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El vicepresidente Pablo Iglesias anunció hace unos días que en dos semanas habrá una ley para paralizar los desahucios. El Ejecutivo ya había aprobado un decreto durante la pandemia con la intención de frenar los lanzamientos en los casos de consecuencia directa de la crisis. Sin embargo, este decreto no podía evitar todos los desahucios, por ello un decreto nuevo está en camino.
A pesar de la “sorpresa” del ministro José Luis Ábalos ante la noticia de un desahucio de una familia en Carabanchel porque “en teoría no está permitido” o de las declaraciones de Ana Botín, presidenta del Santander, defendiendo que “los bancos no hemos desahuciado a nadie desde 2012”, la realidad en nuestro país es bien distinta.
Según un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hay 162 desahucios en España por cada día hábil en este año 2020, a pesar de la paralización de la actividad judicial entre el 14 de marzo y el 4 de junio. En el año llevamos más de 12.000 desahucios, una cifra bastante difícil de dejar pasar por alto.
El ministro Ábalos ha afirmado que se trata de ampliar en un plazo mayor de tiempo la actual moratoria de desahucios, vigente hasta el 31 de enero, y que permita acogerse a ella a personas “en situación de vulnerabilidad social anterior al Covid”. Ha comentado su intención de implicar en el decreto a ayuntamientos y comunidades, que las situaciones de vulnerabilidad social puedan ser acreditadas por los servicios sociales de los municipios y “no queden en manos exclusivamente de los jueces”. Pablo Iglesias, por su parte, ha hablado de “acabar con todos los desahucios sin alternativa habitacional durante esta emergencia”, independientemente de que la causa esté directamente relacionada con la pandemia o no.
Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) lanzaron anteriormente una campaña para presionar al Gobierno y conseguir «la aprobación inmediata de un nuevo decreto que suspenda todos los desahucios y cortes de suministros de familias vulnerables que carezcan de la alternativa habitacional, adoptando las compensaciones adecuadas, en el caso que fuera necesario, en los desahucios de pequeño propietario». La presión popular es efectiva y necesaria.
Los desahucios deben ser totalmente prohibidos y esto debe ir acompañado de otras medidas, como la regulación del precio de los alquileres y la inversión para crear empleos estables y de calidad. Debe cumplirse el derecho universal a unas condiciones básicas de vida digna, a una vivienda y a un empleo. Más allá de cómo quede finalmente la norma que se apruebe, es una buena noticia porque es un buen comienzo. Demuestra una vez más que el gobierno progresista, con sus luces y sus sombras, está bajo un notable influjo de las exigencias de la mayoría social progresista. Por eso, las organizaciones populares tienen que practicar con él una doble relación de apoyo y exigencia.