Cargando...
Javier Maestre es uno de los más destacados expertos en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías, y miembro de la Plataforma Red SOStenible en la que se agrupan profesionales de diferentes sectores en respuesta a la nueva ley del Gobierno sobre las descargas en Internet. Un atentado contra la libertad de expresión.
La nueva ley del Gobierno ara las descargas en Internet ha desencadenado todo un movimiento de rebelión en Internet, ¿por qué denuncian que inconstitucional? El punto clave está en atribuir la facultad la facultad de cierre de una página web a un órgano administrativo. Ese es el nudo gordiano de la ley. Eso es lo que entendemos que va en contra del artículo 20 de la configuración de la libertad de expresión que en su aplicación solo un juez podría ordenar y decidir el cierre de una publicación como sería una página web. ¿Cuál es el objetivo de la Red SOStenible? El objetivo es la retirada de la disposición final de la Ley de Economía Sostenible, y dejar claro que solo un juez mediante una resolución judicial motivada puede ordenar el cierre de una web. Una de las características de la plataforma es su heterogeneidad. Hay técnicos, comunicadores, activistas… ha tenido una aceptación elevada en Internet en la que se ha reflejado uno de los momentos de mayor unidad en la red. ¿En este terreno hablamos de un problema de interpretación de la ley sobre la propiedad intelectual o de una ley obsoleta? Las leyes, y eso lo dice nuestro código civil, han de aplicarse e interpretarse conforme a la realidad social del momento en el que han de ser aplicadas. Las leyes necesitan siempre una interpretación, sino no habrían abogados y jueces, sería una máquina la que dictaría sentencia. Las leyes no tienen el carácter dinámico que tiene la sociedad, siempre han de ser adaptadas, como dice nuestra normativa, a la realidad social. Lo que pasa es que hoy en día la normativa sobre propiedad intelectual es incorrecta y cualquier interpretación es insuficiente para hacer frente a los cambios que han habido en la sociedad y que precisan no sólo de una reinterpretación sino de una modificación normativa. ¿No habría que conjugar los derechos sobre la propiedad intelectual con las libertades de los usuarios de Internet? Conjugar esos derechos requiere un debate amplio que sobrepasa el ámbito de la ley que nos ocupa. Hay un debate, del cual es fiel reflejo el último informe de la Comisión Nacional de Competencia, sobre la reconversión que debe haber en el mercado de la propiedad intelectual. Pero ese es un debate muchísimo más amplio. ¿No está realmente el problema en la monopolización de esa propiedad intelectual y en dotarnos de leyes antimonopolio? La declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho de todos a participar en el progreso cultural, y ese es el principal objetivo de la legislación y sobre la propiedad intelectual, favorecer que haya creación de cultura y que la gente pueda acceder a ella. También se reconoce el derecho de los autores a ser remunerados por aquello que creen. Esos son los dos objetivos fundamentales que debe tener la normativa sobre propiedad intelectual. El problema hoy en día es que la normativa se ha alejado de esos intereses y parece que va dirigida más a defender la posición de unos intermediarios del mercado de la propiedad intelectual que se sitúan entre los autores y los ciudadanos, en un modelo de negocio que está obsoleto, que necesita una reconversión. Claro, pero me refiero a que es como lo que ocurre con los artistas en su relación con las discográficas. Ahora han empezado a exigir quedarse con el 10% de lo recaudado en los conciertos… Todo el mundo sabe que en los últimos años han aumentado los conciertos de forma paralela al descenso en las ventas. Tradicionalmente quien más ganaba en ellos era el artista, me imagino que si la discográfica ve que el modelo de negocio de las ventas ya no es rentable, el dinero tendrá que sacarlo de otro sitio. Es como los clubes de fútbol que participan de los derechos de imagen de los futbolistas. Pese a que se presente en los medios el enfrentamiento, ¿no hay intereses comunes entre los artistas y los usuarios? Yo no albergo duda sobre ello. Tanto los artistas como los ciudadanos debemos ir de la mano. El artista forma parte de la libertad de expresión y sin ella la capacidad artística quedaría mermada. El enemigo aquí es un atentado a la configuración de la libertad de expresión. Ahí estamos de la mano porque es un patrimonio que debemos defender todos. Por otra parte ya ha habido manifestaciones de miembros de Red SOStenible en el sentido de proteger sus derechos porque un artista tiene que poder ganarse la vida dignamente y su esfuerzo ser remunerado. Lo que criticamos es a unas empresas, a unos modelos de negocio que están obsoletos y han de reconvertirse a la nueva situación tecnológica. Quería preguntarle también respecto a alternativa que se propuso basad en que las operadoras pagaran un canon por las descargas y éstas avisaron de que se lo cargarían a los usuarios ¿no habría que proteger legalmente a los usuarios de esto? En materia de canon hay una contradicción intrínseca y es que tiene su justificación por la existencia de la copia privada. El canon legaliza la copia privada. Si ahora un sector del mercado pretende restringir el derecho de copia privada hay un problema, porque entonces no hay lugar a derecho al canon tampoco. Claro. Pero por eso la ley debe proteger a los ciudadanos, porque son las discográficas o las grandes operadoras las que tienen más peso social para presionar hacia una solución u otra… Hay que tener en cuenta que las organizaciones empresariales por ley están obligadas a obtener beneficios y eso no es reseñable. Que una empresa privada influya en los agentes del mercado para obtener mayor beneficio… entiendo que eso no es noticia. Los intereses de las operadoras representan uno de los agentes con los que hay que contar para una solución de configuración de modelo. Es inevitable y son realmente complejos. Volviendo a la ley, ¿no significa también crear las condiciones para el mayor control de la opinión, cerrar aquellas páginas que choquen con los intereses del gobierno de turno? El problema de las leyes ambiguas y poco claras, sobretodo cuando estamos hablando de una normativa enmarcada en el derecho administrativo, es la aplicación arbitrarias de las normas. Cuando una ley no es lo suficientemente clara y precisa en cuanto a su interpretación por parte de la administración, da lugar a posibles abusos interpretativos. Ese es también uno de los riesgos de esta normativa. No están claros los criterios de cierre, a la espera de un eventual desarrollo reglamentario y de la tramitación parlamentaria de la propia ley.