Han sido rescatadas con nuestro dinero

Una banca pública para la reindustrialización del paí­s

Según todas las encuestas disponibles, más del 80% de los españoles estarí­a de acuerdo con exigir que la banca devolviera todo el dinero público invertido en el rescate de las cajas y bancos quebrados. Una cantidad que “pese a la opacidad con que han envuelto este asunto desde los gobiernos de Zapatero y Rajoy hasta el Banco de España, pasando por Bruselas” economistas y expertos cifran en más de 200.000 millones de euros entre inyecciones directas de liquidez, compra de acciones, avales y garantí­as de todo tipo.

Todo el mundo coincide en que el principal problema de la sociedad española es el paro, seguido, muy de lejos, por la corrupción. Oímos sin embargo hablar todos los días de la corrupción, pero nadie presenta un plan creíble para acabar con el paro que no sea aumentar todavía más la precariedad y los salarios basura de 300 o 600 euros que las dos últimas reformas laborales de Zapatero y Rajoy han extendido como una mancha de aceite. ¿Por qué no se habla de esto, por qué ningún programa lo trata con el necesario rigor y seriedad que un asunto así exige?

La explicación es porque no es posible acabar con el paro ni revertir el camino a la ruina hacia el que están conduciendo al país sin una activa política de reindustrialización, de modernización del tejido productivo, de recuperación de las industrias estratégicas entregadas y malvendidas al capital nacional o extranjero y de creación de nuevos sectores industriales y estratégicos que hagan a nuestra economía dinámica, eficiente, competitiva y con un alto valor añadido.

“No se puede cambiar el modelo de desarrollo de la economía española sin tocar los intereses de la minoría oligárquica”

Lo que implica una reorientación completa del modelo de desarrollo seguido por la economía del país en las últimas décadas. Modelo que genera enormes beneficios para un pequeño puñado de bancos y monopolios y para el capital extranjero, pero que supone empobrecimiento para la mayoría y ruina creciente para la nación. Como dice el ingenio popular, “no se puede hacer una tortilla sin romper huevos”. De la misma forma, no se puede cambiar el modelo de desarrollo de la economía española sin tocar los intereses de la minoría oligárquica, de los grandes grupos financieros -tanto nacionales como extranjeros- que dominan y se benefician en exclusiva de este modelo.

Crear una gran banca pública

Los grandes recursos que una política así necesita exige, en primer lugar, dotarse de ellos, creando mediante los bancos y cajas rescatadas con dinero de todos, una banca pública que se convierta en uno de los grandes motores de la inversión productiva.

En la actualidad, el Estado es el accionista mayoritario -con más de un 65% de propiedad de las acciones- de dos cajas rescatadas, Bankia y Banco Mare Nostrum. Entre ambos suman unos depósitos de 144.622 millones de euros. Y unos activos financieros conjuntos por valor de 297.585 millones, según datos a finales de junio de 2015 de la Asociación Española Bancaria y el Banco de España.

La fusión de ambas entidades en un único banco de propiedad estatal se convertiría en la cuarta mayor entidad financiera del país, sólo por detrás de Banco Santander, BBVA y Caixabank, y muy por delante de Banco Sabadell o Popular.

Crear este gran banco estatal significa disponer de un potentísimo brazo financiero público capaz de jugar un papel de primer orden en el desarrollo y la orientación de la economía española.

En primer lugar, porque el gobierno tendría la capacidad de dirigir todos sus enormes recursos financieros hacia las necesidades del país. Al contrario de lo que ocurre ahora, donde los principales bancos actúan de acuerdo exclusivamente a sus intereses, perjudicando gravemente los intereses nacionales. Sólo basta recordar cómo desde el estallido de la crisis los grandes bancos españoles han estado recibiendo dinero prácticamente gratis del Banco Central Europeo, al 0,5, al 0,25 o al 0,05% de intereses, destinando una gran parte de esos recursos a comprar deuda pública española por la que han estado cobrando intereses del 3, el 5 o el 7%.

“A diferencia de otras alternativas, el programa de Recortes Cero apuesta decididamente por la creación de una gran banca pública”

Un negocio altamente rentable para su cuenta de resultados, pero enormemente perjudicial para el país. Perjudicial, primero, porque en todo este tiempo, y todavía en la actualidad, la banca española ha participado en el “juego sucio” de las grandes agencias de calificación para mantener artificialmente alta la prima de riesgo de forma que se incrementaran los intereses de la deuda pública que pagamos el resto de la población. Y también porque todo ese dinero procedente del BCE dirigido a la banca privada -que en la actualidad se cifra en 175.000 millones de euros, pero que en los momentos más álgidos de la crisis ha llegado a alcanzar los 350.000 millones de euros- y que en teoría debía ir destinado a reactivar la economía productiva facilitando el crédito a pymes y autónomos ha sido redirigido al movimiento especulativo del mercado de la deuda pública.

