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La sesión del Congreso de ayer donde Zapatero dio explicaciones sobre la última crisis de gobierno centra la atención de la prensa nacional de hoy. Y la unanimidad es prácticamente absoluta. Desde los medios más afines (El Periódico, El Correo,…) hasta los más hostiles (El Mundo, ABC,…) coinciden en la debilidad política y parlamentaria de un Zapatero superado por la crisis y al que sólo lo sostiene (veremos en las próximas elecciones europeas hasta qué punto) la inexistencia de una alternativa capaz de capitalizar el creciente descontento ciudadano.
Ni la remodelación del gobierno ni los llamamientos a la confianza de Zaatero sirven de nada ante la cruda realidad de una crisis a la que no se le ve todavía fondo en España. Ayer mismo, mientras el presidente mostraba su convicción de que lo peor de la crisis ya ha pasado y que el trabajo que hay que hacer ahora es el del preparar la recuperación, el FMI volvía a ensombrecer las expectativas planteando en su último informe que Europa es la región del planeta que más se va a ver afectada por la crisis y que más tardará en recuperarse. Y no es necesario señalar que España forma parte del grupo de países europeos que –tras los países de la Europa central y oriental recién incorporados– ocupan el segundo furgón de cola de la UE. Una situación en la que la combinación de la profundidad de la crisis con la debilidad política del gobierno lleva a un medio tan cercano al PSOE como El Periódico de Cataluña a señalar que aunque “no estamos aún ante una crisis de gobernabilidad”, sí nos encontramos “ante un evidente debilitamiento de la mayoría socialista en un momento crítico”. Cada día que pasa, aumenta la importancia de las elecciones europeas como un test político-social al gobierno. Sus resultados, en determinadas condiciones, pueden convertir la debilidad de Zapatero en una auténtica crisis de gobernabilidad que acelere las perspectivas de un adelanto electoral antes de cumplirse la mitad de la legislatura. Editorial. El Mundo UN GOBIERNO YA SIN CRÉDITO Y CADA VEZ MÁS AISLADO LA COMPARECENCIA de Zapatero ayer en el Congreso para explicar la crisis de Gobierno puso de manifiesto que el presidente ha fracasado en su intento de dar un golpe de efecto para generar confianza mediante la sustitución de Solbes por Salgado y la incorporación de dos políticos curtidos como Chaves y Blanco en el Consejo de Ministros. La oposición dejó muy claro que no está dispuesta a conceder al nuevo Gabinete ni los 100 días de gracia protocolarios, ni los 30 que de forma oficiosa había pedido el entorno del presidente. El que Zapatero no fuera capaz de explicar con seriedad y rigor las razones que han motivado el cambio de banquillo ha acentuado más si cabe su aislamiento parlamentario y ha contribuido a consolidar la certidumbre de que carece de un planteamiento serio para sacar a España del atolladero económico. Zapatero aventuró que nuestro país se encuentra «en la primera línea de la esfera internacional», presentó los cambios de su Gabinete como un ajuste a los criterios de la cumbre del G-20 y los justificó en la necesidad «de acelerar la recuperación» y de «mantener vivas las señas de identidad del proyecto progresista, como son las políticas sociales y la cultura española». Lo cierto es que con argumentos tan endebles y absurdos sólo consiguió recalcar el grado de improvisación con que ejecutó el cambio de carteras ministeriales. Todos los partidos vapulearon a Zapatero y se mostraron muy críticos con el nombramiento de Chaves como vicepresidente de Política Territorial, pero especialmente certero y contundente fue Mariano Rajoy. El líder del PP ironizó sobre la insospechada relación entre el G-20 y el relevo de César Antonio de Molina y puso el dedo en la llaga cuando aseguró que «al no querer enmendarse en sus políticas», Zapatero sólo conseguirá que marchemos «mucho más resueltamente hacia el abismo». El presidente salpicó de descalificaciones contra sus rivales políticos su habitual voluntarismo, si bien volvió a fiar la recuperación económica a las medidas puestas en marcha hasta ahora y a una «potencial reactivación del consumo» como consecuencia de un futurible aumento de la confianza. Es ilusorio pensar que los ciudadanos vayan a mejorar su percepción sobre el futuro por un mero cambio de caras en el Gobierno. Sobre todo, cuando las políticas acometidas se han revelado ineficaces -si no contraproducentes- para frenar el deterioro económico. Y más aún, cuando