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El Estado sionista de Israel ha cruzado una nueva línea roja en su larga ristra de atrocidades contra el pueblo palestino, un nuevo hito en su apartheid racista y supremacista. Ni siquiera la Sudáfrica de la segregación racial llegó a incluir en su código penal una pena de muerte específica para los negros.
Además del endurecimiento de las brutales condiciones -incluidas torturas y largas estancias sin proceso judicial- que sufren los presos en las tenebrosas cárceles de Israel, a partir de ahora, un delito que para un hebreo supondría una sentencia de cárcel se podrá castigar con la pena capital… si quien lo comete es palestino.
Una medida abiertamente fascista que fue festejada con champán por sus promotores, el ala más ultra del gobierno de Netanyahu, especialmente su ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir.
Por 62 votos a favor y 48 en contra y a instancias del gobierno de Netanyahu, la Knesset (el parlamento israelí) ha aprobado un proyecto de ley que establece la pena de muerte para los palestinos condenados por ataques letales clasificados como “terrorismo”.
Según el texto, los tribunales militares recibirán instrucciones para aplicar la pena de muerte a los palestinos en la Cisjordania ocupada. La legislación no prevé la misma pena para los ciudadanos israelíes, incluidos los judíos, acusados de delitos similares, lo que, según expertos y organizaciones, pone de manifiesto su carácter discriminatorio. La ley también permite la imposición de la pena de muerte por mayoría simple de jueces, elimina la posibilidad de conmutación de la pena y prevé las ejecuciones por ahorcamiento dentro de los 90 días posteriores a la sentencia definitiva.
Tanto la ONU como organizaciones de derechos humanos, ha declarado esta ley contraria a los derechos humanos, así como discriminatoria por aplicar la pena máxima de forma selectiva. Además, los expertos de Naciones Unidas han señalado que Israel carece de autoridad legal para legislar sobre Cisjordania, un territorio ocupado según el derecho internacional. Aplicar la ley en estas zonas podría constituir una violación directa de las normas que rigen las ocupaciones militares. En la misma línea, la Autoridad Palestina ha calificado la medida de «crimen de guerra» y ha afirmado que viola el Cuarto Convenio de Ginebra, que establece garantías para las poblaciones bajo ocupación.
Organizaciones palestinas como Al-Haq y Addameer , una de las organizaciones de derechos humanos más respetadas en la defensa de los presos políticos palestinos, han alertado que la medida podría resultar en ejecuciones masivas, incluso de niños, y forma parte de un sistema más amplio de apartheid y persecución. Estas organizaciones han asegurado que la ley viola tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que restringe la aplicación de la pena de muerte a casos excepcionales y exige estrictas garantías de un juicio justo. En el caso palestino, subrayan, los juicios se celebran en tribunales militares que no garantizan estos derechos.
Dentro de Israel, la izquierda pacifista y ONGs como B’Tselem se han opuesto radicalmente a esta ley engendrada desde la ultraderecha sionista que ahonda en el apartheid contra los palestinos. Denuncian que cerca del 96% de los palestinos juzgados en estos tribunales son condenados, a menudo basándose en confesiones obtenidas bajo coacción o tortura.
En la actualidad, hay más de 9.600 prisioneros y detenidos palestinos en las cárceles y centros de detención israelíes gestionados por el Servicio Penitenciario de Israel, entre ellos más de 350 niños y adolescentes. Todos ellos sometidos a abusos y torturas constantes, como pudieron constatar los miembros de la Global Summud Flotilla capturados hace unos meses por Israel y conducidos a algunas de estas cárceles.
Como mínimo más de un tercio, mas de 3.500 de ellos, están bajo detención administrativa, sin cargos formales ni juicio. Buena parte de ellos podrían ser ejecutados con la nueva ley aprobada por la Knesset.