Cargando...La advertencia del Poder Judicial a los jueces de que no pueden llevar adelante la huelga convocada para el 16-F, pone en primer plano un enfrentamiento corporativo entre dos aparatos del Estado. Un enfrentamiento que ensombrece el auténtico fondo que debería conducir la cuestión: la mejora de la justicia en España.
Los jueces exigen rincipalmente una nueva oficina judicial. Lo que supone un incremento de órganos judiciales y un reparto diferente del trabajo en los juzgados. La creación de 1.200 juzgados en cinco años para acabar con los atascos.Todos reclamos válidos, siempre y cuando se sometan al interés general: la necesaria mejora de la justicia en época de crisis.Para conseguir la acuciante mejora de la justicia que arrastra nuestro país existe una condición sine qua non (“condición sin la cual no”, imprescindible y esencial) y esta es la existencia de una justicia independiente de los poderes políticos.Condición que brilla por su ausencia en el farragoso enfrentamiento en el que están entrando el Poder Judicial y los jueces.Donde los intereses corporativos empiezan a ser los verdaderos protagonistas.Lo único que se ha cumplido del pacto PP PSOE para la Justicia es la renovación de dos órganos institucionales -Poder Judicial y Constitucional- repartiendo el Poder Judicial entre los dos partidos.El mismo Poder Judicial que anula hoy la huelga de los jueces.En “repartirse el pastel” gobierno y oposición se han dado mucha prisa, pero no en lo que atañe a los reclamos ciudadanos.Nuevamente, el problema no es sí es “legal” o no una huelga judicial, sino la justeza y validez de los reclamos de los jueces. Tampoco el problema puede ser aumentar los presupuestos y los juzgados sin una reestructuración profunda de la burocracia judicial que somete a los ciudadanos. Por ejemplo, una justicia única en toda España, no diecisiete.Los jueces tendrán que someter y ajustar sus reclamos a los intereses ciudadanos.Estamos de acuerdo en que hace falta una justicia eficaz y moderna. Eso sí, con el menor gasto posible en recursos económicos y humanos para que cumpla su papel. Sólo si las movilizaciones de los jueces buscan estos objetivos y no intereses corporativistas ajenos al interés general, contarán con el apoyo popular.