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En el primer gobierno de coalición de nuestra reciente historia democrática cohabitan dos fuerzas enfrentadas. No nos referimos a los dos partidos que la forman, PSOE y Unidas Podemos, que con sus más y sus menos, han aprendido a colaborar. Sino por un lado, a una mayoría social progresista que aspira a revertir los estragos de una década de recortes, y que ha hecho posible el gobierno más a la izquierda de Europa. Y por otro a las élites económicas, que no pudieron impedir su formación, pero no han renunciado a estar representados en la coalición. Dos episodios, la subida del salario mínimo y la reforma de las pensiones, han vuelto a poner en primer plano esta disputa.
El gobierno presidido por Pedro Sánchez, con una vicepresidencia y tres ministerios en manos de Unidas Podemos, ha subido las pensiones tomando como referencia el IPC, y ha alumbrado un acuerdo en el Pacto de Toledo, del que solo se ha distanciado Vox, y que supone en los hechos la liquidación de la reforma instaurada por Rajoy en 2013.
Esta es la influencia de la mayoría progresista, que ha ganado terreno en un tema tan crucial como las pensiones.
Pero, pocos días después de la presentación de ese histórico acuerdo, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, presentaba los ejes de una “reforma de las pensiones” que dinamitaba alguno de sus pilares esenciales.
Ampliando de 25 a 35 años el periodo de la vida laboral que se computa para establecer la pensión. Lo que significaría un recorte de las pensiones futuras de entre el 5,5% y el 7%.
Sustituyendo el IPC anual como referencia para revalorizar las pensiones por una fórmula que tomaría como referencia varios años para hacer una media y compensar los años de mayor subida con los de menor subida del IPC. Y que volvería a traducirse en una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, al subir la pensión por debajo del IPC.
Antes de ser ministro, Escrivá presidía la AIREF, un órgano cuya creación fue impuesta por la UE tras el “rescate” de 2012, con el único objetivo de “vigilar” al gobierno para limitar el gasto y cronificar los recortes.
Ahora, las disputas en el seno del gobierno de coalición giran también en torno a la subida del salario mínimo. Y vuelven a aparecer dos fuerzas con intereses contrapuestos.
Desde la moción de censura que en 2018 acabó con los gobiernos de Rajoy, el salario mínimo ha subido un 29%, pasando de 736 a 950 euros. Un incremento, en dos etapas, la última de ellas ya bajo el actual gobierno de coalición, desconocida en las últimas décadas en nuestro país.
Esta es la influencia, decisiva, de la mayoría progresista en una cuestión tan estructural como son los salarios.
Pero hay poderosas fuerzas, también con influencia sobre el actual gobierno, que pretenden ponerle límites. Sobre todo cuando el acuerdo de investidura contempla nuevas subidas del salario mínimo, hasta situarlo en el 60% del salario medio -lo que supondría situarlo en 1.100 euros, 150 más que los actuales-.
Esta es la razón de que se haya decidido congelar el salario mínimo para 2021. El Ministerio de Trabajo pretendía impulsar, al menos una subida del 0,9%, la misma aplicada a funcionarios y pensionistas. Y los sindicatos exigían al menos un incremento del 1,8%. Pero, bajo el argumento de que “hay que ser prudentes en tiempos de incertidumbre económica”, se ha impuesto mantenerlo en 950 euros.
La subida del 0,9% apenas suponía una media de nueve euros más en la nómina de los trabajadores con salarios más bajos. Si se ha vetado no es por una cuestión económica sino política. Y en esa pugna quien ha llevado la batuta, coincidiendo con la postura expresada por la gran patronal, ha sido la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, representante de la “ortodoxia económica” y con excelentes relaciones tanto con la Comisión Europea como con una parte importante de las élites económicas españolas -Ana Patricia Botín, presidenta del Santander, se felicitó por su nombramiento-.
Estas son las fuerzas que cohabitan en el gobierno