En segundo lugar, porque disponer de un poderoso brazo financiero público supone la posibilidad de obligar al resto del sector financiero a seguir su senda. Veamos un ejemplo sencillo. Si un gran banco público que, como los demás bancos, recibe dinero del Banco Central Europeo al 0,05% de intereses concede créditos a pymes para invertir o a familias para consumir al 1,5% -y aun así obtiene un margen de ganancia del 1,45%-, el resto de la banca privada necesariamente ha de rebajar los tipos de interés al que presta a sus clientes. De lo contrario los perderá rápidamente.

Un gran banco público sin ánimo de lucro, orientado hacia las necesidades del país es un factor de competencia con el sector privado de la banca que limitaría en gran medida sus conocidos excesos. Los Botín y compañía pueden intentan ignorarlo y seguir ofreciendo créditos a la inversión con intereses usurarios del 7, el 12 o el 16%, como ocurre ahora. Pero si enfrente tienen un banco público que ofrece ese mismo crédito pero a un interés del 1,5 o el 2%, ¿a dónde creen ustedes que se dirigirán los clientes?

Lo mismo ocurre con la deuda pública. Si el nuevo banco público compra deuda al Estado al 1% de intereses (y aun así ganaría un margen del 0,95%), el negocio de los grandes bancos nacionales y extranjeros especulando a través de las agencias de calificación contra la deuda pública se vendría inmediatamente abajo.

La falacia que han utilizado estos años los gobiernos de Zapatero y Rajoy para justificar el auténtico robo cometido hasta ahora con el rescate bancario, es hablar de las pérdidas de los bancos y cajas rescatadas, pero no del enorme volumen de depósitos y de activos financieros de los que disponen. Y una vez que el Estado ha cubierto sus pérdidas y reparado sus agujeros financieros a costa del dinero de todos los españoles, entregar todo ese enorme volumen de capitales a la oligarquía bancaria por un precio de risa.

Esto es lo que tienen que cambiar. Hasta ahora, entidades como CAM, Unnim o Banco de Valencia han sido regalados al Banco de Sabadell, el BBVA y La Caixa por 1 euro. Bankia y Mare Nostrum deben permanecer como bancos de titularidad estatal y convertirse en el embrión de un gran banco público.

Banca pública y reindustrialización

La creación de un gran banco público no es sólo una cuestión de justicia, dado que han sido recatados con nuestro dinero y nos pertenecen. Sino que, sobre todo, hace referencia a qué proyecto de país, qué destino y qué papel queremos que juegue España en un mundo y un mercado cada vez más globalizado e interdependiente.

Necesitamos y queremos una gran banca pública para reactivar el crédito destinado a la inversión y el consumo, para invertir en industrias y sectores estratégicos de la economía que acaben con la dependencia del ladrillo y el turismo, para multiplicar la inversión en I+D+i y modernizar el conjunto del tejido productivo, para crear millones de puestos de trabajo productivos y de utilidad social.

Por señalar sólo algunas de las potencialidades que encierra disponer de unos recursos financieros públicos de tanta potencia, una banca pública de este tipo puede jugar un papel fundamental en el cambio de modelo productivo de la economía española, favoreciendo la inversión en sectores como la industria agroalimentaria, las energías renovables, la construcción de material ferroviario, la construcción y reparación naval,…

Una banca pública que impulse la constitución de sociedades mixtas de financiación público-privadas que se pongan al servicio de crear un nuevo y amplio tejido productivo basado en innovadoras y competitivas empresas de base tecnológica: tecnologías de la información y las comunicaciones, servicios informáticos avanzados, microelectrónica, biotecnología, nuevos materiales, farmacéutica, electrónica, nuevas energías, nanotecnologia, automatización industrial, aeronáutica-aeroespacial, fotónica u optoelectrónica.

Sectores que precisan de una alta inyección de capital, dado el gran peso que tienen en ellos los componentes de alta tecnología; que no ofrecen unos resultados fáciles o inmediatos como ocurre con la construcción y otros sectores dados a la especulación y la creación de burbujas, pero que en el medio y largo plazo constituyen la base más sólida para el desarrollo de cualquier economía, basada en la innovación tecnológica, una alta competitividad y sectores industriales de alto valor añadido.

Cae de su peso que una orientación de este tipo, y con estos instrumentos financieros, es una herramienta de primer orden no sólo para reducir rápida y masivamente el paro, sino para crear empleos productivos sostenibles y de calidad.

