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Las movilizaciones populares, encabezadas por la lucha de los estudiantes contra una educación elitista heredada de la dictadura, han propiciado un «giro a la izquierda» en Chile. Cristalizado en el arrollador triunfo electoral de la Nueva Mayoría, comandada por la socialista Michelle Bachelet y en la que se ha integrado por primera vez el Partido Comunista. Pero esta oportunidad no está exenta de riesgos y trampas. Algunas voces ya apuntan a que el papel del gobierno de Bachelet es en realidad el de «reconducir» la indignación de los chilenos, evitando que desborde los límites permitidos por EEUU y la oligarquía chilena.
La oportunidad
La victoria de Michelle Bachelet en las presidenciales chilenas ha sido arrolladora. En la segunda vuelta ha conquistado el 62,16% de los votos, casi el doble que su oponente, Evelyn Matthei, hija de un miembro de la Junta Militar durante la dictadura y representante de la derecha más reaccionaria.
Michelle Bachelet se presentaba como candidata de la Nueva Mayoría, producto de la convergencia entre la Concertación –coalición que engloba desde la Democracia Cristiana al Partido Socialista- y la coalición de izquierdas Juntos Podemos, liderada por el Partido Comunista Chileno y la Izquierda Ciudadana. «Este “giro a la izquierda” sólo puede entenderse como una “réplica” del terremoto político originado por las movilizaciones populares a partir de 2011»
Con el apoyo del Partido Socialista, el Partido por la Democracia y el Movimiento Amplio Social, pero también del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana, Michelle Bachelet presentó el pasado junio su candidatura a las primaras de la Nueva Mayoría. Arrasando, con el 73,06% de los votos a los candidatos democristianos, que apenas alcanzaron el 5%.
Este “giro a la izquierda” sólo puede entenderse como una “réplica” del terremoto político originado por las movilizaciones populares a partir de 2011.
Entonces, las masivas manifestaciones estudiantiles, las movilizaciones más importantes de desde el retorno de la democracia, marcaron un antes y un después.
Los estudiantes no solo se rebelaron contra una educación elitista y antipopular, diseñada por la dictadura pinochetista y que los sucesivos “gobiernos democráticos” no se atrevieron a modificar. Sino que demandaban un cambio político y económico global. Exigiendo una reforma profunda de la actual Constitución, que data de 1980, bajo la batuta de Pinochet. Y reclamando la renacionalización del cobre, una de las mayores riquezas nacionales, ahora entregada a los grandes monopolios extranjeros.
La lucha de los estudiantes pronto contó con la solidaridad de los sindicatos y organizaciones obreras. Y conquistó el apoyo de más del 70% de los chilenos.
Sacó a la luz la indignación social mayoritaria, desplomó los índices de popularidad del presidente, obligándole a un cambio de gobierno.
La extensión y radicalización de las movilizaciones ha obligado a moverse también a la actual presidenta. El pasado 8 de abril, Michelle Bachelet anunciaba “la inviabilidad de otorgar gratuidad a la educación”. Pero tras las masivas manifestaciones de mediados de abril, tuvo que rectificar y anunciar como un punto estrella de su programa “el fin al lucro en la educación y la gratuidad de la enseñanza”.
En su campaña electoral, Bachelet ha solicitado “el apoyo de todos los que participaron en las manifestaciones para convertir sus demandas en realidad”. Por eso ha arrasado en las elecciones.
Ha sido la movilización popular la que ha obligado a Bachelet a presentar como “marca electoral” tres grandes promesas.
Primero, una nueva Constitución, que sustituya a la carta magna actual, elaborada en 1980 durante la dictadura de Pinochet. Apenas se ha retocado desde entonces. Únicamente se eliminaron, en 2005, los artículos que otorgaban una autonomía al ejército imposible de mantener. Pero el marco político general sigue siendo el mismo que durante la dictadura.
En segundo lugar, la promesa de instaurar, en el plazo máximo de seis años, la gratuidad en la enseñanza, principal reivindicación del movimiento estudiantil.
Y en tercer lugar, una reforma tributaria que aumente los impuestos que pagan bancos, monopolios y grandes empresas, financiando con ello el aumento de la inversión pública en educación y gastos sociales.
Las trampas
Sin embargo, “no todo el monte es orégano” en Chile. La escandalosa abstención –del 58,1%- en las presidenciales que otorgaron la victoria a Bachelet evidencia que hay un problema, y grave.
Según la encuesta Biobarómetro, elaborada tras las elecciones, el 58,4% de los chilenos considera que Bachelet incumplirá sus promesas de campaña. Sólo el 31,6% confía en que los cumplirá.
