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Una ola de incendios ha roto todas las estadísticas en Europa y España. En lo que va de año, en Europa se han quemado más de 1 millón de hectáreas. En España, la mayor ola de incendios de los últimos 30 años ha arrasado más de 400.000 hectáreas, 350.000 solo en agosto. Es ya el año con más superficie quemada desde que hay registros, y aún quedan cuatro meses para que acabe este 2025.
El fuego ha provocado daños incalculables, devorando bosques, explotaciones agrícolas y ganaderas, industrias, viviendas, valiosos parajes naturales y cuantiosos daños personales.
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Los incendios han afectado a casi todas las comunidades autónomas, especialmente Galicia, Castilla y León, Extremadura, Asturias y Madrid…, arrasando toda la naturaleza a su paso, obligando a desalojar a más de 35.000 vecinos de sus viviendas en decenas de poblaciones, se ha llevado la vida de 8 personas, un número de heridos todavía por cuantificar y destruyendo el modo de vida muchas familias.
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La tormenta perfecta
Todos los implicados en la lucha contra los incendios, bomberos y brigadistas forestales, los alcaldes y la gente de los pueblos de las comarcas afectadas, los profesionales y científicos relacionados con el medioambiente… han radiografiado lo que está pasando.
Los incendios son ahora más violentos y más peligrosos, muy intensos y rápidos, incendian miles de hectáreas en pocas horas y alcanzan temperaturas muy elevadas, lo que dificulta enormemente las tareas de extinción.
Los incendios son así, más grandes, porque cada vez hay más biomasa en los bosques que puede arder. La despoblación en el medio rural, especialmente intensa en la llamada ‘España vaciada’, ha agudizado la falta de actividad relacionada con el medio, desde la labor en los montes con el uso de la madera hasta la desaparición de muchas explotaciones agrícolas y de ganadería extensiva. Esta falta de actividad permite la multiplicación incontrolada de matorrales, troncos secos, ramas y hojas caídos, tierra abonada para el fuego. Sobre todo si nadie gestiona y elimina el biocombustible que se genera.
En segundo lugar, estamos en un escenario de cambio climático, que provoca una meteorología más seca y calurosa, con tormentas de vientos secos que ya no duran unas horas sino mucho más y avivan los incendios. Como dice Fernando Valladares, biólogo y científico del CSIC, “sin el cambio climático no se puede explicar la extensión y virulencia de estos incendios…, la ola de incendios es producto de un cóctel de factores en el que la ola de calor ha resultado determinante para volver la situación incontrolable”. La subida de las temperaturas por efecto del cambio climático no es una opinión, es un hecho y así lo confirman los datos de la AEMET: en 2025 la temperatura media ha superado la media histórica y junio ha sido el más caluroso desde que hay registros.
Y hay un tercer factor que crea las condiciones de una ‘tormenta perfecta’ para el fuego. No es un factor natural, es el factor humano: no hay una gestión forestal efectiva del territorio que supla la falta de actividad en el medio rural, no se gestiona y elimina el exceso de biocombustible. Nadie limpia el monte. En definitiva no hay una política de prevención de incendios que haga los deberes en invierno y en los meses fuera de la temporada de verano. Faltan planes de prevención reales con medios y financiación suficientes. Y los que hay, en su inmensa mayoría, están marcados por los recortes y la precariedad.
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Una responsabilidad compartida
La ola de incendios han dañado 160.000 hectáreas de espacios naturales protegidos. Entre ellos el incendio de Yeres (León) ha arrasado parte del espacio natural de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad y corazón turístico de la comarca leonesa de El Bierzo.
Aunque la responsabilidad directa sobre la prevención y extinción de los incendios es de las comunidades autónomas, la mayoría gobernadas ahora por el PP, no hay un control estatal sobre los planes de prevención, los recursos y el dinero que se destina. Y cuando asistimos a una oleada como la de este agosto, que ha puesto en cuestión una situación de emergencia nacional, se hace más evidente que la responsabilidad es compartida. El Estado también debe jugar un papel fundamental como responsable de coordinar, apoyar y movilizar recursos para hacer frente a incendios de mayor envergadura o peligrosidad, a través de la UME, del Ministerio para la Transición Ecológica, del Programa Nacional de Preparación en Incendios Forestales, desde el Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales y la dirección general de Protección Civil y Empergencias.
