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Ni los intereses de los ciudadanos, sobre todo de las clases trabajadoras y sectores más castigados por la crisis. Ni el interés general del país, cada vez más hipotecado por una deuda exterior que crece al 20% anual y que en dos años puede llegar a alcanzar el 90% del PIB. Ni la solidaridad entre las diferentes comunidades autónomas. Ninguno de los intereses fundamentales se ha tenido en cuenta a la hora de negociar la financiación autonómica en medio de la mayor recesión económica del último siglo.
El titular del diario El País, róximo al Partido Socialista, lo dejaba bien claro: “El pacto de financiación alivia la soledad parlamentaria de Zapatero”. ¿Intereses electorales con la que está cayendo? Han sido, por una parte, los intereses electorales del PSOE respecto en sus dos principales graneros electorales (Cataluña y Andalucía, las autonomías más favorecidas) y del propio gobierno de Zapatero (pacificar el tripartito y contar con los votos de ERC en el Congreso) los que han determinado el nuevo modelo de financiación autonómica. Y, por otra, los intereses de las burguesías burocráticas, esa casta de políticos de todo tipo –socialistas, populares o nacionalistas- instalados en el poder de las autonomías para los que no parece existir ninguna crisis económica, sino el mantener el sistema de privilegios y derroche del que gozan vinculado, en el caso de los nacionalistas, a sus proyectos identitarios.De este juego de intereses sólo podía salir lo que ha salido: un nuevo modelo de financiación insolidario, no redistributivo de la riqueza generada en el conjunto de España y que al primar a las comunidades más ricas rompe el principio de cohesión nacional creando la “España de dos velocidades” y aumentando las desigualdades. Un traje a medida de 11.000 millones adicionales para las burguesías burocráticas.Perdemos los ciudadanos. Dice la vicepresidenta económica Elena Salgado que “todos ganan y nadie pierde” con el nuevo modelo. Pero bajo esas palabras se oculta otra realidad. El fondo adicional de 11.000 millones de euros –que se empezó por 7.000 y ha ido subiendo a medida que han aumentado las presiones de las burguesías burocráticas regionales y los nacionalistas- va a cuenta de ahondar el endeudamiento del Estado y, por lo tanto, el de todos nosotros como ciudadanos que tendremos que acabar pagando con nuestros impuestos, una carga mucho más pesada para las clases populares que ya hemos tenido un anticipo con las subidas de los impuestos de las gasolinas y el tabaco. Y como ciudadanos perdemos todos, catalanes, andaluces, gallegos, madrileños, castellanos o vascos.Además, nada garantiza que la lluvia de millones que van a recibir los gobiernos autonómicos se vayan a invertir en mejorar los servicios sociales básicos, sanidad o educación, como dice la ministra Salgado. No hay ninguna medida que lo garantice y obligue a los gobiernos regionales. Con este dinero pasa como con el de los planes de rescate que se les han entregado a la banca, no se han traducido en créditos para las pymes y familias.Si se quería que ese dinero repercutiera directamente en los servicios sociales ¿por qué no se establecen medidas que obliguen a los gobiernos autonómicos a hacerlo? No nos engañemos, es más dinero para el derroche de una casta en el poder regional que, en plena crisis, gasta sin medida en lujosas reformas de palacetes y despachos para la clase política, coches de alta gama, dietas y prebendas millonarias, o se gasta (como el gobierno catalán) 2,2 millones de euros en abrir embajadas en Paris, Londres o Nueva York, y 31 millones en informes para financiar “amiguetes” y consejeros.Una España de dos velocidades. “Todos ganan”, dice Salgado. Pero no todas las comunidades ganan por igual: las más ricas ganan más. Cataluña muy por encima del resto, superará el 105% de la media per cápita. De los 11.000 millones de los fondos adicionales recibirá unos 3.500 (3.850 según ERC), es decir un 33% del total cuando la población representa el 16% del total de España y el PIB catalán es el 18% del español. Otras de las comunidades más ricas beneficiadas por el nuevo modelo serán: Madrid, Valencia y Baleares. Otro fondo “de competitividad” beneficará a las comunidades con más “esfuerzo fiscal”, es decir a las más ricas. Unas comunidades que además se beneficiaran del aumento en la cesión de impuestos del Estado –al recaudar más recibirán más-. La cesión por los impuestos especiales pasa del 40% actual al 58%; el IVA y el IRPF del 33% al 50%. Son la España de primera velocidad que crece por encima de la media. Ellas más pero el Estado se queda con menos impuestos para poder ejercer una acción redistributiva.Entre las grandes beneficiadas, Andalucía es la gran excepción. Recibirá 3.133 millones adicionales, según su actual presidente, José Antonio Griñán; pero en este caso por su papel como principal granero de votos para el PSOE.Por otro lado las comunidades menos desarrolladas y con menor renta per cápita (Cantabria, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia…), una España de segunda velocidad que con el nuevo modelo se aleja de la convergencia con las regiones más ricas.Los dirigentes del PP, gritan, se oponen, pero “tragan”. Al final pueden más sus intereses como parte de la burguesía burocrática y se van con el dinero; “más vale coger algo” como dice su portavoz Cristóbal Montoro. La izquierda sindical y “unida” callan.Ante este auténtico atentado a los intereses nacionales y populares solo cabe el camino de la denuncia: es un modelo insolidario, antagónico con un sentido de redistribución de la riqueza creada en el conjunto del país con el esfuerzo de todos, y contrario a la cohesión nacional.Y el camino de la movilización para imponer otro modelo. Que parta, en tiempos de crisis, de un recorte del 20% en los gastos del Estado, innecesarios, suntuarios y derroche a todos los niveles, central y autonomías. Que congele el despilfarro en planes identitarios, prevaleciendo los intereses ciudadanos a los de las castas políticas en el poder. Y que de un tajo a los privilegios de la clase gobernante.