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Tras la primera votación de investidura protagonizada por Pedro Sánchez, entramos en una nueva etapa en las negociaciones sobre la formación del nuevo gobierno. Frente a las presiones de la troika para imponer nuevos recortes, existe una mayoría social que permitiría apostar por otro camino. Los resultados del 20-D crean las bases para poder formar un gobierno nacional contra los recortes y la regeneración democrática, que abarque desde el PSOE y Ciudadanos a Podemos, Compromís, IU o las Mareas. Esta es, de las alternativas hoy posibles, el gobierno que mejores condiciones crearía para la defensa de los intereses populares, y que se va abriendo paso entre cada vez más sectores progresistas.
En las primeras sesiones del nuevo parlamento se ha empezado a plasmar la nueva mayoría parlamentaria surgida de los resultados del 20-D.
Ante el acuerdo de la Unión Europea con Turquía, que impone una deportación masiva de refugiados, tanto PSOE como Ciudadanos, Podemos, IU, Compromís, En Comú y las Mareas han mostrado un rechazo común. Que incluso ha obligado al gobierno del PP a matizar su posición, inicialmente totalmente proclive a firmar el llamado “pacto de a vergüenza”. «Hay puntos de unidad que permitirían una confluencia entre PSOE y Ciudadanos y Podemos, IU o Compromís.»
Es un ejemplo claro, no solamente de los puntos de unidad que existen entre todas las fuerzas enfrentadas a la política de los gobiernos de Rajoy, sino sobre todo de la fuerza y las posibilidades que posee el acuerdo de todas estas formaciones para avanzar en un gobierno de unidad.
Frente a las valoraciones que presentan como incompatibles a Ciudadanos y Podemos o IU, y que obliga al PSOE a “elegir entre unos y otros”, la realidad es que existe entre ellos, en sus programas, puntos de unidad que permitirían formar una mayoría que se enfrentaría a los recortes de Rajoy y a los nuevos ajustes que exige Bruselas.
Y que están recogidos en el contenido del pacto alcanzado entre el PSOE y Ciudadanos. En torno a sus puntos nodulares (rechazo a la reforma laboral de Rajoy, paralización de las leyes más restrictivas como la “ley Mordaza” o la “ley “Wert”, oposición a que la reducción del déficit imponga nuevos recortes o copagos, medidas de ampliación y regeneración democráticas…) hay puntos de unidad que permitirían una confluencia entre PSOE y Ciudadanos y Podemos, IU o Compromís.
La realidad es que el acuerdo firmado entre PSOE y Ciudadanos deroga en los hechos parte de los recortes ejecutados por Rajoy, como gestor de las exigencias más duras de Bruselas y el FMI. Y con él sería más difícil aplicar la nueva vuelta de tuerca en la reforma laboral o el mayor recorte del gasto en las autonomías (responsables de buena parte de las políticas sociales) que Bruselas o Washington exigen.
Por eso, entre importantes sectores progresistas, avanzan las posiciones que, de una u otra manera, empujan en la dirección de hacer posible un gobierno articulado en torno a PSOE-Ciudadanos-Podemos.
Primero con el manifiesto “Necesitamos otro gobierno”, firmado por 20 intelectuales y profesionales, entre los que se encontraban Luis Eduardo Aute, Benjamín Forcano, Carlos Jiménez Villarejo, José Luis Martín Pallín, Federico Mayor Zaragozá o Juan Torres.
En él se planteaba que «satisfacer la demanda mayoritaria de los españoles y españolas que han votado en estas últimas elecciones obliga a formar OTRO gobierno», que responda al hecho de que los «tres partidos más fuertes que reclamaron, con un signo u otro, un claro cambio de tendencia (PSOE, Podemos y Ciudadanos) han sacado más del doble de los votos recibidos por el PP».
Y ahora con la posición de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, asegurando que “es viable que Podemos ,Cs y PSOE apoyen la investidura».
En el «otro lado», los principales centros de poder internacionales y nacionales buscan imponer un nuevo gobierno que garantice la ejecución de nuevos recortes.
La Comisión Europea ha exigido en una carta pública al gobierno español un nuevo paquete de recortes por valor de 8.600 millones de euros.
Y la agencia Moody´s, auténtico brazo armado financiero del gran capital norteamericano, advierte de que “la falta de gobierno no solo impide que se frente el aumento del déficit, sino que también se avance en las tímidas reformas estructurales acometidas. E incluso existe el riesgo de que se dé marcha atrás en algunas si alcanzan un acuerdo de Gobierno las fuerzas que se oponen a las mismas».
Impedir la formación de un gobierno de unidad contra los recortes que represente la voluntad de la mayoria social surgida del 20-D es la premisa de las fuerzas que pretenden imponernos todavía más recortes.
Intentando una nueva versión de la «gran coalición», con la ampliación hacia el PP del acuerdo entre PSOE y Ciudadanos. Un gobierno como este representaría una amenaza para los intereses populares y nacionales. Permitiría «sortear» o «reconducir» el amplio rechazo popular plasmado el 20-D, ofreciendo al hegemonismo y a la oligarquía una sólida mayoría parlamentaria para poder seguir desarrollando su programa de recortes.
Pero no solo juegan ellos. El 20-D una amplia mayoría, el 70% de los votos, más de 16,5 millones, apoyaron a las fuerzas que durante la campaña se enfrentaron a los recortes ejecutados por el gobierno de Rajoy. Lo que se traduce en una mayoría absoluta de diputados que permitiría formar un gobierno estable que represente a esa mayoría social.
Desde De Verdad hemos defendido la formación de un gobierno de amplia unidad contra los recortes y por la regeneración democrática, en el que se incluyan PSOE y Ciudadanos, y que se ampliara a Podemos, IU, Compromís, En Comú o las Mareas.
Sabemos que un gobierno presidido por Pedro Sánchez no va a enfrentarse a los mandatos de la troika o el FMI. Pero, por encima del carácter o la valoración sobre las fuerzas que deben integrarlo, un gobierno de unidad que representara a la marea ciudadana expresada el 20-D generaría mejores condiciones para avanzar en la lucha contra los recortes, y sobre todo para la acumulación de fuerza en el seno del pueblo frente al saqueo que pretenden imponernos.
Creando también peores condiciones para que la Comisión Europea o el FMI puedan imponernos la nueva oleada de recortes que ya nos exigen públicamente.