Una aproximación a los problemas de la universidad

La enseñanza universitaria está dirigida por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que entró en vigor el pasado año. Tenía como objetivo principal acabar con la precariedad y mejorar el sistema universitario o la inversión del 1% del PIB en 2030, para revertir los efectos de los recortes.

Un año después, ¿en qué estado está la universidad? Hay tres aspectos que siguen teniendo profundas problemáticas: la financiación universitaria, las condiciones docentes y el acceso de los estudiantes.

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La universidad está infrafinanciada y no se ha recuperado la inversión perdida durante los años de recortes.

El duro golpe de la crisis de 2008 ha tenido consecuencias que permanecen en la actualidad. La LOSU planteó como uno de sus principales objetivos resolver este problema, pero hasta el momento no ha variado. También hay diferencias abismales en la financiación de las diferentes autonomías, separando el territorio en Comunidades “de primera y de segunda”.

La crisis económica dejó una universidad sometida a recortes inéditos, que seguimos sufriendo hoy. En una década, entre 2008 y 2020 –ya con el gobierno de progreso–, los fondos públicos de las universidades españolas perdieron más del 20% de su financiación, según la Asociación de Universidades Europeas (EUA), que describe el sistema universitario español como “en declive y bajo presión”.

Nuestra educación universitaria sigue siendo una de las más precarias de Europa. Un reciente estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), a encargo del Ministro de Universidades Joan Subirats, señala que se necesita aumentar un 15% la inversión anual, 3.100 millones extra. Y alcanzar al menos un 1% del PIB en 2030, para “recuperar niveles de financiación adecuados”, principal objetivo que estableció la LOSU, que aún no se ha hecho efectivo.

Francia, por ejemplo, tiene planificado invertir 77.000 millones de euros en 15 años, dos mil millones más anualmente de lo que invertiría España.

Un año después, las mejoras de la LOSU son insuficientes y no recuperan las pérdidas de los recortes.

Existe una evidente problemática con la inversión general en la universidad, pero también desde las Comunidades Autónomas. El 67% de la financiación universitaria proviene de los fondos autonómicos. El porcentaje más alto está en La Rioja, Canarias o País Vasco, donde el Gobierno planea invertir en innovación y desarrollo el 3% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2030, frente al 1,41% del PIB del conjunto del país. Y el más bajo en Cataluña y Madrid, que siendo la primera provincia en PIB per cápita perdió el 15% de la inversión entre el 2009 y 2019, como afirma la Fundación Conocimiento y Desarrollo.

“La ausencia de un modelo estatal de financiación universitaria conduce a importantes diferencias entre las comunidades”, afirmó Amaya Mendikoetxea, rectora de la Autónoma de Madrid y vocal de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Aclarando que las diferencias “dependen de las políticas de cada comunidad”.

Se están planteando mejoras sustanciales en la educación universitaria, pero aún muy insuficientes, que no alcanzan los niveles previos a los recortes ni garantizan su recuperación. Además, hay una doble velocidad en su desarrollo, en función del lugar territorial. Tanto el gobierno estatal y los autonómicos, actuales y próximos, han de hacerse responsables de este problema estructural, que ha sacudido la educación durante más de una década.

La precarización del profesorado.

El uso fraudulento de figuras contractuales, con un 40% de la plantilla como “profesores asociados”, cobrando menos de 500 euros al mes, sin derecho a complementos, dando más horas de clase que los de contrato indefinido.

La LOSU se comprometió a convertir estos 25.000 docentes en profesores con contrato indefinido y a reducir la temporalidad al 8%. Irregularidad que los Tribunales ya reconocían a los profesores asociados, que reclamaban los derechos establecidos por el Estatuto de los Trabajadores.

Un 40% de la plantilla docente universitaria son «profesores asociados». Cobran menos de 500 euros al mes.

Es urgente y necesaria la inversión en la docencia, pero no hay ninguna medida concreta de aumento presupuestario, cada universidad debe hacerse cargo con sus propios fondos. Carmen Pérez Esparrells, profesora del departamento de Economía y Hacienda en la UAM esclarece como “Las diferencias vuelven a ser notables: en la Universidad del País Vasco el personal supone el 80,3% del gasto, y en la Pompeu Fabra, el porcentaje es del 57%”

La selectividad económica aumenta en los últimos años.

Perjudicando especialmente a los alumnos de las clases populares en el acceso y permanencia en la universidad pública. Un obstáculo de largo recorrido que se ha agravado desde 2008.

Datos del Ministerio de Educación apuntan que desde el estallido de la crisis, las tasas universitarias han subido casi un 29%. En comparación con los salarios, el coste de estudiar una carrera es tres veces mayor al salario medio de los trabajadores. La LOSU establecía la medida del “tope a las tasas universitarias ”fijando un importe máximo a los precios universitarios para evitar las subidas, ¿pero no han subido ya lo suficiente? Lo imprescindible es reducirlas y permitir el acceso a todos los estudiantes, con independencia de su renta.

Además, el sistema de becas en España es ineficaz e insuficiente para hacer frente a los costes, pues la media generalizada de la cuantía de becas cubre aproximadamente un 25% del precio real de los estudios, dato que esclarece, entre otros, el estudio La política de becas y precios públicos en el sistema universitario español, ¿es realmente eficaz?, de las profesoras Mónica Martí y Carmen Ródenas, de la Universidad de Alicante, que afirman: “tal y como está diseñado ahora mismo, deja fuera de las ayudas máximas a familias que están por debajo del umbral de la pobreza”. De hecho, el 35% del alumnado no finaliza el grado por cuestiones económicas, según el informe U-Ranking de 2019.

Es preciso exigir un cambio profundo y radical en la estructura de la educación universitaria.