Cargando...
Hace exactamente 30 años se firmaba la adhesión de España a las Comunidades Europeas. Aquella integración en la Comunidad Económica Europea era percibida por todos como la culminación natural de la transición y la entrada de España a la modernidad.
Tres décadas después el balance es cada vez más amargo y menos dulce. (…)
Claro que la pertenencia a la UE ha influido en el crecimiento económico de España en estos últimos treinta años. Pero al precio demasiado alto -y que ahora estamos pagando- de multiplicar la dependencia española, ya no solo respecto a Washington sino también hacia Berlín.
¿Qué balance podemos hacer de estos treinta años de pertenencia de España a la Unión Europea?
Las condiciones de nuestra entrada en la UE: el pecado original
La integración de España en el Mercado Común -que luego se convertiría en la Unión Europea- es la culminación de un proceso de recolocación de España dentro de la órbita de dominio norteamericana.
La entrada en la OTAN certifica el fortalecimiento de los vínculos de dependencia política y militar con el hegemonismo yanqui.
A cambio de esa subordinación total de España hacia EEUU, la oligarquía española obtiene el placet para integrarse en el más selecto club de las burguesías monopolistas europeas.
La integración en el Mercado Común ofrecerá a la oligarquía española el marco político y económico adecuado para su modernización, expresada en un nuevo salto en la concentración bancaria -creando los dos grandes buques insignia, el Santander y el BBVA- o en la exportación de capitales primero a Hispanoamérica y más tarde en la misma UE.
Pero esa “modernización” de la economía española tras la entrada en la UE, que la hubo, se ejecutó reformando los lazos de dependencia, no solo hacia Washington, también hacia Berlín o París, y en unas condiciones absolutamente onerosas para el país.«La “modernización” de la economía española tras la entrada en la UE, que la hubo, se ejecutó reformando los lazos de dependencia, no solo hacia Washington, también hacia Berlín o París»
La oligarquía española, incapaz (por capital, fuerza, decisión y proyecto) de competir con los monopolios europeos, renuncia al control de gran parte del tejido industrial monopolista construido bajo la protección del Estado franquista, a cambio de que las burguesías monopolistas europeas le permitan quedarse con el control de algunos sectores de primer orden (banca, energía, telecomunicaciones y construcción).
El proceso de negociación e integración de España en el Mercado Común se lleva adelante de acuerdo con el proyecto diseñado en los despachos de París y Berlín. En ellos se decide que España no puede, ni debe, competir con el resto de potencias europeas en el terreno industrial, sino concentrarse en el sector servicios, en ser la “Florida” de Europa.
Es el momento en que François Mitterrand, el entonces presidente francés, anuncia a los grandes empresarios galos: “España está en venta, cómprenla”. Y cuando los entonces ministros de Economía de los gobiernos de Felipe González, afirman que “la titularidad de las empresas no importa”.
Lo que se traduce en la reconversión o el cierre de una parte importante de la estructura de la gran industria del país (siderurgia, construcción naval,…) dictada por las exigencias de los monopolios europeos que no desean de ninguna manera un competidor en ese terreno y en la venta de otra parte significativa, entre ellas toda la industria nacional de automoción, cuyo ejemplo paradigmático es la venta de la mayor industria automovilística española, SEAT, a la Volkswagen alemana, por un peseta, es decir, por 0,006 euros.«A la histórica capacidad de intervención de la superpotencia yanqui se le ha sumado la subordinación creciente y la pérdida de soberanía con respecto a Berlín»
Las exigencias que las burguesías monopolistas europeas -encabezadas por la francesa y la alemana- imponen para nuestro ingreso en el Mercado Común, si bien resultan extraordinariamente ventajosas para la oligarquía española, o para amplios sectores de ella, suponen al mismo tiempo unas condiciones draconianas para el resto del país.
Sectores enteros de la economía sufren unas reconversiones brutales que reducen drásticamente su capacidad productiva como consecuencia de las cuotas de mercado impuestas por sus competidores europeos: la siderurgia, los astilleros, el sector lácteo, la ganadería, el sector pesquero…
Algunas de las más importantes joyas de la corona de la economía productiva -SEAT, Pegaso, Motor Ibérica, Altos Hornos, Santana, Macosa…- quedan en manos del capital monopolista europeo, mientras la clase dominante se reserva para sí el control exclusivo del mercado y los monopolios del sector financiero y la banca, la energía, las telecomunicaciones y la construcción.
La combinación de todo ello unido a la progresiva desaparición de los aranceles aduaneros con Europa provoca que en el curso de unos pocos años la ocupación del mercado nacional por parte de los grandes grupos monopolistas europeos sea avasalladora. Hasta el punto de que de las 100 principales empresas que operan en España 25 de ellas son de propiedad exclusiva o de control mayoritario del capital francés o alemán. Controlando, ellas solas, más de un 10% del PIB español.