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¿Aguantará un gobierno de coalición cada vez más débil y acosado? ¿Viviremos en 2026 un forzado adelanto de las elecciones generales? ¿Vamos hacia un nuevo gobierno, presidido por el PP… y con una influencia creciente de Vox?
Estas preguntas presiden un momento político cada vez más agitado. Su resolución va a determinar el rumbo del país. Y todo se decidirá en los próximos meses.
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Un gobierno contra las cuerdas
Pedro Sánchez reitera su intención de agotar la legislatura, resistiendo hasta 2027, pero el gobierno de coalición está en una situación de máxima debilidad, acosado por casos de corrupción y escándalos de violencia machista. Y la perspectiva de un adelanto de las generales para el próximo año es cada vez más intensa.
Las elecciones en Extremadura, con una estrepitosa debacle del PSOE en uno de sus feudos históricos, añade todavía más presión.
Nadie puede negar que vivimos una mantenida campaña de acoso y derribo contra el gobierno. Los sectores y centros de poder, que ya vivieron como una derrota la reedición del gobierno de coalición en 2023, están lanzando furiosos ataques contra el actual ejecutivo.
Pero, paradójicamente, el PSOE está también contribuyendo a que avance el acoso contra el gobierno.
Los actuales casos de corrupción evidencian las estrechas relaciones de altas instancias del PSOE con círculos oligárquicos. Quien pagaba a Cerdán erá Acciona, constructora del Ibex-35.
Especialmente en el caso Salazar, el PSOE no solo no ha reaccionado ante graves episodios de violencia machista en sus filas, sino que ha intentado ocultarlos protegiendo a los agresores.
Y Sánchez insiste en presumir de gestión económica, afirmando que “a los españoles y españolas les renta este gobierno”. El Ibex-35 acaba de alcanzar los 17.000 puntos, un nuevo máximo histórico. Mientras el 80% vemos recortado nuestro poder adquisitivo, a golpe de alquileres, precariedad laboral, altos precios… Generando un hondo malestar social.
El gobierno intenta reaccionar prorrogando algunas de las medidas del llamado “escudo social”, que estaban a punto de decaer. Desde una subida general de las pensiones del 2,7% -que será de entre el 7% y el 11% para las más bajas-, a la prohibición de desahucios o cortes de suministros básicos para familias vulnerables.
Son medidas positivas, que benefician a la población. Pero no logran detener un aumento de la desigualdad que todos sufrimos. La última encuesta sobre tendencias sociales del CIS nos ofrece un dato revelador: el 70,4% considera que en los próximos diez años aumentarán las diferencias sociales y económicas.
El PSOE está también contribuyendo, con sus casos de corrupción, pero sobre todo con sus insuficientes políticas sociales, a que avance el acoso contra el gobierno.
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Mucho más que un cambio de gobierno
¿Qué supondría para la mayoría un gobierno del PP con apoyo de Vox? ¿Sería otro cambio de gobierno, como los que ya hemos vivido? ¿O se trataría esta vez de algo más?
Responder a esta pregunta es clave para entender quién y por qué está sacudiendo la política española para forzar un cambio de gobierno.
Algunos hechos nos ofrecen una inquietante respuesta a este interrogante.
Feijóo ha propuesto un cambio legal que supondría eliminar los comités de empresa en las pymes con menos de 250 trabajadores. Buena parte de obreros y trabajadores sin sindicatos. La principal organización de lucha debilitada. El marco perfecto para imponer un salto en la explotación.
Este verano Moreno Bonilla, presidente andaluz y supuestamente representante de los “moderados” del partido, planteaba que “la sanidad pública para todo y para todos, con una población cada vez más mayor, puede llegar un momento que sea inviable”. Mensaje claro: vayan haciéndose a la idea de que no van a poder seguir disfrutando de una sanidad pública, universal y gratuita como hasta ahora lo están haciendo.
Y en el debate político se pretende instalar la idea de que, tarde o temprano, deberemos cumplir con el mandato de dedicar el 5% del PIB a gasto militar, que todos los demás países europeos han aceptado. Un desembolso bélico incompatible con mantener el Estado del bienestar, las pensiones, la sanidad o la educación pública, como ahora lo disfrutamos.
A esto debemos añadir una nueva doctrina de seguridad nacional aprobada por EEUU que apuesta por dinamitar la UE, da apoyo abierto al avance de la ultraderecha, y pretende imponer a Europa un grado de vasallaje desorbitado.
Esto es algo más que un cambio de gobierno. Es mucho más. Supone alterar sustancialmente el modelo social, en perjuicio de la mayoría. Un giro impulsado desde EEUU pero al que se suma un Ibex-35 o una gran patronal española, que ven en él una oportunidad para incrementar, todavía más, sus ganancias.
Desde aquí podemos entender las razones de que fondos y grandes bancos estadounidenses, corazón de la burguesía norteamericana, reclaman elecciones anticipadas y afirman que “un gobierno del PP con Vox sería más estable”. O por qué bancos y monopolios españoles y la gran patronal de nuestro país afirman que anticipar las elecciones, que conducirían a un cambio de gobierno, es “un imperativo”.
Un gobierno como el actual, que se asienta en una base de votantes progresista y en apoyos parlamentarios en lo principal de izquierdas, no puede aplicar el drástico giro que los centros de poder, internacionales y nacionales, desean. Por eso apuestan por otro gobierno que impulse una política “sin complejos”; es decir, sin concesiones a la izquierda.
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¿Hacia dónde?
Estamos jugando una nueva partida, y las cartas ya se empiezan a poner boca arriba. Los comicios en Extremadura abren un ciclo electoral que se prolongará hasta el verano, en Aragón, Castilla y León y Andalucía. Donde va a establecerse una nueva correlación de fuerzas política. Diseñado para que una sucesión de derrotas para la izquierda fuerce un adelanto de las generales.
Pero nada está decidido todavía. Dependerá de lo que unos y otros hagan.
Y las elecciones extremeñas nos ofrecen lecciones que debemos tener en cuenta, en lo malo y en lo bueno.
La abstención se ha disparado 10 puntos. Hasta 100.000 extremeños, que votaron en 2023 no lo han hecho ahora. Se puede pensar que la convocatoria por separado de unas autonómicas ha influido. Pero el hecho, como revelan todos los analistas, es que la inmensa mayoría de abstencionistas son de izquierdas. No han votado a la derecha, pero no les ha convencido ninguna candidatura y se han quedado en casa.
En Extremadura se ha demostrado que ofrecer solo “el miedo a la derecha y la ultraderecha” no funciona.
Y en el otro extremo tenemos los excelentes resultados de Unidas por Extremadura. En unas condiciones muy difíciles para la izquierda casi han duplicado sus escaños en el parlamento autonómico. Han presentado una candidatura que agrupa a buena parte de la izquierda a la izquierda del PSOE, y eso ha sido premiado por los votantes. Donde se trabaja por la unidad se obtienen éxitos, donde impera la división y el enfrentamiento se fracasa. Los hechos lo confirman.
El país está “en el alambre”, con un riesgo real de que llegue al gobierno la alternativa más nociva para el pueblo. Pero el resultado no está escrito. Lo que sí ha quedado claro es que, para evitar un gobierno PP-Vox, es imprescindible plantear desde la izquierda una alternativa que pueda movilizar a la mayoría progresista, trabajando por la unidad.