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Solución de compromiso al final en el fondo para la reestructuración y el ordenamiento del sistema financiero. Los gobiernos autónomos -como querían el presidente de la Generalitat y el de la Junta de Andalucía- conservan su derecho de veto a las fusiones interregionales de sus cajas. Pero al mismo tiempo, como buscaban el ministerio de Economía y el Banco de España, este último tendrá la capacidad para negar fondos a la caja de una autonomía si previamente su gobierno regional ha vetado una fusión.
Una resolución del conflicto que entra en el terreno de lo verdaderamente absurdo. ¿Qué asará si, pongamos por caso, una caja catalana o andaluza, tras haber vetado Montilla o Griñán una fusión interregional, tiene necesidad de fondos para evitar caer en la insovencia y está dispuesta a aceptar una fusión de ese tipo? ¿Van a dejar el Banco de España y el gobierno que se hunda? ¿Y qué pasará entonces con los depósitos de sus impositores? ¿Cuánto dinero costará entonces rescatarla? ¿Y de dónde saldrá ese dinero? ¿Lo pondrán su gobiernos regionales? La estructura política de nuestro país ha entrado de lleno bajo la dirección de Zapatero en un terreno del que va a resultar cada día más difícil salir. El enquistamiento del poder de las castas burocráticas regionales no sólo es que haya sometido al Estado a un grado de desarticulación política inverosímil, sino que hace absolutamente imposible la existencia de un proyecto nacional unificado y el que España pueda aumentar su peso y su voz en la escena internacional. Han impuesto una especie de doctrina basada en el “primero yo, después lo mío, y lo demás hay que negociarlo”, que ni siquiera, y esto son ya palabras mayores, la reciente advertencia de Botín acerca de la necesidad de acometer la reestructuración del sistema financiero “sin interferencias políticas” ha tenido efecto. La cosa no quedará así. Editorial. El Mundo CAJAS, UNA REFORMA CON GRANDES VICIOS MENOS DE un año después de que Zapatero cantara las excelencias de nuestro sistema financiero, el Consejo de Ministros se dispone a aprobar -seguramente hoy- un decreto por el que se crea el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que ascenderá a un máximo de nada menos que 99.000 millones de euros. Esta considerable suma de dinero servirá para reordenar el sector financiero -en concreto, las cajas de ahorro- mediante un proceso de fusiones que será supervisado por el Banco de España. El Gobierno reforzará la capitalización de las entidades que se fusionen mediante este Fondo, aunque en principio no dispondrá de derechos políticos; es decir, no intervendrá en la gestión. El aspecto más polémico de la reordenación de las cajas es que el actual marco legislativo confiere a las comunidades autónomas la capacidad de vetar una fusión si la considera lesiva para sus intereses. La vicepresidenta Elena Salgado declaró públicamente que el Gobierno iba a eliminar este veto, pero posteriormente quedó desautorizada por el propio Zapatero. El presidente del Gobierno se vio obligado a dar marcha atrás por las presiones de Montilla y Griñan -reyezuelos de taifa antes que socialistas-, que se oponían a perder el derecho de vetar las fusiones de sus cajas por miedo a perder el control. Ésta es la tesis que desgraciadamente se ha impuesto. A lo largo de los últimos meses, el Gobierno ha intentado llegar a un acuerdo con el PP para reformar el sistema financiero, pero el pacto no ha sido posible porque Mariano Rajoy quería acabar con el derecho de veto y, además, desconfiaba de la neutralidad política del Banco de España en la determinación de las fusiones y en la exigencia de responsabilidades a los gestores. Anoche, el Gobierno aceptó la creación de una comisión parlamentaria que controlará el proceso. Las suspicacias de Rajoy no son imaginarias. Tienen base en la forma cómo el Gobierno tuvo que intervenir Caja Castilla-La Mancha, que se hizo tarde, mal e intentando ocultar en un primer momento la incompetencia de los