Recortes Cero en la campaña de Andalucí­a

Un programa de redistribución de la riqueza

Para acabar con la crisis, el paro y el empobrecimiento de la mayorí­a sólo hay un camino: el de elevar el nivel de vida y la capacidad adquisitiva de la mayorí­a de la población. El INE acaba de hacer público que más de la mitad del crecimiento del PIB en España en 2014 se produjo en el último trimestre del año, y estuvo motivado por un aumento del consumo de las familias, que ante las mejores expectativas que vende el gobierno de Rajoy ha decidido tirar un poco de sus ahorros.

Esto no hace más que poner sobre la mesa una evidencia que se cae de su propio peso: si la gente tiene, gasta y consume. Y eso provoca a su vez que los empresarios inviertan porque sus productos tienen salida, se venden en el mercado. Es el crecimiento del consumo el que hacer crecer la inversión empresarial, y no al contrario. “Sin elevar salarios, pensiones y poder adquisitivo de la mayoría no hay manera de que la economía crezca” Cuanta más gente tenga una mayor capacidad de consumo, más necesidad de invertir y ampliar su capacidad productiva tienen las empresas. Esto es lo que están haciendo todos los países del mundo que están creciendo y desarrollándose económicamente: aumentar el nivel de vida de su población, elevar los salarios y aumentar el gasto público. Exactamente lo contrario de lo que están obligándonos a hacer en España. Son las rebajas salariales y los recortes sociales los que han provocado el hundimiento del consumo, con la consiguiente paralización de la inversión productiva, la quiebra de cientos de miles de pymes y autónomos y el crecimiento del paro. Darle la vuelta a esta situación exige, en primer lugar, coger como clave la elevación del poder adquisitivo de la mayoría. Y por eso el programa de Recortes Cero plantea un primer bloque de medidas que van en esa dirección:Bloque de medidas cuyo centro es la redistribución salarial, nadie por debajo de 1.000, nadie por encima de 10.000. En 1976, el peso de los salarios en el PIB era del 68%. Desde entonces, las rentas salariales han caído de forma exponencial, hasta representar el 46,7% del PIB en el año 2104. Una pérdida de más de 20 puntos. O lo que es lo mismo, si los salarios mantuvieran hoy el mismo peso que tenían en 1976 en el reparto de la riqueza que se produce en España cada año, los trabajadores dispondríamos de 200.000 millones de euros más en nuestras nóminas. Esta es la primera clave de cualquier política de redistribución de la riqueza. Y por eso las dos primeras medidas de nuestro programa para Andalucía proponen la elevación de salarios y pensiones. Porque significa aumentar el poder adquisitivo y la capacidad de consumo de millones de familias andaluzas. Cualquier programa que no plantee medidas que vayan a cambiar la distribución primaria de la riqueza, elevando las rentas salariales frente a las rentas de capital impide que podamos salir de la crisis en beneficio de la mayoría. El consumo de la población representa más del 60% del PIB español y andaluz. Sin elevar ese consumo no hay manera de que la economía crezca y se desarrolle. El aumento de las exportaciones o el gasto público pueden ayudar de forma complementaria, pero la clave -como muy bien han entendido los países que más han crecido en el mundo en la última década como China o Brasil- es la reactivación de la demanda y el mercado interno. Y para ello sólo hay un camino: elevar el poder adquisitivo y la capacidad de consumo de la mayoría de la población.“Si los salarios mantuvieran hoy el mismo peso que tenían en 1976, los trabajadores dispondríamos de 200.000 millones de euros más en nuestras nóminas cada año” Ellos lo saben muy bien. Y por eso no hace ni 48 horas que el FMI acaba de hacer público un informe donde dice que “para crear empleo” en España, es necesario “rebajar todavía más el Salario Mínimo Interprofesional”, que ya está en la actualidad en un nivel ínfimo de 648 euros mensuales. Pretenden seguir aumentando sus beneficios a costa no sólo de un mayor empobrecimiento de la mayoría, sino a costa de hundir en la ruina la economía nacional. No les importa lo más mínimo porque utilizan Andalucía y el resto de España como plataforma de mano de obra barata para la exportación de sus mercancías. Un plan de choque contra