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Tras el desastre económico que nos traspasara EEUU con su crisis hemos tardado 11 años en alcanzar el nivel de empleo de 2008 (19,4 millones de trabajadores). Pero no se han recuperado ni los salarios, que perdieron la cuarta parte de poder adquisitivo, ni mucho menos el gasto social.
En este tiempo el 21,6% de la población ha pasado a sobrevivir por debajo del umbral de pobreza. La Fundación del banco BBVA afirma que en estos años se han caído de lo que llaman clase media, tres millones de personas. Los sueldos más bajos son los que más se han reducido. El 10% peor pagado de los trabajadores vieron bajar su retribución un 28% desde 2008, y los que percibían un sueldo medio perdieron un 8%. Al tiempo creció el número de millonarios.
Con el índice de Gini se mide la concentración de la riqueza en un país. Un nivel cero sería una sociedad en la que todos los ciudadanos tienen la misma renta y 1 si un solo individuo concentra toda la renta. España pasó durante la década del 0,50 al 0,56. Un notable crecimiento de la desigual distribución de la renta.
El desastre se hace crónico
Otro informe de 2018, de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (AEDGSS), describe los rasgos del modelo de sociedad en el que nos encontramos, y sus consecuencias sobre las personas y familias concluyendo: «El carácter estructural de la pobreza, por su extensión y persistencia. La pobreza se ha instalado en la sociedad española, afectando a familias que cada vez ven más difícil salir de su situación. Las nuevas generaciones van a reproducir la pobreza y cada vez van a tener más difícil salir de ella.»
Y es que detrás de esas familias de renta más baja, están desde 8 millones de trabajadores por debajo del umbral de la pobreza aun a pesar de cobrar un sueldo, hasta los 700.000 hogares (1,3 millones de personas), sin ningún ingreso (4% de las familias). La mala alimentación por motivos económicos afecta a más de un millón de personas en España, y en uno de cada diez hogares se pasa frío en invierno y se sufre el calor del verano sin poder gastarse nada en evitarlo.
La Tasa Arope, indicador utilizado por la Unión Europea para medir la exclusión social, sitúa a España 5,6 puntos por encima de la media europea.
Y en mitad de esta degradación de las condiciones de vida, la Educación se quedó sin medios suficientes y con profesorado contratado en precario; la Universidad, vetada para las clases populares con sus altos precios; una sanidad con menos médicos y listas de espera crecientes; una ley de dependencia inútil sin dotación de presupuesto; la vivienda con precios desorbitados en las grandes ciudades y unos impuestos indirectos que saquean hasta el tuétano los salarios…
Aún no está recuperada la pérdida de riqueza de los pensionistas tras años de padecer pensiones congeladas o creciendo un mero 0,25% al año. Y esto con otra amenaza permanente, pues como concluía el conocido programa de televisión Salvados, “privatizar las pensiones es el negocio del siglo”.
Tal es el marco en el que se da este Acuerdo de Gobierno.
¿Repetir la receta? No
El retroceso social sufrido se debe a que la solución aplicada ante la crisis, las recetas del Fondo Monetario Internacional o la Unión Europea, se basaron en recortes y más recortes. Sólo ha habido dinero para cubrir los agujeros de la Banca o rescatar autopistas.
Pues bien, con el peligro de recesión económica latente desde que EEUU iniciara la “guerra comercial”, nos encontramos otra vez que sólo en el último mes se ha puesto sobre la mesa una exigencia de la UE para reducir el presupuesto estatal español en 9.000 millones; y que la vicepresidenta de la Comisión Europea sostiene que el nuevo Gobierno debe continuar la privatización de Bankia y dejarnos sin banco público.
De ninguna manera se puede aceptar que nos vuelvan a aplicar la línea de austeridad y recortes.
En este sentido, las medidas del Acuerdo de gobierno PSOE-UP suponen un dique de contención a que se aplique la receta de la década pasada.
Bueno para la mayoría
En los puntos del Acuerdo hay algunas carencias no atendidas suficientemente, pero en conjunto suponen una recuperación de una parte de los recortes sufridos.
En Educación el principal compromiso es incrementar los recursos públicos para educación y becas hasta un 5% del PIB en 2025. Además de convertir en universal y gratuita la Educación de 0-3 años. Medidas que permitirán mejoras en la calidad y supondrán un ahorro para las familias.
El acuerdo incluye una nueva Ley de Educación que asegure la enseñanza pública como eje del sistema educativo.
También figura un Pacto por la universidad, que garantice una financiación adecuada.
Aumentar las becas y rebajar las tasas universitarias a los niveles previos a la crisis, o avanzar en la reducción de la precariedad y en la progresiva estabilización del profesorado, son otros puntos a apoyar.
En Sanidad, con las medidas firmadas por ambos partidos, hay avances y recuperación de derechos perdidos: eliminación progresiva de los copagos; introducir progresivamente la atención a la Salud bucodental; derogar las leyes que recortaban derechos sanitarios a inmigrantes; resolver las necesidades de las enfermedades raras… construir un verdadero sistema de atención de Salud Mental; y el blindaje por ley de nuestro sistema público de salud, con una Comisión de expertos del ámbito sanitario, organizaciones sindicales, profesionales, pacientes y colectivos sociales, para revisar la Ley actual.
La financiación del sistema de Salud se equiparará a la media de la zona euro, un 7% del PIB en 2023.
Y en vivienda se propone frenar las subidas abusivas del alquiler con unÍndice de Referencia de Precios del Alquiler. E impulsar la política de Vivienda con un incremento en los recursos y un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas.
Aunque se señala como problema el incremento de los precios a consecuencia de su uso turístico, se obvia que tras la subida de precios del alquiler y venta de los pisos está la falta de construcción de protección oficial o vivienda pública, y una Ley que ha permitido la monopolización de la propiedad por grandes grupos inversores (que gestionan ya mas de 100.000 viviendas).
En la turística Viena dos tercios de los nuevos pisos son de protección oficial y no exceden un alquiler de cinco euros por metro cuadrado.
Abaratar la vivienda sería la mejor subida salarial para cualquier familia.
En Servicios Sociales y Pensiones la propuesta de PSOE y UP es que exista una una cartera mínima de servicios comunes de gestión descentralizada impulsando una Ley estatal de Servicios Sociales consensuada con las comunidades autónomas.
Esto incluiría mejorar la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia para reducir las listas de espera al menos un 75%.
Se comprometen asimismo a asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y su revalorización conforme al coste de la vida, alejando el peligro de privatización.
Conforman el Pacto decenas de medidas más sobre regeneración democrática, contra la corrupción, sobre la mejora del sistema judicial, por la igualdad…
En su conjunto conforman un bloque de medidas que constituyen un dique de contención ante la recesión, y que sirven para avanzar en la lucha contra las desigualdades y la mejora de los condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población.