gestores. Nadie duda en estos momentos que el sector financiero se encuentra en una situación difícil y, más concretamente, que hay más de una docena de cajas que necesitan capitalización para afrontar sus problemas de liquidez. También es evidente que el proceso de concentración es la solución más racional, teniendo en cuenta que hay un sobredimensionamiento del sector. Pero las fusiones no pueden ser abordadas para satisfacer las apetencias de poder de los barones autonómicos sino para fortalecer y sanear unas entidades que se tambalean. Lo lógico y lo coherente sería las concentraciones de cajas complementarias geográficamente, lo que permitiría aumentar su implantación territorial y, por ello, la competitividad del sistema. Ello choca con las pretensiones de algunos presidentes autonómicos que quieren fusionar cajas de la misma comunidad para reforzar su poder y evitar intrusiones de fuera en detrimento de una mayor competencia. Por citar un ejemplo, Montilla apoyaría la absorción de Caixa Catalunya por La Caixa con ayudas públicas, pero no aceptaría una fusión con Bancaja, que opera en Valencia, ya que ello supondría además difuminar el carácter identitario de su primera entidad financiera. Parece claro que el proceso de ordenación de las cajas está condenado al fracaso si al final priman los intereses políticos sobre la racionalidad económica. Pero además el Gobierno está dejando pasar la gran oportunidad de modificar su régimen jurídico para profesionalizar su gestión y blindarlas de interferencias políticas. En conclusión, existe el riesgo de dilapidar unos recursos considerables para perpetuar un sistema que ya ha demostrado su ineficiencia. EL MUNDO. 26-6-2009 Editorial. El País ENSAYO DE PRESUPUESTOS El Gobierno logró pasar ayer el ensayo del debate presupuestario del próximo otoño, en el que tanto se juega. Gracias a la abstención de los nacionalistas (excepto ERC) y de la izquierda dispersa, y con el único apoyo de Coalición Canaria (CC), consiguió que se aprobase su propuesta de techo de gasto público, límite en el que deberán encajar las cuentas del Estado para 2010. A ese desenlace se ha llegado por caminos bastante laberínticos. Y confusos: el martes, los socialistas habían apostado por un acuerdo con su izquierda (IU, ICV, ERC) para una reorientación de la política fiscal en el sentido de aumentar su progresividad en relación con deducciones y prestaciones. Eran medidas adaptadas a la situación de fuerte crecimiento del déficit público. Pero que penalizaban a las rentas altas (o no tan altas), a lo que se opone CiU, contraria a cualquier aumento de impuestos. La discusión económica desembocó por esa vía en la política: la abstención de los 10 diputados de CiU bastaba para que el Gobierno superase la votación de ayer (por mayoría simple), mientras que el respaldo de las tres formaciones de izquierda (cinco escaños) resultaba insuficiente. Con el añadido de que esos partidos ni siquiera se comprometían a votar a favor, sólo a abstenerse. Por esa doble razón, los socialistas dieron marcha atrás y recuperaron el acuerdo abstencionista de CiU. Aparte de la confusión, el episodio ha revelado las contradicciones en que se mueve la política de alianzas del Gobierno. La inercia le lleva a buscar acuerdos con la izquierda, pero es un apoyo inseguro y escaso (necesita siete votos externos para alcanzar la mayoría absoluta). Y el nacionalismo catalán mide al milímetro su disponibilidad. El PP ha visto en esa debilidad del Gobierno la posibilidad de llevar al PSOE a la derrota en la votación presupuestaria de otoño, y en unas condiciones en las que la prórroga de unos Presupuestos que ya estaban desfasados cuando se aprobaron, resulta inimaginable. Lo que hace verosímil a ojos del PP la hipótesis de una disolución anticipada y elecciones antes de que la reactivación económica permita remontar al PSOE. Es un cálculo racional pero perverso, pues la debilidad parlamentaria es consecuencia de la retirada de apoyo del PNV a causa del pacto de los socialistas vascos con