Un dí­a histórico para los indí­genas

El movimiento indí­gena peruano logró una histórica victoria, Después que el Congreso anuló ayer las llamadas «leyes de la selva», por una abrumadora mayorí­a de 82 votos a favor, doce en contra y dos abstenciones. Fue un triunfo que les costó sangre a los nativos de la Amazoní­a. Fueron dos meses de protestas y bloqueos de carreteras, con un saldo de al menos 34 muertos, más de 60 desaparecidos oficiales y más de un centenar de heridos, las cifras de desaparecidos aumentan según las cifras de las asociaciones indí­genas y la misma iglesia a cientos que no han regresado a sus comunidades, según el gobierno se esconden en la selva. Además, los indí­genas han debido soportar la persecución contra sus principales dirigentes y una implacable campaña de satanización en su contra.

Con la decisión del Congreso quedó sellada la mayor derrota olí­tica del genocida Alan Garcí­a desde que asumió el poder, hace tres años. La protesta indí­gena y la reacción en contra de la represión policial lo dejaron aislado y enfrentado a un creciente movimiento social que se multiplicó por todo el paí­s, y no tuvo otra alternativa que retroceder. Fue el propio gobierno el que le pidió al Congreso que se anulen las leyes. La convulsión social que tení­a contra las cuerdas al gobierno no le dejó al presidente sátrapa Garcí­a otra salida que retroceder.Con la anulación de las leyes rechazadas por los indí­genas que favorecí­an el saqueo y el ingreso de las multinacionales a sus tierras, el movimiento indí­gena llamó a sus bases a terminar la huelga que empezó el 9 de abril y a desbloquear las carreteras. Los nativos comenzaron a replegarse. Daysi Zapata, quien reemplaza en el liderazgo del movimiento indí­gena a Alberto Pizango, asilado en Nicaragua, calificó la jornada de ayer como «un dí­a histórico». «Se ha demostrado que nuestras demandas eran justas», dijo Zapata. Golpeados por la masacre y conmocionados, los indí­genas celebraron en silencio su victoria. En Bagua, epicentro de la represión contra los nativos amazónicos, nadie salió a las calles a celebrar el triunfo. La mayorí­a de los indí­genas han regresado a sus comunidades, selva adentro, pero algunos permanecen en Bagua, reclamando por los detenidos y los desaparecidos. Entre ellos se respira un ambiente de desconfianza y temor. La derogación de las leyes rechazadas por los indí­genas fue tomada con satisfacción y alivio por la población no indí­gena de la ciudad de Bagua, que apoyó la lucha de los nativos y que también sufrió la represión policial. Ahora, la ciudad exige que se eliminen el estado de emergencia y el toque de queda, que rige a partir de las nueve de la noche.Con la anulación de las leyes se reanudará el diálogo entre los representantes de las comunidades nativas. Pero ese diálogo no será fácil. La primera exigencia de los indí­genas será el cese de la persecución contra sus principales dirigentes, que tienen orden de captura. El lí­der indí­gena, Alberto Pizango, debió viajar el martes a Nicaragua como asilado polí­tico, luego de que el gobierno lo acusara de «azuzar a la violencia» a los nativos y se ordenara su captura. «Para continuar el diálogo, vamos a exigir que se anulen las órdenes de captura contra nuestros dirigentes, incluido Pizango. Son cerca de veinte dirigentes que tienen orden de captura. También exigiremos que se libere a los que siguen encarcelados (quedan 18 detenidos). Si el gobierno no hace eso, entonces nos retiraremos del diálogo. El gobierno se la jugó a fondo por unas leyes que buscaban facilitar la privatización y el saqueo de la Amazoní­a y terminó perdiendo. Ahora debe comenzar un diálogo con los indí­genas con las heridas de la represión todaví­a abiertas y en una situación de mucha desconfianza.Con esta matanza el sátrapa Garcí­a reedita su práctica sanguinaria contra el pueblo peruano, y ello pone en evidencia una vez más, que el Estado y las clases polí­ticas que la dirigen están dispuestas a eliminar pueblos y nacionalidades enteras con tal de aplicar sus planes para seguir subastando el territorio y las riquezas del Perú. Para el corrupto y genocida Garcí­a, ordenar el asesinato de 10, 30, 100 o más personas es una rutina y una forma de gobernar que ya puso en ejecución en su primer gobierno. En junio de 1986 con frialdad planificó el genocidio de 300 prisioneros en tres penales del paí­s. Desde 1985 hasta 1990, empleó las tropas militares o grupos paramilitares (comando Rodrigo Franco) para eliminar miles de campesinos, estudiantes, intelectuales y sindicalistas, acusándolos de de «terroristas» y «senderistas». Garcí­a no es nuevo en el oficio de matarife, y si el curso de los hechos polí­ticos recientes desembocó en la masacre de Bagua, ello solo expresa el desarrollo de una practica represiva que está en ejecución desde hace 30 años en Perú, con Genocidas como Fujimori o Garcí­a el imperialismo y la oligarquí­a Peruana, han llevado a delante sus proyectos cercenando y asesinando a cualquier atisbo de oposición y movimiento popular que se enfrente a sus proyectos.La desconfianza por tanto, de los indí­genas hacia el gobierno y sus genocidas, no es por casualidad, son décadas de traiciones y masacres. Desde uno de los instigadores del conflicto EE UU y su nueva cara, de diplomacia, no se ha hecho el menor comentario de lo sucedido, pero es evidente, que si el cancerbero del imperialismo Alan Garcí­a y su partido defendieron el tratado de libre comercio hasta el genocidio. Su marcha atrás solo es comprensible desde un toque de atención venido desde la embajada norteamericana y sus sucursales las compañí­as que pretenden repartirse Perú, pero de una manera silenciosa. A la nueva polí­tica norteamericana no le interesa, llamar la atención sobre sus multinacionales y sus actividades. En un momento que EE UU intenta congraciarse con Bolivia y Venezuela, Garcí­a se dedica a sacudir el avispero y crear contradicciones, acusando a» conspiradores externos» que incitan a los ignorantes indí­genas, llegando a retirar el embajador de Perú en Bolivia. El gobierno de peruano lleva años intentando hacer meritos, asilando opositores y delincuentes de todos los paí­ses del frente antihegemonista y vinculándose a cuantos proyectos EE UU lleva adelante en Latinoamérica, como el Plan Colombia. Esta situación, ha llevado a Alan Garcí­a a estar acorralado por la unidad del pueblo peruano contra el genocidio y su propio gran aliado el imperialismo, que necesita un gobierno que dialogue e imponga los proyectos de sus multinacionales pero con una imagen inmaculada de «democracia».