Un escándalo para un cambio polí­tico

En un intento de ponerle fin a la crisis, el primer ministro Gordon Brown indicó que todos los diputados laboristas que hubieran abusado del sistema de gastos parlamentarios no representarí­an al partido en la Cámara de los Comunes o el gobierno. En un sentido similar se pronunciaron el lí­der de los conservadores, David Cameron, y el de los Liberal Demócratas, Nick Clegg. Los conservadores subieron la apuesta diciendo que la única salida para la crisis era la disolución del Parlamento y una elección anticipada, pero analistas polí­ticos coinciden en que esto es altamente improbable. Por la noche trascendió que los tres partidos habí­an llegado a un acuerdo para un sistema interino reformado de gastos parlamentarios en una reunión presidida paradójicamente por el mismo Michael Martin.

Algunos aseguran que todo comenzó durante la gestión de Margaret Thatcher. La Dama de Hierro, renuente a aumentar los salarios de los arlamentarios cuando ella propiciaba el congelamiento para el resto de la población, fue quien estableció el sistema de opulentos reembolsos de gastos. Algo que pronto se interpretó como una compensación salarial «en negro». Los gobiernos pasaron, los salarios fueron incrementados -incluso por encima de los niveles de inflación-, pero el sistema de dadivosos reintegros continuó vigente y se convirtió así­ en un privilegio de la clase polí­tica. En ese clima de excepcionalidad, el camino quedó abierto para flagrantes abusos.El escándalo, que comenzó con cuentagotas hace un par de meses con revelaciones sobre la ministra del Interior, Jaqui Smith, estalló con toda su fuerza hace 10 dí­as, cuando el matutino conservador The Daily Telegraph comenzó a publicar datos sobre los gastos de los legisladores, comenzando por los ministros del laborismo. La información se encontraba en un CD de la dependencia a cargo de la supervisión de gastos, y su publicación continuó dí­a a dí­a, salpicando a todos los partidos. Gastos dudosos, equí­vocos o virtualmente deshonestos sacudieron a la opinión pública. En algunos casos las revelaciones pueden derivar en una investigación policial por fraude. En otros se trataba de un intento de maximizar el dinero a través de todo tipo de reclamos, desde arreglos para una pileta hasta el tapón de una piscina. La mayorí­a de los diputados implicados se defendió con una excusa muy británica: habí­an actuado de acuerdo a las reglas y procedimientos parlamentarios. En efecto, las reglas del llamado libro verde del Parlamento no desautorizan la reclamacion de este tipo de gastos que, además, debe ser aprobado por la oficina de control de la Cámara de los Comunes. Pero si desde el punto de vista de la letra de la ley esto era cierto, las revelaciones demostraron que en la práctica muchos diputados violaban el espí­ritu de estas reglas cuyo objetivo era regular los gastos de los diputados y no potenciar sus ingresos.Un mecanismo tí­pico y bastante extendido de este aprovechamiento de las reglas es el derecho a una vivienda adicional para diputados que representan a distritos electorales lejanos de la Cámara de los Comunes. En contante y sonante este derecho asciende a las 24.000 libras esterlinas anuales (más de 30 mil dólares) y cubre intereses de hipoteca, amueblado y mantenimiento esencial. Las reglas establecen que se gastará esta suma sólo en caso de que esto sea estrictamente necesario. En la práctica esto se convirtió en una suerte de truco nominalista por el cual los parlamentarios cambiaban la designación de cuál era su primera y segunda vivienda de un año a otro y terminaban renovando y amueblando ambas, con la consiguiente valorización de las propiedades cuando se las poní­a a la venta. Los partidos se han comprometido a reformar este sistema , pero, aun si lo hacen, no van a llegar a tiempo para impedir un desastroso resultado en las elecciones del 4 de junio. Algunos temen que cuando la Cámara baja elija un nuevo speaker , el 22 de junio, el panorama polí­tico haya cambiado