Un referéndum contra la Ley de Referéndum

Media hora antes de iniciarse la votación, Raül Romeva, conseller de Afers Exteriors, compareció para anunciar un sorprendente cambio de las reglas del juego básicas de cualquier votación.

Presentando un “censo universal” que, frente al cierre de colegios electorales, permitía votar en cualquier otro. Violando explícitamente la Ley de Referéndum, en su artículo 33.4, donde se establece que “nadie puede estar inscrito en varias secciones ni varias veces en la misma sección”.

Este no es el único punto en que el Govern violó las garantías que establecía la propia Ley de Referéndum que ellos mismos habían aprobado.

Según la Ley de Referéndum era la Sindicatura Electoral la que debía “validar” el censo electoral, efectuar el escrutinio general, certificar los resultados y ordenar su publicación oficial. Esa Sindicatura Electoral fue disuelta por la Generalitat el 22 de septiembre, para evitar las multas, de entre 6.000 y 12.000 euros diarios, impuestas por el Tribunal Constitucional. “El 1-0 el 60% de los catalanes se negó a secundar con su voto el referéndum “

La Ley de Referéndum establece también que serán nulas las papeletas que sean emitidas sin sobre o que sean diferentes del modelo oficial. Mientras que el portavoz del Govern, Jordi Turull, animó el 1-O a votar “sin sobre y con papeletas imprimidas en casa”.

Las cargas policiales contra los ciudadanos que se concentraban en los colegios electorales provocaron numerosos heridos. La Generalitat ofrece la cifra de 893 heridos, pero de ellos solo 414 han sufrido heridas o contusiones. Cuatro personas fueron ingresadas, dos de ellas graves, un ciudadano tras sufrir un infarto y otro al recibir el impacto en el ojo de una pelota de goma.

La actuación policial -que solo afectó, según los datos de la Generalitat, al 10% de los colegios electorales- provocó una reacción de rechazo en buena parte de la sociedad catalana.

Pero las escenas de violencia el 1-O también formaban parte de la estrategia de las élites independentistas. En una conversación telefónica intervenida por orden judicial, Joan Manel Gómez, responsable del voto electrónico afirma el 29 de septiembre que “el día de octubre se tiene que liar, se va a liar”, añadiendo que “ellos vienen con los tanques” y llamando a la necesidad de “movilizar a la tropa” -los sectores sociales encuadrados por ANC, Omninum Cultural y otras entidades independentistas-.

El 1-O no solo se movilizaron -en un número considerable y con un elevado grado de organización- los votantes independentistas. También lo hizo la parte de la sociedad catalana que se negó conscientemente a respaldar la independencia y un referéndum que no cumplía las mínimas garantías democráticas.

La participación en el 1-O fue del 43,03%. Votaron casi 2,3 millones, pero más de 3,2 millones no votaron. El voto a favor de la independencia solo representó el 38% del censo. Frente al 62% de los catalanes que se negaron a apoyar la independencia.“El Govern violó el 1-O las garantías que establecía la propia Ley de Referéndum que ellos mismos habían aprobado.”

El Govern de Puigdemont presentó unos resultados provisionales del referéndum la misma noche del 1-O. Que coincidían -como hemos planteado al inicio de este reportaje- con los que anunciaban las élites del independentismo.

Era materialmente imposible que pudieran presentarse resultados, siquiera provisionales, el mismo 1-O, puesto que todo el sistema informático que los podía validar, y que controlaba el “censo universal”, había dejado de funcionar, interceptado por la guardia civil.

Sin embargo, los resultados aparecieron. También multitud de vídeos en los que se demostraba como una misma persona podía votar dos, cuatro u ocho veces.

Incluso los observadores internacionales seleccionados ad hoc por la Generalitat se negaron a validar los resultados, admitiendo que no se habían cumplido las mínimas garantías democráticas y certificando que con ellos no era posible declarar una independencia unilateral.

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