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Posiblemente sea difícil encontrar una imagen más exacta que la utilizada por Carlos Sánchez en El Confidencial para describir la respuesta que los grandes Estados de los países desarrollados están dando ante la crisis. Para él, los Estados se están dando a la deuda como los alcohólicos a la bebida. Y ya se sabe que hay pocas adicciones más fuertes y peligrosas que esa. Sobre todo si uno, como es el caso de la economía española, no está dotado de una constitución sana y robusta.
Con un endeudamiento úblico, que de seguir el ritmo actual llegará a los 120.000 millones de euros en este año, un 12% del PIB, pero que en el curso de los dos siguientes aumentará en más de 300.000 millones de de euros para situarse en el 66%, el Estado español corre el riesgo de quedar situado en el apartado con el que hoy se describe la situación de algunos grandes bancos norteamericanos: el de zombis.Es decir, entidades que “actúan en realidad como muertos vivientes, ya que sobreviven gracias a sus malas artes contables (con el consentimiento del supervisor) o a que reciben fondos públicos para seguir al pie del cañón”. Algo similar, desde su punto visto, es lo que puede llegar a ocurrir con España con un gobierno y una clase política “dispuestos a mantener el nivel de vida de sus ciudadanos” (es un decir, porque la menos para cuatro millones, 5 dentro de nada, no se puede decir exactamente que el gobierno les está manteniendo el nivel de vida) aunque sea a “costa de arruinar el porvenir de las próximas generaciones”. Pagando con dinero ajeno los gastos de hoy, con tal de no tocar la distribución de rentas y salarios, no llevar una política de ahorro para invertir en el el necesario cambio de modelo productivo.Una política costosísima para el país, pues no hace más que tapar bajo la alfombra los problemas de hoy, consumiendo los recursos de mañana.Opinión. El ConfidencialESTADOS ZOMBI Y DEUDA PÚBLICA, LA BOMBA A PUNTO DE ESTALLARCarlos Sánchez¿Cuánta deuda pública puede asumir un país del tamaño de España sin hipotecar su futuro? La pregunta puede parecer retórica -o incluso pretenciosa- habida cuenta de la que está cayendo. Pero aún así sorprende que un asunto tan transcendental como el volumen de deuda pública en circulación pase de puntillas por la agenda de la clase política. Ni en el Debate sobre el estado de la Nación ni en la reciente comparecencia de la ministra Salgado en la Comisión de Economía del Congreso se mencionó este asunto como uno de los grandes problemas del país.La causa de tan sorprendente comportamiento del Gobierno y la oposición probablemente tenga que ver con eso que algunos han llamado ‘infantilización’ de la política, que consiste en ofrecer a los electores mensajes facilones y elementales para que actúen en sus mentes de manera compulsiva a modo de mantra. Desde Moncloa se repite de forma machacona que el Gobierno está impulsando un nuevo modelo productivo, como si con sólo aprobar una Ley llamada pomposamente de economía sostenible fuera suficiente para cambiar la suerte de un país. Mientras que la oposición parece empeñada en repetir a cada minuto lo que todo el mundo sabe, que en España hay mucho paro. Se habla, eso sí, de austeridad en las cuentas públicas, pero al mismo tiempo se propone aumentar las deducciones por compra de viviendas o una rebaja más o menos generalizada de impuestos y cotizaciones sociales.Mientras esto ocurre, sin embargo, algo extremadamente importante está pasando. El Estado, como si fuera un alcohólico, se ha dado a la bebida. Hasta tal punto que en el primer cuatrimestre sus necesidades de endeudamiento (para financiar el déficit público) se han situado ya en 43.986 millones de euros. Una cifra verdaderamente colosal que significa que, de continuar este ritmo, el año acabará con 120.000 millones de euros de deuda nueva. O lo que es lo mismo. Este país se endeuda cada mes en más de 10.000 millones de euros sin que haya un verdadero debate nacional sobre cuál es el nivel sostenible de deuda.Lo que está pasando recuerda de alguna manera a lo que Joseph E. Stieglitz denomina bancos zombis, expresión