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Arnaldo Otegi, líder de Bildu, tendrá que volver a sentarse en el banquillo por el caso Bateragane, relativo a la reconstrucción de una Batasuna entonces ilegalizada por su vinculación directa con ETA. Es un nuevo episodio de un caso que adquirió un nuevo giro cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) invalidó el juicio por valorar falta de imparcialidad en el tribunal.
¿Qué hay detrás de este nuevo episodio? ¿Qué consecuencias políticas tiene, tras el criticado apoyo de Bildu a los presupuestos generales presentados por el gobierno de coalición?
Se puede disentir de la decisión del Supremo, pero no estamos, como afirman desde Bildu a ERC o PNV, ante una justicia española que para “criminalizar al independentismo” quiebra las garantías procesales y “está dispuesta a desobedecer a Estrasburgo”, sede del TEDH.
Hay poderosas fuerzas que utilizan el apoyo de Bildu como munición contra el gobierno. Pero si pueden hacerlo es por el carácter tóxico de personajes como Otegi, miembro de ETA en los setenta y ochenta.
El intrincado camino del caso Bateragane expresa exactamente lo contrario. Otegi y los otros tres dirigentes de Batasuna juzgados en 2011 fueron condenados no por ser independentistas, sino por reorganizar bajo la dirección de ETA una Batasuna ilegalizada por su conexión orgánica con la banda terrorista.
A partir de entonces, todas las revisiones judiciales del caso han beneficiado a Otegi. El Supremo rebajo de 10 a 6,5 años las condenas máximas establecidas por la Audiencia Nacional. Y cuando el TEDH utilizó un defecto de forma (que la magistrada echara en cara a Otegi no condenar explícitamente el terrorismo), el Supremo anuló inmediatamente la condena.
Tampoco es cierto que el Supremo se salte a la torera la resolución del TEDH, que cuando invalidó la condena afirmó que “la forma más apropiada de reparación sería, en principio, celebrar un nuevo juicio o reabrir el caso”.
Otegi ya cumplió seis años de prisión por esta condena. No se van a repetir. Pero sí puede reactivarse la inhabilitación para ejercer cargo público, que fue levantada al anularse el juicio.
Conviene dejar claro estos hechos, cuando se utiliza la decisión del Supremo -que puede discutirse, como han hecho parte de los fiscales o incluso la Audiencia Nacional- para intentar degradar la imagen de España, presentada como un país antidemocrático que se salta las normas del derecho.
Otra cosa es la lectura política de este hecho. Otegi afirma que “se enmarca en el empeño de la extrema derecha en desestabilizar el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos”, y lo califica como “una enmienda a la totalidad a los Presupuestos”, que Bildu apoya.
Hay poderosas fuerzas que utilizan el apoyo de Bildu como munición contra el gobierno. Pero si pueden hacerlo es por el carácter tóxico de personajes como Otegi. Miembro de ETA en los setenta y ochenta, y posteriormente ariete de los reaccionarios planes de los Arzallus e Ibarretxe.
Bildu tiene derecho a participar plenamente en la política española, en función de los votos recibidos. Y negarlo sería antidemocrático. Pero una cosa son los sectores de Bildu procedentes de Aralar, independentistas que condenaron hace años el terrorismo, como el diputado Jon Iñárritu, que recientemente expresó en el Congreso su “solidaridad profunda” con un diputado de Vox, padre de un guardia civil asesinado por ETA. Y otra muy diferente personajes como Otegi, que todavía nos deben una condena del terror que ellos contribuyeron a imponer.