En concreto, el 55,8% es escéptico respecto a que el próximo gobierno mejorará los niveles de satisfacción con la salud pública. El 64% considera que el próximo gobierno no solucionará las demandas de los estudiantes. Y el 74% no piensa que se convocará a una Asamblea Constituyente.
Llueve sobre mojado. Michelle Bachelet no es una advenediza. Fue presidenta de Chile entre 2006 y 2010, y entonces no aplicó ninguna de las medidas que hoy promete.
¿Por qué ahora sí y antes no?
El 5 de agosto de 2011, en plena efervescencia de las movilizaciones populares, Ricardo Lagos, ex presidente chileno por parte del Partido Socialista, convocó a los principales líderes de la Concertación para “analizar el cuadro político y hacer frente al temor de un desfonde de la política”. «Chile es una de las “plazas fuertes” de EEUU en el mundo hispano. Que actúa como un “dique de contención” yanqui al ascenso del frente antihegemonista en todo el continente»
Patricio Walker, dirigente de la Democracia Cristiana, fue más explícito, al afirmar que “la mejor manera de hacernos cargo de la crisis política y social que enfrentamos, evitando el surgimiento de una democracia populista o delegativa al estilo Chávez, es estar dispuestos a construir un nuevo pacto social y político”.
En un momento de fortalecimiento de las movilizaciones populares, lo más importante para la clase dominante local, y sobre todo para EEUU, es que no desborden los límites que consideran aceptables.
Un nuevo gobierno de la derecha pinochetista conduciría inevitablemente a una radicalización de las luchas. Pero un gobierno “progresista”, comandado por una Michelle Bachelet que ya demostró en su anterior etapa presidencial que nunca se enfrentaría a los mandatos de Washington, puede funcionar como un “dique de contención” de la marea popular.
Sectores cualitativos de la oligarquía chilena así lo entendieron. Por eso algunos, como Jorge Award, presidente de la Asociación Nacional de Bancos, han aportado importantes sumas de dinero para financiar la campaña de Bachelet.
Y, sobre todo, así lo entiende EEUU. Desde el Wall Street Journal a los servicios de estudios de grandes bancos estadounidenses como JP Morgan, han celebrado el triunfo de Bachelet.
La clave la proporciona el banco alemán Deutsche Bank, cuando afirma que con el gobierno de Bachelet “es muy probable que los beneficios económicos y sociales de una mayor cohesión social y mayor inversión en educación superior excedan los costos que le puedan ocasionar a los empresarios”.
Lo que viene a decir Washington es que, puesto que si la indignación popular nos obliga a movernos, mejor un “cambio controlado” que una “explosión incontrolada”.
Este es el papel que debería cumplir el próximo gobierno de Bachelet. Desactivar la “bomba de relojería” de la indignación social. Evitando que en Chile pueda ocurrir un proceso similar al que han vivido Venezuela, Argentina, Bolivia o Ecuador.
Y esta no es una cuestión baladí. Chile es una de las “plazas fuertes” de EEUU en el mundo hispano. Que actúa como un “dique de contención” yanqui al ascenso del frente antihegemonista en todo el continente.
Esta es la batalla que se avecina. Y no solo EEUU tiene cartas en esta jugada.
El gobierno de Bachelet se ha visto obligado a aceptar algunas de las reivindicaciones populares más sentidas para ganar las elecciones. Pero su satisfacción plena choca con los intereses norteamericanos y de la oligarquía chilena.
Bachelet ya ha anunciado que no tiene intención de convocar una Asamblea Constituyente. Sino que prefiere que el cambio de la carta magna se elabore en el parlamento, donde se puede “consensuar” entre las élites políticas una reforma descafeinada.
Y los proyectos de reforma tributaria o educativa están ya preparados por un selecto grupo de “especialistas”, para “suavizarlas” o “desnaturalizarlas”.
El nuevo marco político genera mejores condiciones para el desarrollo de las luchas populares. Pero que las demandas mayoritarias se hagan realidad dependerá, en primer lugar, de la fortaleza de la movilización popular.
En el plano internacional, quizás lo más importante del nuevo gobierno de Bachelet es que, debido precisamente a que ha tenido que basar su triunfo en una amplia coalición con sectores de la izquierda, no le será tan fácil como en su anterior etapa de gobierno mantener una actitud tibia y distante hacia los procesos de unidad e integración que se están desarrollando aceleradamente en el continente iberoamericano. Lo que posiblemente sea la mejor noticia que nos dejan los resultados de las elecciones chilenas.