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La salida a bolsa de Bankia fue “una estafa colosal pero sin estafadores”. Esta definición del expresidente de la Comisión de control de La Caja de Canarias en una entrevista de radio, concentra el estupor mayoritario en este caso. Miles de personas estafadas a las que el banco está devolviendo el dinero tras sentencia del Tribunal Supremo; pero los 34 acusados salen absueltos de toda responsablidad por la Audiencia Nacional.
Según la propia Bankia ya han sido devueltos 1.900 millones a 225.000 inversores, cumpliendo con la Sentencia del Supremo, que establecía que los particulares que compraron acciones en la salida a Bolsa de Bankia no habían sido informados correctamente del riesgo.
La primera sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid afirmaba: «el folleto publicitó una situación de solvencia y de existencia de beneficios que resultaron no ser reales», siendo estos datos «esenciales para que el inversor pudiera adoptar su decisión». «La representación que se hace de los mismos es que va a ser accionista de una sociedad con claros e importantes beneficios; cuando realmente, estaba suscribiendo acciones de una sociedad con pérdidas multimillonarias», decía el fallo, que ordenaba a la entidad devolver a esos pequeños accionistas lo perdido.
Ante esto Bankia presentó recurso, y nuevamente el Tribunal Supremo confirmaba que el folleto de oferta de acciones «contenía información económica y financiera que poco tiempo después se revela gravemente inexacta por la propia reformulación de las cuentas por la entidad emisora y por su patente situación de falta de solvencia».
Que las cuentas presentadas en el momento de salir a Bolsa no eran reales lo reconoce incluso la Audiencia Nacional, y los propios directivos del Banco que las cambiaron meses después.
¿Cómo es posible entonces que no haya culpables?
Declaración de irresponsabilidad
La absolución se basa en dos puntos. Que la acusación no demuestra lo que cada uno de los 34 encausados hizo para poder concretar y particularizar la acusación, (entre todos la mataron y ella sola se murió, reza el dicho popular); y que otros supervisores estatales (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores…) validaron el folleto de salida a Bolsa.
El primer razonamiento es evidente que podría haberse resuelto con la culpabilidad de todo el Consejo de Administración, pues sus decisiones son colegiadas y eran conocedores del estado real de quiebra de la entidad. Quienes por cierto, recordemos que varios (Rodrigo Rato a la cabeza) habían sido ya condenados por la estafa de las tarjetas black (1), de las que dispusieron para endosar al banco gastos particulares sín límite.
La fiscal Anticorrupción denunciaba en el juicio que los responsables de Bankia usaron una “irregular y anómala operativa” para que las cuentas de las siete cajas que se habían fusionado el año anterior para crear la Bankia y su matriz, BFA, dieran un resultado con beneficios “ocultando la real situación de las entidades”. Los hechos le dan la razón: Las cuentas de 2011 presentadas para vender las acciones reflejaban beneficios de 309 millones de euros. Pero en mayo de 2012, tras la salida de Rato, solo 10 meses después aparecieron unas pérdidas de 2.979 millones, Bankia tuvo que ser rescatada y se tragó 22.424 millones de ayudas públicas.
La segunda escusa, es aún más sangrante, pues al comienzo del juicio los responsables de la supervisión bancaria también estaban acusados; pero el Tribunal decidió atender un recurso y apartarlos del caso. Los responsables del Banco de España, entre ellos el exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y de la CNMV llegaron a estar imputados en la causa durante la instrucción, pero las actuaciones contra ellos se archivaron en 2017. Ahora resulta que la sentencia afirma que sí eran los responsables últimos de dar validez al folleto de salida a Bolsa, pero como no fueron juzgados no se les puede condenar tampoco. Hecha la ley, hecha la trampa…
«Puedo ir más allá y decirles que se crearon ad hoc equipos de trabajo dentro del Banco de España como son los famosos Comités Técnicos Consultivos (CTC), en los cuales se estudiaba la forma de evitar la ley para sacar este tema adelante», explicaba el presidente de la Conferación Intersindical de Crédito en una entrevista.
Tan escandaloso es el caso que la magistrada Clara Bayarri emitió un voto particular para desmarcarse explicando que: «existen indicios múltiples, concurrentes y razonables de criminalidad», ya que dichos responsables «avalaron y propiciaron con pleno conocimiento la falsedad contable más que detectada previamente a la salida a bolsa de Bankia, a sabiendas del grave perjuicio que con ello se iba a causar a los inversionistas».
Un país entero
Hay en este caso unas víctimas a resarcir, los miles de ahorradores que compraron acciones y a los que se les ha ido devolviendo el dinero, aún quedan cientos por cobrar y como explicaba uno de ellos: «No hemos ganado todo. Yo con 36.000 euros, a lo mejor he recuperado 28.000 porque las abogadas cobran un porcentaje y el ministerio nos hace pagar por las plusvalías».
Y luego estamos todos los demás, porque el país entero fue estafado, llevando a la quiebra una Caja de Ahorros que tuvo que ser rescatada con dinero público, arruinando un instrumento financiero de primer orden, que entonces poseía la mayor cartera industrial de España.
(1)
En octubre de 2014 se hizo público que, entre 2003 y 2012, los consejeros y altos directivos de Caja Madrid y de Bankia dispusieron de tarjetas de crédito de empresa. Las tarjetas se las entregaron al margen de sus sueldos y de los gastos de representación y con ellas se pagaron restaurantes, viajes, ropa, compras, retiradas de dinero en efectivo, etc.