el paroEl segundo centro de la elevación del poder adquisitivo de la mayoría que proponemos es un plan de choque contra el paro, capaz de crear en la próxima legislatura al menos 650.000 nuevos puestos de trabajo.Pero no basta con decirlo. Para que esta medida no sea un brindis al sol, es necesario establecer de donde deben salir los recursos para este plan de choque, qué dinero hay que destinar a él y de dónde ha de venir ese dinero. Nuestro programa propone cuatro fuentes de financiación de ese plan. En primer lugar de reducir en un 10% los gastos de la Junta de Andalucía, sin necesidad de tocar un sólo euro de los destinados a necesidades sociales y salarios del 90% de los funcionarios. Sino de eliminar todos los gastos innecesarios, acabar con los privilegios de la clase política y atajar de raíz la corrupción. Esto supone que la Junta dispondría cada uno de los cuatro años de la próxima legislatura de 2.962 millones de euros dedicados a impulsar la creación de empleos productivos y de utilidad social.En segundo lugar, de exigir mediante una Ley de Fomento del Empleo a los bancos y cajas que operan en Andalucía la creación de un Fondo especial dotado con la misma cantidad de dinero que los contribuyentes hemos puesto oficialmente para el rescate de las cajas andaluzas. Y partir de ese Fondo para crear una banca pública que permita que el crédito fluya en condiciones favorables, no para el endeudamiento de la mayoría y el enriquecimiento de una minoría como hace la banca privada, sino para la reindustrialización y modernización del tejido productivo, con un alto componente de I+D+i, ecológicamente sostenible y respetuoso con el medio ambiente. “Reducir en un 10% los gastos de la Junta de Andalucía, eliminando de raíz gastos innecesarios, privilegios y corrupción” No es posible la reindustrialización y la modernización del tejido productivo sin estos dos factores clave: un aumento de la demanda y el consumo interno y una banca pública puesta al servicio dar crédito en condiciones favorables a pymes y autónomos, responsables de más del 80% del empleo que existe en Andalucía. Sin esto, hablar de reindustrialización o de cambio del modelo productivo son palabras vacías. En tercer lugar, negociando una moratoria en el pago de los intereses de la deuda pública -que consumen anualmente 2.600 millones de todos los andaluces- hasta que la economía regional crezca al 3% y el paro se haya reducido, al menos, a la mitad. Por último, una Reforma Agraria Integral que acabe con el paro y el subempleo en el campo andaluz. Cuatro medidas que significan incrementar un 25% la población actualmente ocupada en Andalucía y, en consecuencia, expandir también enormemente la capacidad de consumo y el mercado interno. Plan de urgencia y solidaridad socialEl tercer centro de la elevación del poder adquisitivo de la mayoría es lo que denominamos un plan de urgencia y solidaridad social contra los efectos de la crisis. Y que tiene como objetivo ayudar a las personas y sectores sociales más desprotegidos y afectados por la crisis. Este tercer centro contempla toda una serie de medidas contra la extensión de la pobreza y la exclusión social, la universalización, la gratuidad y la calidad de la sanidad y la educación públicas, la atención pública digna a dependientes y pensionistas,…. Son medidas que es necesario tomar y que se pueden incluso ampliar. Pero siempre teniendo presente que hay que tener claro de dónde deben salir los recursos necesarios para financiarlos. No queremos que la administración siga endeudándose con la banca, ni que “vacíe la caja” hoy sin prever cómo reponer lo gastado. De lo contrario, donde acabaremos no es redistribuyendo la riqueza, sino repartiendo la escasez y la miseria. Por eso nuestro programa propone una elevación del tramo autonómico del IRPF, en una escala progresiva, para todos aquellos que ganen más de 60.000 euros anuales. Llegando a un tope máximo del 75% para las grandes fortunas que disfrutan de rentas superiores a los 600.000 euros anuales. Al mismo tiempo que proponemos dotar de más recursos a la agencia tributaria autonómica para perseguir el fraude fiscal. Que como todos sabemos, y la misma Hacienda española reconoce, se concentra en un 70% en las rentas más altas.

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