El factor humano contribuye a crear condiciones de ‘tormenta perfecta” porque no hay una gestión forestal efectiva del territorio
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Los recortes en la prevención de incendios
Un informe hecho público por la Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO), elaborado con cifras oficiales facilitadas por los ministerios y las propias autonomías, pone de manifiesto que ‘la inversión pública -del Estado y las comunidades autónomas- en prevención de incendios se ha reducido a la mitad en los últimos 13 años.
Según este informela financiación conjunta del Estado y las autonomías para la inversión pública forestal ascendía en 2009 a unos 1.800 millones de euros y en 2022 a 1.295 euros, 502 euros menos trece años después. Los capítulos de los servicios de prevención y actividades que ayudan a impedir que el monte arda han sido los más afectados reduciéndose de 1.364 millones en 2009 a 878 millones en 2022.
La única partida que no se ha recortado en estos años es la destinada a apagar los incendios que se mantiene en poco más de 400 millones. Otro dislate porque el gasto real para apagarlos es muchísimo mayor.
Se estima que apagar un incendio cuesta unos 10.000 euros por hectárea, más de 4.000 millones el coste de apagar los incendios de este año. Eso sin contar las pérdidas económicas mucho mayores que ocasiona el fuego para reconstruir los daños y compensar las pérdidas a los afectados. El gobierno ya ha declarado más de 120 zonas catastróficas. Según un informe de la Unión Europea, el coste anual de los daños por incendios forestales en España podría superar los 70.000 millones de euros.
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Todos a una
Ha sido un clamor desde las zonas incendiadas la exigencia de unidad y coordinación de todas las administraciones para apagar los fuegos. Esta es ahora la tarea más urgente. Pero también la necesidad de trasladar esa unidad a las políticas y medidas que hay que poner en marcha para que esto no vuelva a repetirse, concentradas especialmente en la prevención.
Un clamor que choca con la polarización de la vida política, especialmente agudizada desde quienes colocan como su único objetivo minimizar la influencia y demandas del viento popular en la política del país acabando con el gobierno de coalición.
Sí, es necesario un Pacto de Estado, independientemente de quien lo proponga, porque las nuevas condiciones del cambio climático y sus consecuencias exigen ir todos a una para prevenir y afrontar las emergencias.
Un Pacto de Estado que no puede estar basado e impuesto por una mayoría de fuerzas políticas, sino basado en construir un amplio consenso social que implique al conjunto de las Administraciones -central, autonómicas y locales- e instituciones del Estado, partidos, sindicatos, empresas y organizaciones y movimientos de la sociedad civil, a economistas, científicos, ingenieros de montes y Universidades…
Reconociendo a la ciencia un papel central, porque no solo aporta conocimiento sobre las nuevas condiciones climáticas sino porque aporta soluciones y herramientas para combatir sus efectos
El incendio de 2019 en Tenerife quemó 15.000 hectáreas. Fue el peor de los incendios declarados ese año en España. Fruto de la experiencia de 8 grandes incendios sufridos en Canarias en los últimos 20 años, se aplica un Plan de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales que estudian equipos de la UME y otras comunidades…, con medidas como:
-Equipos de bomberos fijos contratados por la administración todo el año. -Implantación de quemas controladas en invierno. –Y el pastoreo remunerado para limpiar el monte.
Un acuerdo que no parta de cero, sino de estudiar las experiencias acumuladas en la lucha contra los incendios de ahora y anteriores, para hacer de la prevención un eje central de las medidas y hacer realidad que los ‘incendios se apagan en invierno’.
– Que acabe con los recortes, garantizando Planes de Prevención en todas las autonomías dotados de financiación y medios suficientes.
– Empezando por acabar con la precariedad y temporalidad de las brigadas y bomberos forestales, con contratos públicos indefinidos para trabajar todo el año en su formación, en el mantenimiento y prevención de incendios
Un pacto que haga del cuidado del monte una fuente de creación de riqueza y empleo en el mundo rural, explotando todas las posibilidades de aprovechamiento de la madera o integrando la ganadería extensiva como forma de limpieza del monte.
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