mismo desarrollo de la lucha está imponiendo entre fuerzas políticas, sindicales, ciudadanas, entre multitud de sectores sociales. No es ya que todos los sindicatos, mayoritarios y minoritarios, generales y sectoriales, nacionalistas y no nacionalistas hayan marchado unidos. Es que desde el 15-M o la izquierda más extrema hasta el Obispo de Ciudad Real se han manifestado en contra de la reforma. De lo que se trata ahora es de transformar esa unidad en la práctica en una unidad en torno a un programa de lucha. Programa que sea un mínimo denominador común para todos los que participamos en la lucha y pueda convertirse, por tanto, en un catalizador en torno al cual forjar esa unidad. Programa sobre cuyos ejes nuestro partido ha adelantado una primera propuesta.
1.- Frente a los recortes, mantenimiento del gasto público en sanidad, educación y gastos sociales básicos mediante: -Una reforma fiscal progresiva, aumentando el IRPF en distintos tramos a partir de los 120.000 euros anuales y llegando hasta el 65% para las grandes fortunas.-Racionalización de los gastos de todas las administraciones y eliminación de los gastos innecesarios, hasta conseguir un ahorro de al menos el 30%.-Ley contra la corrupción que contemple medidas ejemplares tanto para corruptos como para los corruptores que se benefician de ellos, y la devolución hasta el último euro del dinero robado.-Renegociación del nuevo tratado fiscal de la UE –sometiéndolo a referéndum, como va a hacer Irlanda, para ganar fuerza política ante Bruselas– para flexibilizar la reducción del déficit de acuerdo con los intereses del país.
2.- Frente al paro y la recesión, inversión y políticas de estímulo público a la economía productiva y ayudas para la financiación de pymes y autónomos a través de:-Una reforma del impuesto de sociedades que elimine todas las desgravaciones y exenciones de las que hoy disfrutan bancos, multinacionales y grandes empresas, hasta hacer que paguen, al menos, el 35% de sus multimillonarios beneficios. -Persecución del fraude fiscal aumentando el poder y los medios de los inspectores de Hacienda para localizarlo y eliminarlo.-Establecimiento de mecanismos de control y gestión pública de los bancos y cajas que han recibido ayudas y avales del Estado para asegurar que los fondos públicos invertidos reviertan en financiación a pymes y autónomos para la inversión productiva y la creación de empleo.-Una Ley de emergencia financiera que obligue a la banca española a renunciar, durante los 3 años en los que el BCE les ha concedido préstamos al 1%, a no cobrar más de un 1,5% de intereses por la deuda pública nacional. El dinero ahorrado en el pago de intereses, dedicado a la inversión pública para la creación de puestos de trabajo productivos y de utilidad social.-Salario mínimo de 1.000 euros para fortalecer el consumo y dinamizar el mercado interno, única base desde la que es posible la reactivación de las ventas e ingresos de pymes y autónomos que representan el 90% del empleo en nuestro país. Estableciendo, al mismo tiempo, un salario máximo para altos funcionarios, ejecutivos y consejeros de bancos y grandes empresas.
3.- Reformas democráticas que permitan una mayor participación, control y capacidad de decisión a los ciudadanos sobre los asuntos públicos