Cargando...
Ante la convocatoria de elecciones anticipadas, la organización de nuestro partido en Cataluña hemos iniciado un intenso proceso de asambleas, reuniones y debates abiertos con el fin de establecer el programa autonómico para las elecciones del 25-N. Un programa que responda a las necesidades y las demandas de la mayoría del pueblo. Y en el que, por eso mismo, llamamos e invitamos a participar en su elaboración definitiva a todos. Estas son la primeras conclusiones. Una primera aproximación al programa que irá ampliándose en los próximos días y semanas en sucesivas reuniones y debates.
1º.- Acabar con el primer gran déficit fiscal de Cataluña para crear 800.000 puestos de trabajo productivos en los próximos cuatro años.
El principal déficit fiscal de Cataluña no está, como engañosamente hace creer Mas o ERC, en sus relaciones con el resto del España, sino que se produce en el interior de Cataluña, entre bancos, monopolios, multinacionales y grandes fortunas con el 90% de la población catalana. Los números son claros.
Sólo las mayores 50 empresas catalanas por beneficios –todas ellas con facturaciones superiores a los 300 millones de euros anuales– que deberían pagar 2.871 millones de euros cada año por el 30% de impuestos por sus beneficios (que fueron de 9.393 millones de euros en 2010), pagaron en realidad sólo 601 millones. Un déficit de 2.270 millones cada año. «Los intereses del pueblo de Cataluña están en unirse con el 90% del pueblo del resto de nacionalidades y regiones de España»
Sólo 4 bancos catalanes o que operan en Cataluña, (La Caixa, BBVA, Sabadell y Catalunya Caixa) se han beneficiado de inyecciones de dinero público en los últimos 4 años que suman 11.357 millones de euros.
Sólo 32.000 catalanes, de los más de 7,5 millones de habitantes de Cataluña, han dejado de pagar 1.050 millones de euros en dos años gracias a la primera medida que tomó el gobierno de Mas eliminando el impuesto a los patrimonios superiores a 700.000 euros. Y se ahorrarán 2.101 millones más en los próximos 4 años si Artur Mas vuelve a ganar las elecciones
Los sindicatos calculan que el fraude fiscal en Cataluña en 2010, vía paraísos fiscales, blanqueo de capitales e ingeniería contable, fue de 16.000 millones de euros. De los cuales, el 66% corresponde a grandes empresas y grandes fortunas. Es decir, más de 10.500 millones de euros al año.
En consecuencia, proponemos las siguientes medidas:
-50% de impuestos sobre beneficios a bancos, grandes empresas y multinacionales. La recaudación, 18.786 millones de euros en la próxima legislatura destinada íntegramente a un plan de inversión pública para crear medio millón de puestos de trabajo productivos y de utilidad social.
-Aprobación de un ley autonómica que obligue a los 3 grandes bancos que se han beneficiado de inyecciones de dinero publico para aumentar su negocio (BBVA, La Caixa, Sabadell) a crear un fondo especial por un importe igual al dinero público recibido, 8.389 millones de euros. Fondo destinado exclusivamente a la concesión de créditos blandos (al 1,5% de interés) a pymes y autónomos para la inversión productiva con el objetivo de crear 250.000 puestos de trabajo.
-Transformación de Caixa Cataluña en un banco público, cuyo poder y capacidad de control esté en manos de sus ahorradores y depositantes, los verdaderos dueños del dinero. Poner los más de 75.000 millones de euros en activos de Caixa Cataluña (un 35,6% del PIB anual de Cataluña) al servicio de un ambicioso pan de reindustrialización, modernización y expansión del tejido productivo catalán.
-Reposición inmediata del impuesto de patrimonio para aquellos patrimonios superiores a 700.000 euros. Invertir toda la recaudación (525 millones de euros anuales) a un plan público de desarrollo de la I+D+i.
-Creación de un cuerpo de inspectores y técnicos dependientes de la conselleria d´Hisenda, dotados de los medios necesarios para perseguir el fraude fiscal. Negociar con el gobierno central que el 75% del dinero recaudado procedente de la persecución del fraude fiscal de empresas o contribuyentes radicados en Cataluña vaya directamente a la Generalitat, y se dedique al plan de inversión pública para crear empleo y a la construcción de las infraestructuras necesarias.
2º.- Atajar el segundo gran déficit, el pago de la deuda pública, negociando una quita o un aplazamiento del 70% en su pago durante los próximos cuatro años y dedicar ese dinero a la subida de las pensiones hasta un mínimo de 1.000 euros mensuales, a mejorar la sanidad, la educación y los servicios sociales.