que alude a las entidades financieras que actúan en realidad como muertos vivientes, ya que sobreviven gracias a sus malas artes contables (con el consentimiento del supervisor) o a que reciben fondos públicos para seguir al pie del cañón.Los Estados, que se sepa, todavía no practican la ingeniería contable más allá de lo razonable, pero actúan como si fueran zombis. Algunos están prácticamente quebrados, pero parecen dispuestos a mantener el nivel de vida de sus ciudadanos aún a costa de arruinar el porvenir de las próximas generaciones. Pagan con dinero ajeno lo que no está escrito, y todo por no decir la verdad a los ciudadanos: que esto no da para más y que el mundo ha vivido por encima de sus posibilidades, por lo que no hay otra solución que gastar en función de lo que cada economía sea capaz de producir.Un ejemplo puede ilustrar mejor que ninguna otra cosa este razonamiento. Si se cumplen las previsiones, la deuda pública española crecerá entre 2007 y 2010 nada menos que en 300.000 millones de euros (del 36,2% del PIB al 66,2%), una cifra verdaderamente descomunal. Sin embargo, esta evolución no parece llamar mucho la atención de la opinión pública. Probablemente como consecuencia de lo que podría denominarse ‘pensamiento Krugman’. El último premio Nobel de Economía, como se sabe, fía la recuperación a que el Estado tire de chequera. Lo repite por medio mundo, y como queda la mar de bien (nadie quiere reducir su nivel de vida) lo repite hasta la extenuación. Pero Krugman obvia que las recetas económicas a nivel planetario son simplemente absurdas.Es ridículo pensar que equivalentes niveles de déficit en España y EEUU tienen las mismas consecuencias. Se trata de un gran error. Mientras que España el aumento del déficit se debe fundamentalmente al efecto combinado de una fenomenal caída de los ingresos públicos y a un fuerte aumento de los llamados estabilizadores automáticos (desempleo), en EEUU el desequilibrio fiscal tiene que ver con los paquetes de estímulo económico, ya que el Estado de bienestar es residual.Quiere decir esto que en el primer caso el efecto multiplicador del gasto público sobre la economía es muy limitado, ya que el dinero se destina a mantener el nivel de rentas, mientras que en el segundo caso su impacto sobre la economía es mucho mayor, toda vez que su objetivo es estimular la productividad de la economía a medio y largo plazo. La cuestión, por lo tanto, no es gastar más, sino gastar mejor. ¿Es razonable mantener un sector automovilístico subsidiado cuando es más que evidente que tiene un problema de sobrecapacidad productiva?Estamos, por lo tanto, ante realidades bien distintas, y por eso sorprende que desde algunos foros se minimicen las consecuencias que tiene para la economía un endeudamiento que a largo plazo puede limitar el crecimiento. No por su cuantía (que todavía es menor que en la UE) sino por la velocidad de su deterioro.El paralelismo entre España y EEUU se puede hacer con otros países europeos como Francia o Alemania, donde el desempleo es sensiblemente inferior, lo que permite a sus respectivos gobiernos invertir en sectores de futuro. Como se ve, una sutil diferencia.No quiere decir esto que haya que recortar la cobertura del desempleo. Lo prioritario es podar los beneficios fiscales (el dinero que deja de recaudar Hacienda por todo tipo de deducciones y desgravaciones), que hoy tienen gran capacidad para limitar la potencia recaudatoria de los impuestos. Hasta convertirse en una especie parasitaria del sistema económico. Y que en 2009 ascenderán a nada menos que 61.478 millones de euros. Mucho dinero que se podría utilizar de forma más racional para combatir la crisis y estimular el crecimiento. Sin hipotecar a nuestros hijos.EL CONFIDENCIAL. 