dramáticamente, hasta el punto de ver al oficialismo caer al tercer lugar, relegado no por los liberaldemócratas, sino por el UKIP. Una situación que se agravará si el laborismo también pierde en las elecciones parciales en Escocia para ocupar el escaño que dejó Martin. En ese contexto, puede que poco importe la identidad de su sucesor en Westminster.Según ha publicado el diario The Independent, dos de cada tres ciudadanos votarán a partidos minoritarios como Los Verdes o el euroescéptico Uk Independence Party. Como consecuencia, la imagen del Primer Ministro, Gordon Brown, ha quedado gravemente dañada. Según ha publicado News of the World, el ICM ha realizado una encuesta en la que el 90% de los encuestados reconocen que todo este escándalo ha salpicado su imagen. El profundo desprestigio que están sufriendo los polí­ticos británicos seguramente será motivo de cambio polí­tico como ya ha reclamado firmemente la opinión pública.La presencia de agentes de Scotland Yard en los corredores de Westminster, algo nunca antes visto, Martí­n, habí­a permitido que la policí­a revisara las oficinas del parlamentario conservador Damian Green (acusado de filtrar a la prensa una información que habí­a molestado al gobierno). Martí­n y los laboristas se dedicaron a perseguir al posible funcionario que habí­a copiado los datos, sobre los gastos de los parlamentarios. El propio Martí­n se veí­a involucrado, todos le señalaban, como el responsable ultimo de permitir semejante dispendio. El speaker no salí­a de su asombro, ahora todos los que en algún momento le habí­an puesto la mano sobre el hombro para que les pasara algunas «gollerias» como gastos, ahora le señalaban con el dedo. Por que tanto golpe en el pecho si esto era ya una costumbre arraigada en el parlamento y permitida por todos. Toda esta concatenación de sucesos escándalos y extraví­os de documentos difí­cilmente pueden se hechos aislados. Hay muy pocos que tengan acceso a esa cantidad de informes y los filtren con tal tino cronológico. Solo los aparatos de estado y los servicios de información e inteligencia tienen capacidad operativa para lograr algo así­. No seria la primera ni ultima vez que las contradicciones entre los grupos oligárquicos y más en épocas de crisis, en las que se plantean polí­ticas que pueden provocar un drástico empeoramiento en las condiciones de vida del pueblo, que amenaza un estallido social requieren de un cambio de rumbo y de color en el gobierno de turno.La situación a muchos les recuerda la llegada al poder de Margaret Thatcher, tras una gran crisis y caí­da en descrédito del Laborismo, la Dama de Hierro llego a la presidencia para implantar una polí­tica de dureza frente a las reclamaciones de los sindicatos y los trabajadores. Una profunda privatización y reestructuración del estado y las fuerzas productivas del paí­s, que enviaron al paro y la pobreza a millones de Britanicos. Se necesitaban una polí­tica de mano dura y contención al estallido social. Y como ahora la entrada en liza de grupos de extrema derecha y el honor patrio salvado en las Malvinas condujo parte de la frustración del pueblo hacia sus intereses.El mayor favorecido con todo este escándalo es en primera instancia el partido Conservador, pero Gordon Brown no esta dispuesto a adelantar las elecciones. El periodo que le queda es más de un año con un gobierno muy debilitado. La indignación de los contribuyentes del Reino Unido, muchos de ellos con sus viviendas embargadas tras el desplome de las llamadas hipotecas basuras y los intentos de funcionarios de reducir gastos a costa del estado, han arreciado el efecto de este nuevo escándalo polí­tico. La debacle Laborista se podrí­a llevar por delante el Tratado de Lisboa, si adelantaran las elecciones, porque los tories llegarí­an al poder antes de que haya podido ser ratificado en Irlanda y, por tanto, antes de que entre en vigor. Eso permitirí­a a Cameron dar marcha atrás en la ratificación británica y convocar un referéndum para decidir la posición británica.