El segundo gran déficit que hay que atajar en Cataluña es el provocado por un volumen de deuda publica que supera ya los 48.000 millones de euros, el 21% del PIB de Cataluña. Como media, el coste de la deuda (amortizaciones más intereses) supone un gasto anual de 4.200 millones de euros, casi la mitad de ellos sólo en intereses. Pero esa deuda no ha ido destinada a mejorar la atención sanitaria, la educación o la asistencia social, puesto que la Generalitat, a pesar de gobernar un país cuya renta per cápita es un 117% de la media europea, dedica en su presupuesto a esos capítulos un 1,2% menos que la media del conjunto de Comunidades Autónomas españolas y varios puntos más por debajo de lo que destinan los países de la UE con niveles de renta similares a Cataluña..
Y si los gastos sociales no lo son, ¿quiénes han sido durante todo este tiempo los que se han beneficiado del dinero conseguido a través del constante y creciente incremento de la deuda pública de Cataluña?
Los grandes beneficiarios de la deuda pública catalana han sido, en primer lugar, las grandes constructoras, que han hecho su agosto llevándose las licitaciones de los grandes proyectos e infraestructuras a un precio muy superior al de mercado, gracias al famoso 3% de comisión entregado a los partidos encargados de adjudicar las grandes obras publicas.
En segundo lugar, el régimen burocrático-administrativo autonómico creado por la clase política catalana. Que ha sobredimensionado las estructuras administrativas y burocráticas a fin de dotarse de una fiel base clientelar de apoyo. Creando una maraña de organismos públicos o semipúblicos (entidades, sociedades mercantiles, consorcios, fundaciones públicas, fundaciones público-privadas,…) que de conjunto suman un gasto de más 11.000 millones de euros anuales, más de un tercio de los presupuestos de la Generalitat, y son responsables del 19,6% de la deuda pública catalana.
En tercer lugar, la deuda pública emitida por la Generalitat supone –y cada vez más, a medida que ha ido subiendo la prima de riesgo y los intereses– un gigantesco negocio para los grandes bancos extranjeros y nacionales. En 2012, pagaremos 1.994,34 millones de euros sólo en intereses, un 6,2% de los presupuestos de la Generalitat, tres veces más de lo que se pagó en 2.008 y 2,7 veces más que la suma de todos los recortes en sanidad y educación previstos para este año. Cogiendo la media de los últimos tres años, el pago de la deuda, sumando intereses más amortización, supondrá a las cuentas públicas catalanas un gasto de 16.752,8 millones de euros en los próximos cuatro años.
Por eso, nuestro programa propone las siguientes medidas:
-Imponer a los acreedores una moratoria del 70% en el pago de los intereses y las amortizaciones de la deuda en los próximos cuatro años, o hasta que se acabe la crisis y la economía catalana vuelva a crecer a tasas de al menos el 3%, en el pago. Una medida que permite disponer de 11.727 millones de euros en la próxima legislatura para dedicarlos aumentar la inversión pública en sanidad, educación y servicios sociales, creando así una nueva fuente de creación de empleos.» Para crear empleo, imponer un 50% de impuestos sobre beneficios a bancos, grandes empresas y multinacionales»
-Realizar una auditoría ciudadana e independiente sobre la deuda pública, no sólo la de Cataluña, sino la del conjunto de España. Auditoría que permita determinar que parte de ella ha sido utilizada para mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población, y que parte ha estado destinada al enriquecimiento de una minoría a costa de los presupuestos públicos. Declarando esta última como deuda ilegítima y por tanto exenta de la obligación de pago.
-Reducir en un 30% los gastos en la administración pública catalana. Rebaja de un 25% en los salarios de todos los cargos públicos con rentas anuales superiores a 60.000 euros. Y de un 50% para quienes ganan más de 120.000. Prohibición de ocupar más de un cargo público remunerado. Supresión del salario en especie para los altos cargos de la administración (dietas, tarjetas a cuenta del erario público, coches oficiales,…) Adelgazamiento de la ineficaz estructura improductiva de la alta administración autonómica (asesores nombrados a dedo, consejos consultivos de todo tipo,..) Liquidación de todas aquellas empresas, sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios públicos que en el plazo de dos años no consigan ser autosuficientes y financiarse por sus propios medios,… Aplicar todas estas medidas de ahorro hasta reducir los gastos de la administración en un 30% significa ahorrar 10.000 millones de euros cada año. Destinar todo ese dinero a revalorizar anualmente las pensiones hasta que en el plazo de 5 años la pensión mínima esté situada en los 1.000 euros mensuales. Y a desarrollar el tercer pilar del Estado del bienestar, la ayuda a la dependencia.
3º.- Frente al aumento de la pobreza y la exclusión social, redistribución salarial y referéndum sobre las pensiones.
-La última encuesta de la propia Diputación de Barcelona dice que el 21,9% de los catalanes viven con rentas inferiores al umbral de la pobreza, el 28% de los niños viven en familias pobres y 2,2 millones de catalanes, casi un 30% de la población, viven en riesgo de exclusión social.
