El precio de la vivienda sigue descontrolado y se dispara un 8,1% en el tercer trimestre de este año, según el INE. El precio medio de los alquileres supera ya el Salario Mínimo. Éstos han subido el triple que los ingresos de las familias en los últimos 20 años.

La vivienda, como se evidencia en las manifestaciones -más de 700.000 personas se han manifestado por la vivienda en los últimos 8 meses- se instala cada vez más como el problema que, de forma persistente, más preocupa a los españoles y más incertidumbre genera en el conjunto del país, independientemente de la comunidad en la que se viva. La vivienda es un problema de Estado. Y ahora cada vez más. ¿No es ya necesario un acuerdo de Estado que garantice el derecho efectivo a la vivienda digna y asequible para vivir?

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de la vivienda, tanto nueva como de segunda mano, subió de media un 8,1% interanual en el tercer trimestre de 2024. Es la mayor subida en dos años y medio. Según el INE, la vivienda encadena 42 trimestres subiendo de forma ininterrumpida, desde el año 2014. Y sube en todas las comunidades autónomas, algunas como Navarra, Andalucía y Aragón por encima del 10%.

En los alquileres la escalada de precios está teniendo graves consecuencias, expulsa a los ciudadanos de sus barrios de residencia habituales; aumentan los desahucios (un 12,8% en el primer trimestre del año), 82 desahucios cada día por no poder pagar el alquiler o la hipoteca.

Según un estudio del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, el precio de los alquileres acelera los cambios de piso, obligando a los inquilinos a encadenar mudanza tras mudanza de forma no voluntaria sino por subidas de alquileres inasumibles. El 60% de los inquilinos en Madrid y el 80% en Barcelona han tenido que cambiar de piso en los últimos 5 años, al menos una vez, y hasta 2 o más veces. Son cambios forzosos los llamados “desahucios invisibles”, que afectan gravemente la estabilidad de las familias, sobre todo con menores”.

Un movimiento que recorre el país

Estas y otras noticias evidencian la gravedad de un problema que se refleja en el crecimiento del movimiento de lucha por la vivienda y que confirman las encuestas.

Siguiendo la oleada de movilizaciones por el derecho a la vivienda que viene recorriendo toda España se celebran en diciembre las últimas del año.

En Salamanca, este 1 de diciembre ha tenido lugar la primera manifestación por la vivienda que se celebra en la ciudad, convocada por la Asamblea de Inquilinas bajo el lema “¡Se acabó! Bajamos los alquileres”. Con reivindicaciones similares a las de las demás manifestaciones: por el derecho a la vivienda; exigencia a los gobiernos autonómico y estatal y a los ayuntamientos de una intervención inmediata del mercado de la vivienda, para regular los pisos turísticos, el alquiler de temporada, y sobre todo empezar por rebajar un 50% el precio de los alquileres.

En Bilbao la manifestación por el derecho a la vivienda está convocada por los sindicatos de vivienda para este 14 de diciembre.

Y en Vigo se celebrará el 17 de diciembre una manifestación convocada por CCOO y UGT.

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Un pacto de Estado por la vivienda

Si hay una reivindicación universal en todas las manifestaciones y en todos los territorios del país es que la vivienda es un derecho, y como tal debe ser tratado. Es el problema que más preocupa a los españoles y afecta al conjunto de la población, no hay familia que de una u otra forma, directa o indirectamente no le afecte. Es en definitiva un tema de Estado y un derecho recogido en el artículo 47 de la Constitución.

Los poderes públicos no solo no parten de la obligación constitucional de hacer efectivo este derecho, sino que la vivienda es parte del enfrentamiento político, de legislaciones que obedecen a intereses privados de las grandes constructoras, bancos o capitales de inversión… La especulación del suelo (también con los precios) es práctica habitual desde los ayuntamientos y gobiernos que tienen competencias… Todo menos garantizar el derecho de todos los españoles a “disfrutar de una vivienda digna y adecuada”.

La situación es cada vez más insostenible. Y es necesario dar una respuesta estructural para todo el país, un Acuerdo Nacional o Pacto de Estado por la Vivienda que saque este problema del enfrentamiento y el debate político cotidiano, como se hizo hace 30 años con las pensiones y la creación del Pacto de Toledo. Y que garantice este derecho en todo el país a todos los ciudadanos vivan donde vivan.

Necesitamos un compromiso histórico, que no sea moneda de cambio para investiduras o de una parte frente a otros, sino con participación de todas las fuerzas políticas del arco parlamentario; de las administraciones autonómicas y representantes de los poderes locales que tienen transferidas las competencias de vivienda y otras que se consideren…

Será necesario que se articule una Comisión de Seguimiento (partiendo y mejorando la experiencia del Pacto de Toledo) con un funcionamiento transparente y de máxima democracia, dando voz al movimiento de lucha por la vivienda.

Se necesita un plan integral a partir de un compromiso de mínimos que tenga en cuenta las demandas de la población y las propuestas de alternativas que profesionales, sindicatos y organizaciones de lucha por la vivienda presentan…