26-5-2009El País. EditorialACTIVIDAD BAJO MÍNIMOSEn mayo, por tercer mes consecutivo, la inflación armonizada española en términos interanuales ha sido negativa. En este caso del -0,8%, circunstancia que ha recrudecido el temor de que la economía española se encuentre en un proceso deflacionista que complicaría todavía más la dificultosa recuperación, prevista en el mejor de los casos para finales de 2010. Por el momento, el riesgo deflacionista es bajo, aunque tal como pasan los meses aumenta de forma alarmante; en todo caso, para declarar la alarma se requiere un periodo más largo de caída general del IPC y un porcentaje elevado de actividades y mercados con expectativas de que sus precios descenderán a corto y medio plazo.Esta situación no se da hoy en España. Lo más probable es que el precio del petróleo se recupere de inmediato -ya está en torno a los 60 dólares- y vuelva a inyectar presión sobre los precios españoles. Pero el peldaño que está bajando el IPC preocupa por otras cuestiones. Introduce tensión en la política de rentas, porque los sindicatos se resisten a acomodar los salarios a la situación inédita de caída de los precios. Y, sobre todo, la llamada desinflación estadística revela un descenso de la actividad económica más profundo que el que pronostican las previsiones oficiales y oficiosas.Según los indicadores disponibles hoy, la previsión de una contracción del PIB en torno al 3,5% en 2009 parece benévola. Salvo que brote algún atisbo de recuperación en los últimos dos trimestres, lo más probable es que la evolución del PIB esté entre el -4% y el -4,5%. Ahora la caída de la actividad es tan intensa, que en los cuatro primeros meses del año la recaudación tributaria ha bajado en más de 11.000 millones de euros, equivalentes al 1% del PIB; en concreto, la del IVA, que refleja con cierta precisión la marcha de la actividad económica, descendió casi el 34%. Es posible que algún día lleguen los brotes verdes que menciona la vicepresidenta Salgado; pero ese día no está próximo.EL PAÍS. 29-5-2009Editorial. ABCAMENAZA DE DEFLACIÓNPOR más que la ministra que vislumbró «brotes verdes» en nuestra economía pretenda que la caída de precios durante tres meses consecutivos no signifique una amenaza de deflación, ésta existe. Con los datos conocidos ayer del IPC armonizado -se sitúa ya en -0,8 por ciento-, la deflación acecha. La ministra se fija sólo en los precios del petróleo y argumenta que su reducción a menos de la mitad sobre los de hace un año explica perfectamente la caída de los precios y que por ello conviene no incurrir en ningún alarmismo. El petróleo y los alimentos sin elaborar -materias primas sometidas a mercados globales- son para la vicepresidenta Elena Salgado los factores que explican que la tasa de inflación española circule por debajo de la media europea. Sin embargo, hay otros factores que el Gobierno pasa por alto. Por lo mismo que era difícil explicar, sin una referencia a la pérdida crónica de productividad y competitividad, el hecho de que los precios españoles crecieran por encima de la media de la zona euro, ahora ocurre lo contrario. Para explicar la caída del nivel de precios hay que reparar en lo que ya empieza a ser un serio hundimiento del consumo y una severa caída de la demanda interna, que fuerza a la oferta a reducir precios para atraer clientes.Basta observar cualquier comercio para apreciar la multiplicación de ofertas y el ajuste de precios en la mayor parte de los establecimientos. Para reducir inventarios, para vaciar almacenes, hay que atraer clientes con precios más bajos. Y en no pocos casos parece que los comerciantes tratan de evitar pérdidas mayores admitiendo vender sin margen de beneficio o, incluso, perdiendo en algunos casos. Son ya tres meses consecutivos con una tasa de IPC global negativo: una décima en marzo, dos en abril y ocho en mayo. De esta manera, España ya ha recorrido la mitad del camino para certificar técnicamente una situación de deflación, que los economistas califican como de caída sistemática del nivel de precios durante un período de dos trimestres. Desde que hace casi medio siglo el INE empezase a medir en España el IPC con criterios técnicos homologados a nivel internacional, ésta es la primera vez que ocurre un fenómeno de deflación, que responde a una situación económica de emergencia. Mientras, el Gobierno sigue amarrado al mástil del optimismo. Se equivocó al apreciar el riesgo de recesión, al prevenir el aumento del paro y puede equivocarse una vez más en la apreciación de la deflación.