“¿Alemania sí puede mantener la mitad de su sistema financiero en manos públicas y nosotros no?”

Por eso, a diferencia de las alternativas que defienden otras fuerzas de izquierdas como Podemos o IU, el programa de Recortes Cero apuesta decididamente por la creación de una gran banca pública. Que no tiene nada que ver, como plantean esos otros programas, con la ampliación de las funciones del ICO o la creación de cooperativas financieras de cercanía, centrales de depósitos, cajas o cooperativas de ahorros y crédito vinculadas a corporaciones y colegios profesionales, universidades, barrios y otros grupos de población. Esto no tiene nada que ver con una banca pública lanzada a competir y a disputar el control de al menos una parte del sistema financiero a la gran oligarquía bancaria del país. Es, sencillamente, conformarse con que banqueros y oligarcas nos dejen explotar los pequeños nichos de negocio que para sus intereses no resultan rentables.

¿Ellos sí y nosotros no?

Hay quien, influido por los climas de opinión creados por los grandes medios de comunicación, cree que la alternativa de una banca pública así es inviable por la sencilla razón de que la UE no lo permite. La realidad nos muestra justamente lo contrario.

Y nos la muestra precisamente en lo que hoy constituye el centro de poder financiero de la eurozona, Alemania.

Allí, la mitad del sistema financiero está formado por las cajas de ahorro regionales, entidades de titularidad predominantemente pública en manos de los gobiernos de los länder (regiones alemanas) y que provienen de la época de Bisckmark, cuando Alemania dio el gran salto hacia la industrialización y se convirtió, junto a EEUU y Japón, en una de las tres nuevas grandes potencias industriales del mundo.

El papel de la cajas de ahorro alemanas en la financiación de su sistema productivo es vital. De ellas depende el amplísimo sector de pequeñas y medianas empresas exportadoras que inundan el mercado mundial con productos de alta gama tecnológica en multitud de ramas con el sello de calidad del “made in Germany”.

Una de las grandes bases de la acumulación de capital de la burguesía monopolista alemana reside justamente en ese amplísimo entramado de pymes que forman de conjunto un sólido tejido productivo exportador. Y cuyo sostén financiero está en el sistema de bancos públicos regionales.

Hasta tal punto es vital este sector para la oligarquía financiera alemana, que en la negociaciones para la creación de la unión bancaria, Alemania ha prohibido taxativamente que ningún organismo europeo, ni siquiera el propio Banco Central Europeo, pueda auditar, fiscalizar o dictar normas a su sistema de cajas regionales. Lo que allí ocurre es de competencia exclusiva del gobierno central y los regionales. Ellos son los que deciden la política financiera e industrial que siguen. Si una de las condiciones del memorándum impuesto por el rescate del sistema financiero español exigía la venta de todas las participaciones industriales de las antiguas cajas, vendidas hoy mayoritariamente a precio de saldo al capital extranjero, exactamente lo contrario ocurre con las cajas alemanas.

¿Ellos sí pueden mantener la mitad de su sistema financiero en manos públicas y nosotros no? ¿Quién ha dicho eso? Únicamente la servil actitud de unos gobiernos y una clase dominante española sumisos que han renunciado a cualquier tipo de proyecto nacional a cambio de que sus socios europeos les dejen participar en una parte del pastel. La voluntad y la fuerza política es el único lenguaje que se entiende en la UE.

Banca pública, democrática y transparente

Por supuesto, y dada la corrupción, el latrocinio y la desvergüenza que han imperado en las últimas décadas en las cajas de nuestro país, el nuevo banco público debe nacer bajo unas estrictas normas de transparencia, auditoría, control y fiscalización de la gestión de esos recursos públicos.

Una banca pública en cuyo consejo de administración debe participar activamente una representación de los depositantes, auténticos dueños de la entidad y sis cuyos ahorros no existiría. De la misma forma que se deben crear organismos externos al propio banco, formados por expertos independientes y de probada trayectoria, que auditen y fiscalicen de forma periódica sus cuentas. Y ante los que los órganos directivos del banco estén obligados a facilitar de forma transparente todas las cuentas de resultados de sus operaciones bancarias. Órganos directivos, también, que tengan que responder semestral o anualmente ante el parlamento de su gestión, pudiendo ser revocados por una mayoría cualificada de parlamentarios. Una reglamentación y unas normas tan estrictas como exhaustivas que impidan que, nunca más, se repita el despilfarro, la corrupción y el robo que ha imperado todos estos años en las cajas de ahorro, entidades de carácter público y teóricamente sin ánimo de lucro.

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