todos los organismos solventes vaticinan que el temporal, lejos de amainar, se agravará. De hecho, los llamamientos a la confianza de Zapatero en el Congreso volvieron ayer a darse de bruces contra las previsiones del Fondo Monetario Internacional. Los portavoces de la institución económica esbozaron el abismo al que había hecho referencia Rajoy, al advertir de que la recesión en España durará al menos un año y medio, que nuestro PIB caerá un 3% en 2009 y que en 2010 nos acercaremos a una tasa de paro de casi el 20%, más del doble de la media pronosticada para las economías desarrolladas. Además, ha previsto un año «muy difícil» para la banca española, por lo que ha augurado fusiones. En este sentido, la Confederación Española de Cajas de Ahorros reprochó ayer al Gobierno que no esté elaborando un plan de contingencia para el sistema financiero que contemple riesgos «catastróficos». Zapatero perdió una oportunidad al optar sólo por un cambio de nombres en el Gobierno. Sólo un cambio radical de política, en pos de un pacto de Estado que incluya estrictas medidas de ahorro en todas las administraciones y una reforma laboral en profundidad, podrán apartarlo -y salvarnos a todos- del precipicio al que nos dirigimos. EL MUNDO. 23-4-2009 Editorial. El Correo GOBIERNO APURADO La doble reprobación que recibió ayer el Gobierno en el Congreso por la remodelación ministerial y por la gestión de la política económica subraya las dificultades que sufre el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero para imponer su discurso y su estrategia ante una soledad parlamentaria que no debería trivializar por más tiempo, aun cuando la misma no se haya traducido en la configuración de una mayoría alternativa en los escaños de la oposición. No se trata ya sólo de la debilidad que atenaza la acción de los socialistas, a los que un grupo de la minoría reprochó que estén intentando procurar acuerdos justo cuando han visto esfumarse sus inestables apoyos; especialmente tras la pérdida como aliado de un PNV que volvió a mantener en la Cámara Baja un duro pulso con el presidente. El hecho de que se hayan hecho tan visibles y recurrentes los apuros del Ejecutivo para hacer prevalecer su acción de gobierno por encima de las estrecheces parlamentarias está ejerciendo, sobre todo, un efecto muy negativo sobre la confianza que precisa la respuesta frente a la crisis para poder ser, además de efectiva, creíble. En este sentido, Rodríguez Zapatero desaprovechó ayer la oportunidad, en una intervención precisamente al efecto, para explicitar los motivos de los cambios introducidos en su Gabinete y los objetivos inmediatos para combatir la recesión. Sus explicaciones, en medio de las críticas generalizadas del resto de los grupos, no despejaron las dudas sobre en qué momento cree el Ejecutivo que se encuentra la crisis, después de que el presidente insistiera en su convicción en que el trabajo que queda por delante es el del despegue hacia la recuperación. El contraste de este pronóstico con vaticinios tan oscuros como el del FMI, que en su nueva revisión a la baja de las previsiones de crecimiento mundial augura una contracción de la economía española del 3% este año, y la brecha abierta entre el Gobierno y la oposición sólo pueden traducirse en inquietud para los agentes económicos y la sociedad en su conjunto. Sigue urgiendo la construcción de un terreno compartido que permita proyectar un cobijo institucional y político ante los rigores del ciclo recesivo, pero también para preparar una recuperación que se atisba muy trabajosa. EL CORREO. 23-4-2009 Editorial. El Periódico NADIE DA 100 DÍAS AL NUEVO GOBIERNO El sistema parlamentario español sigue padeciendo una rigidez que aleja los debates de las preocupaciones inmediatas de los ciudadanos o los fija con demasiado retraso. Es el caso de la comparecencia, ayer, del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados para debatir la reforma del Ejecutivo realizada el 7 de abril –hace más de dos semanas–, unos cambios ministeriales sobre los que ya se han pronunciado reiteradamente todos los protagonistas políticos y de los que ha habido cientos de análisis, tanto en la prensa como en los órganos de expresión de la sociedad. En tiempos en los que la información circula a extraordinaria velocidad, comparecencias como la de ayer parecen un simple trámite que, eso sí, obedece a unas elementales normas democráticas. Pero dicho esto, no está de más sacar algunas conclusiones de la sesión. La primera es la soledad de los