el PP en Euskadi. Pero el PSOE no acaba de definir una política de alianzas alternativa y tampoco los candidatos a aliados se lo ponen fácil. La argumentación de IU e ICV de que no tenían "margen" para pasar del no al sí es insostenible: si la reforma era tan importante, por supuesto que podían votar a favor de la propuesta del Gobierno. Lo que no tiene sentido es pretender que un partido con 169 escaños tenga que aceptar el programa fiscal íntegro de otro que tiene dos. Pero CiU, la otra posibilidad, aunque no presenta tantas incertidumbres (siempre es más fácil el acuerdo con un solo partido que con cuatro o cinco a la vez), tampoco es sencilla. Con elecciones catalanas en 2010, los de Artur Mas tienen como prioridad derrotar al PSC. En tiempos de Pujol, CiU consideraba que la política de su partido tenía una dimensión española (influir en la política general) que también le daba votos; pero ahora esa dimensión cuenta bastante menos. Con independencia del resultado de la votación de los Presupuestos, el deterioro de la imagen del Gobierno en estas escaramuzas comienza a afectar a la credibilidad del sistema. En Italia, el descrédito de la política se inició con el poder excesivo que adquirieron partidos menores por su capacidad para condicionar decisiones de la mayoría. Un acuerdo entre los dos grandes partidos sobre los ejes de las grandes reformas pendientes, empezando por la fiscal y la del mercado laboral, tal vez sirviera para acotar esos excesos. EL PAÍS. 26-6-2009 Editorial. Expansión BURBUJA DE EMISIONES DE DEUDA Los problemas para obtener financiación por los cauces bancarios han llevado a las empresas europeas con mejor calificación a recurrir de forma masiva a los mercados mayoristas. Esta estrategia ha provocado que, sólo en seis meses, las compañías hayan captado con la emisión de bonos más de 250.000 millones de euros, una cifra récord que supera en un 30% la registrada en todo 2008. Este volumen histórico de emisiones de deuda de las empresas coincide también con una avalancha en la colocación de deuda pública. Sin ir más lejos, el Tesoro español colocó en los cinco primeros meses de este año más deuda pública que en todo el ejercicio anterior. En total, está previsto que este año los gobiernos de la eurozona emitan alrededor de 800.000 millones de euros en deuda pública a los que habrá que sumar otros casi dos billones de dólares que emitirá el Gobierno norteamericano. De momento, el mercado está absorbiendo este elevado volumen de deuda, aunque no es de extrañar que el precio y las condiciones de las emisiones se hayan endurecido paulatinamente, tanto para las colocaciones públicas como para las privadas. Así, las empresas están pagando diferenciales de más de 250 puntos básicos sobre el índice de referencia a tipo fijo, cuando antes de la crisis el precio apenas superaba los cincuenta puntos básicos. Aunque de momento no hayan saltado las alarmas, el mercado empieza a dar algunas señales de saturación como lo demuestra el hecho de que las rentabilidades en los plazos largos se hayan disparado en casi un punto y medio desde principios de año hasta la actualidad. En esta tesitura es importante que los gobiernos en general y el español en particular empiecen a ser conscientes de los peligros que entraña recurrir al déficit público para salir de la crisis. La financiación de ese déficit se puede convertir en una trampa que lastre la posible recuperación, tanto de la economía como de las empresas que tienen que competir en los mercados de deuda en inferioridad de condiciones. Aunque la situación económica deja poco margen de maniobra, el Gobierno español tiene que poner manos a la obra para contener el deterioro de las cuentas públicas por la vía de la contención del gasto o la supresión de algunas políticas fiscales que se han demostrado totalmente ineficaces como el regalo electoral de los cuatrocientos euros. Y esto exige además no bendecir políticas de gasto cortoplacistas orientadas a mantener la paz social a cualquier precio. EXPANSIÓN. 26-6-2009