Ante ello proponemos:
-Redistribución salarial. Nadie con un sueldo inferior a 1000 euros al mes, nadie por encima de 10.000. Según el último informa realizado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), 1,5 millones de trabajadores catalanes (el 55,2% del total) cobran sueldos inferiores a los 1.000 euros mensuales. Mientras tanto, una ínfima minoría de 20.000 personas en Cataluña –gestores, ejecutivos, miembros de dirección y altos funcionarios– cobran un salario medio anual de 390.000 euros, más de 32.000 euros cada mes. Sólo con que a esta gente se les aplicara la medida de limitación del salario máximo a 10.000 euros mensuales, se podría hacer inmediatamente una redistribución salarial por la que más de 1 millón de trabajadores que actualmente ganan, de media, entre 750 y 800 euros al mes, pasaran a cobrar automáticamente 1.000 euros mensuales.
-Elevación del tramo autonómico del IRPF hasta el 55% para las rentas superiores a los 300.000 euros anuales y del 75% para las superiores a los 700.000 euros. Mediante una reforma así, un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y de la Universidad de Barcelona (UB) concluía que se puede financiar una renta básica equivalente a 5.400 euros anuales para cada adulto y 2.700 euros para los menores de 18 años.
-Frente a las exigencias de FMI y Berlín de que se aplique ya la edad de jubilación a los 67 años, el aumento de los años necesarios de cotización, la liquidación de la revalorización automático de las pensiones según el IPC y la privatización, total o parcial, de sistema público de pensiones, proponemos que sea el pueblo quien decida democráticamente mediante un referéndum blindar las pensiones.
Un referéndum para incluir en la Constitución la defensa del poder adquisitivo de las pensiones, cerrando así la puerta a que cualquier gobierno presente o futuro pueda dejar de aplicar la revalorización, o haga recaer sobre los pensionistas, copagos y otros sangrantes recortes sanitarios. Un referéndum que prohíba expresamente cualquier tipo de privatización total o parcial del sistema público de pensiones.
4º.- Derecho a decidir, si. Soberanía sí y ya, pero de Washington y Berlín
Artur Mas levanta ahora la bandera del derecho a decidir. Su motivo no es otro que ocultar que ha sido durante estos años el más aventajado discípulo del FMI y de Merkel en aplicar recortes salvajes y empobrecer a la sociedad catalana a niveles no vistos desde hace décadas.
Lo que busca es dividir y enfrentar al pueblo catalán entre sí, y con el resto del pueblo español. Nosotros sí reclamamos, y siempre lo hemos hecho, el derecho a decidir.
Derecho a decidir no ser intervenidos y saqueados por Washington y Berlín. Porque, ¿quién decide hoy lo que pasa en Cataluña? ¿El gobierno de Rajoy, Madrid? Pero si cada día vemos cómo Rajoy hace exactamente lo contrario de lo que dice, porque se lo imponen Obama y Merkel, el FMI y Bruselas. Ellos son los que deciden en España. Y eso lo sufrimos igual en Barcelona que en Cádiz, en Girona que en Badajoz, en Lleida que en Vigo.
Y para que la banca extranjera pueda llevarse un botín de más de 100.000 millones de euros cada año es para lo que personajes como Zapatero, Rajoy y Mas aplican recortes salvajes. Porque cada euro que paga un jubilado por sus medicinas, cada euro recortado en el cierre de ambulatorios y quirófanos, por cada médico, enfermera o maestro despedido, cada euro de más que sacan de recortar becas y aumentar tasas universitarias o de subir el IRPF y el IVA es un euro que va a engordar la cuenta de beneficios del Deutsche Bank, el Paribas o el Citigroup.
Esto es lo que está pasando aquí y ahora, en Cataluña y en el resto de España. Que un puñado de bandidos financieros, de dentro, pero sobre todo de fuera, están decidiendo que la mayoría nos tenemos que empobrecer a base de recortes y rebajas de salarios y pensiones para ser ellos cada vez más ricos.
¿Hablamos del derecho a decidir? De acuerdo. Pero entonces lo primero que hay que decir es que hay que quitárselo a quienes están decidiendo sobre nuestros salarios, sobre nuestra salud, sobre el futuro de nuestros hijos y nietos.
Cuando el peligro de que nuestro país sea nuevamente intervenido es más grande que nunca, Artur Mas levanta la bandera de la independencia y abre una línea de fractura que amenaza con dividirnos mañana y nos debilita hoy frente a la ofensiva de Washington y Berlín para relegarnos a ser un país de tercera o cuarta división.
Los intereses del pueblo de Cataluña están en unirse con el 90% del pueblo del resto de nacionalidades y regiones de España para hacer frente común contra quienes desde Wall Street o Francfort vienen a saquearnos. Y contra aquellos que, tanto en Cataluña como en el resto de España, les abren las puertas de par en par esperando recibir unas migajas.