socialistas. Todos los grupos fueron tremendamente críticos con la remodelación gubernamental hecha por el presidente y acusaron, no sin cierta demagogia, a Rodríguez Zapatero de aumentar el gasto público por crear una tercera vicepresidencia. Nadie concedió al presidente el periodo de gracia que, en tiempos que parecen definitivamente finiquitados, se concedía a un nuevo Gabinete. La tarea del PSOE de obtener los apoyos suficientes para aprobar leyes importantes –caso de los presupuestos generales del Estado– se antoja mucho más difícil de lo que se presumía hace unas semanas en las filas socialistas, cuando se dibujó el alejamiento definitivo del PNV por el pacto PSE-PP en Euskadi. No estamos aún ante una crisis de gobernabilidad, pero sí ante un evidente debilitamiento de la mayoría socialista en un momento crítico. El presidente Zapatero justificó los cambios en su equipo por la necesidad de ser "más rápidos y eficaces" en la lucha contra la crisis, como recomienda el G-20. Tal argumento, que no deja en muy buen lugar al exvicepresidente económico Pedro Solbes, parece demasiado endeble, como acertadamente señaló Rajoy, para justificar destituciones como la del anterior ministro de Cultura. El tardío debate sobre los cambios de ministros brindó una oportunidad a Zapatero para repasar las medidas económicas adoptadas por su Gobierno, que, según dijo, han empezado ya a dar sus frutos. Esta parece una afirmación arriesgada cuando cada día recibimos un aluvión de datos negativos. EL PERIÓDICO. 23-4-2009 Editorial. El País PENSIONES EN CONFLICTO El enfrentamiento del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, con el Gobierno, en especial con el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, a cuenta de la viabilidad del sistema de pensiones, ofrece motivo de reflexión en cuestiones tan variadas como la oportunidad política de las declaraciones del gobernador, la resistencia de los Gobiernos a admitir que, por extraño que les parezca, los reguladores independientes pueden e incluso deben emitir opiniones independientes y, por supuesto, sobre el núcleo de la cuestión, que es determinar si Fernández Ordóñez tiene razón en lo accesorio -si la recesión liquidará el superávit de la Seguridad Social- y en lo fundamental, es decir, si hay que actuar ahora para garantizar el sistema de pensiones públicas en el futuro. Todas estas cuestiones están entremezcladas, como suele suceder en los endemoniados debates públicos en España, y el ruido resultante confunde al ciudadano. Sobre la oportunidad de las palabras del gobernador, al asegurar en el Congreso que el superávit de la Seguridad Social podría desaparecer, el argumento más contundente es que su opinión fue reclamada por los diputados. Así que los aspavientos del ministro de Trabajo exigiéndole que no haga diagnósticos ni proponga recetas son superfluos; sobre todo cuando el Banco de España reconoce que la última decisión es política. Para medir esta inconsistencia basta con imaginar lo que hubiera dicho el Gobierno en el caso de que Fernández Ordóñez hubiera anunciado que las pensiones en España no corren riesgo alguno y que la Seguridad Social tendrá superávit por siempre jamás. En lugar de reproches, el Ejecutivo hubiera ponderado su prudencia. Se sobrentiende que la airada reacción del ministro se debe a la delicada situación económica y política que provoca la recesión; pero lo más elegante hubiera sido reconocer que la reforma es necesaria, pero no urgente. Sobre la viabilidad de las pensiones, el gobernador tiene razón, aunque el problema más acuciante hoy es restaurar el funcionamiento del sistema bancario, y no las pensiones o el mercado laboral. Más temprano que tarde, la recesión destruirá el superávit de la Seguridad Social, sobre todo si se cumplen los presagios de que la economía española se recuperará más tarde que las economías europeas. Nada más lógico que subir la edad de jubilación, aumentar el número de años de cotización para calcular la pensión o suprimir los topes salariales de cotización si se quiere reforzar los ingresos del sistema. No es tan obvio, en cambio, que la propuesta de que se descuente a los pensionistas lo cobrado en exceso por la caída de la inflación sea viable. Las pensiones españolas distan de ser remuneraciones aceptables y no conviene aumentar más la distancia con las pensiones de la eurozona. El coste de no ajustar las pensiones a la caída del IPC no justifica la aplicación de una disposición tan injusta y políticamente tan gravosa. EL PAÍS. 23-4-2009