Cargando...LA FAMILIA del ex presidente catalán Jordi Pujol ha decidido pasar al contraataque y ensombrecer la investigación sobre las fechorías de las que se valió durante más de dos décadas al frente de la Generalitat para amasar y ocultar una fortuna en paraísos fiscales. Según ha publicado la prensa catalana, los abogados del clan preparan acciones judiciales para averiguar si los dos bancos andorranos donde depositaron parte del dinero evadido filtraron a la Policía información sobre sus cuentas sin previamente existir un requerimiento oficial de la Justicia o del Ministerio de Hacienda.
A expensas de que los Pujol concreten sus actuaciones, probablemente a final de este mes, nos encontramos ante una calculada maniobra en tres direcciones. Por un lado, los Pujol intentarían tomar la iniciativa para conocer al máximo los detalles de la investigación judicial y de las pesquisas de la Udef sobre su patrimonio. Por otro, al amagar con un posible juicio por vulneración del secreto bancario, la familia Pujol intentaría disuadir a los bancos de colaborar con la Justicia y el fisco españoles. Finalmente, el ex presidente de la Generalitat pretende crear el clima propicio para, una vez más, presentarse ante su partido y los catalanes como víctima de un proceso de origen estrictamente político. Esta estrategia puede resultar contradictoria con la confesión del propio Pujol, quien trató de circunscribir al ámbito privado sus 34 años de trayectoria como defraudador fiscal. Pero no hay que olvidar que el victimismo ha sido siempre el parapeto utilizado por el ex presidente catalán cuando han estallado escándalos ligados a su gestión o a las lucrativas actividades de su familia.
Con el anuncio de acciones judiciales, la familia Pujol alimenta de hecho la tesis de que o los bancos o un ex trabajador enfadado dieron información sobre sus cuentas a la Policía, bien por presiones o bien a cambio de dinero, lo que situaría el origen de toda la investigación en las cloacas del Estado.
Los Pujol tienen perfecto derecho a que se investigue, si existen indicios suficientes, una posible filtración sobre su fortuna evadida, e incluso la pulcritud de la actuación de la Policía. Pero en ningún caso esta legitimidad blanqueará su capital en Andorra; qué decir del dinero escondido en Liechtenstein, Suiza o Panamá. Ni mucho menos les librará de rendir cuentas ante la Justicia, y también ante la opinión pública, sobre el origen de su desproporcionado enriquecimiento.
Que esta calculada maniobra se haya producido después de la no menos premeditada autoinculpación del ex president, o de la igualmente deliberada despedida del Parlament de su hijo Oriol -imputado en el caso ITV- demuestra que, acorralada por la Justicia, la familia Pujol se mueve más por tacticismo que por arrepentimiento, o por vergüenza. En cualquier caso, no sería la primera vez que los Pujol contraatacan con denuncias. Ya lo hicieron contra EL MUNDO cuando destapó este caso y el juez las archivó.
El problema de los Pujol no radica en que se haya producido o no una filtración sobre una parte de su dinero en paraísos fiscales. Tampoco en los procedimientos de la Policía. El problema es que no pueden justificar su patrimonio y que existen muchos indicios que demostrarían que el origen de esta fortuna evadida está en el cobro sistemático de comisiones ilegales por adjudicaciones públicas y en el trato de favor que recibieron las empresas del clan durante los años en que el patriarca fue presidente.