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El 31 de diciembre de este año vencían varias de las principales medidas del «Escudo social». Ahora, gracias a la iniciativa de EH Bildu, que el gobierno ha aceptado, se prorrogarán hasta 2026. Son al menos tres: la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables, la prohibición de cortes de suministros básicos (luz, agua y gas), y la prórroga del bono social eléctrico.
Es una medida positiva, y absolutamente necesaria, que ha protegido a muchas familias, y sin la cual el drama social de los desahucios sería aún mayor, mucho mayor.
Según estimaciones de organizaciones como la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), ASVAL (Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler) y el Observatori DESC, la moratoria ha suspendido o detenido alrededor de 60.000 desahucios de familias vulnerables desde su implementación en 2020 hasta finales de 2025.
Pero no basta con prorrogar esta moratoria y otras medidas del Escudo Social. Hay que multiplicar los medios y el celo para velar por que se cumpla estrictamente, y no parcial o arbitrariamente. Y hay que fiscalizar, denunciar y penalizar a los juzgados y poderes públicos que no la apliquen, o lo hagan displicentemente.
Porque los desahucios se siguen produciendo, y son demasiados. Desde 2020 hasta 2025 (con datos hasta el tercer cuatrimestre) se han producido en España 160.601 desahucios, la inmensa mayoría (73%) por impago del alquiler, por ejecuciones hipotecarias de bancos (17%), y sólo una minoría por ocupaciones ilegales.
De esos 160.000 lanzamientos hay miles de casos de personas en situación de vulnerabilidad, para los cuales los juzgados han ignorado la moratoria. Casos como el del desahucio de Mari Carmen, una vecina de 87 años del barrio madrileño de Retiro, que fue frenado sólo gracias a la presión vecinal. O el caso del lanzamiento de otra familia vulnerable -Zohra, su marido y su hijo menor de edad- hace unos meses en el barrio de Lavapiés, donde un juez decidió “esquivar” la ley.
Como denuncia la PAH, «la falta de claridad de la norma; la arbitrariedad de los jueces para aplicarla, constatada por el propio Tribunal Constitucional; la falta de cobertura de todos los desahucios, como los de las familias vulnerables que han ocupado viviendas vacías después de la pandemia, o los de aquellas inquilinas, como Mari Carmen, con contratos de renta antigua, son algunas de las causas que explican que solo uno de cada cuatro lanzamientos (de personas vulnerables) se suspenda».
Dada esa arbitrariedad a la hora de aplicar la ley -y la ausencia de medidas que obliguen a hacerlo a los poderes públicos- no es extraño que en 2024 se ejecutaran 24.306 desahucios y, en los dos primeros trimestres de 2025, 14.673 lanzamientos.
Como denuncian los datos del Observatori DESC (2024), «si bien la moratoria es la primera norma estatal que recoge la obligación de las Administraciones Públicas de realojar a familias en situación de vulnerabilidad, solo se ofrecen medidas de alojamiento alternativo temporal en un 2% de los casos, y tan solo se ofrecen viviendas sociales en un 3% de los mismos»
Por ello, como exige la PAH, «es fundamental aprobar de forma urgente la conversión de la moratoria en una medida de carácter estructural, ampliando su cobertura a todos los desalojos de familias en situación de vulnerabilidad, limitando la arbitrariedad para considerar qué familias son dignas de protección, y asegurando que los informes de servicios sociales son suficientes para acreditar la vulnerabilidad».