Plan de "austeridad" para las comunidades autonómicas

Un atraco más

El fraude y la malversación de fondos por el “caso Matas” pude oscilar entre los más de 2 millones de euros que el ex presidente balear, ex ministro de Aznar y dirigente del PP, pagó en negro por la reforma de su “palacete” en Palma; y los más de 50 millones de euros de sobrecoste del velódromo Palma Arena, que pasó de 48 a 110 millones de euros, y que habrí­a servido para financiar ilegalmente la campaña electoral del PP balear en 2007. Es sólo un ejemplo más del sistema de despilfarro de los fondos públicos y corrupción instalado en las comunidades autonómicas. Estamos ante un caso “manifiesto” y descubierto” ¿pero cuántos miles de millones se están despilfarrando en las comunidades autonómicas y los ayuntamientos sin que salten a los tribunales, incluso como si fuera lo más natural del mundo? El gobierno de Zapatero se ha propuesto reducir el déficit público en 50.000 millones de euros, pero sólo 10.000 millones de euros de las autonomí­as que, exceptuando la Seguridad Social, gestionan más del 50% del gasto público del paí­s.

¿Por qué gestionando el 50% de los ingresos del Estado sólo van a reducir una quinta arte? ¿Saben los ciudadanos que los ayuntamientos destinan casi 51 millones de euros (50.747.686 millones de euros, casi 8.500 millones de pesetas) cada año a los partidos políticos?Es sólo un ejemplo de lo que ocurre. Zapatero se propone no tocar el sistema de privilegios y derroche de las burguesías burocráticas de las nacionalidades y regiones, un sistema de privilegios para las castas dominantes encabezadas por unos líderes regionales que son, a su vez, auténticos barones de los partidos mayoritarios.Por eso, el llamado “plan de austeridad” de las comunidades autonómicas que el gobierno acaba de acordar con los consejeros de economía de las 17 autonomías, no es realmente un plan de “austeridad”, sino un plan para lavar la cara de los dirigentes actuales, pero que oculta un auténtico atraco al conjunto de la población.Según el último informe del Tribunal de Cuantas (datos referidos a 2008, ya en plena crisis económica) los pagos de los parlamentos autonómicos y ayuntamientos a los partidos políticos gobernantes supusieron casi 110 millones de euros (más de 18.300 millones de las antiguas pesetas), entre los que destacan los 14,6 millones de euros adjudicados por el Parlament catalán, los 10 millones de la Junta de Andalucía o los 3,6 millones de euros de la Asamblea de Madrid; y los 50,7 millones de los ayuntamientos. El iceberg del despilfarro, los privilegios y la corrupción Un repaso superficial por algunos de los entramados del poder político autonómico y local descubre la auténtica naturaleza del problema, dejando en evidencia a la clase política reinante y sus chanchullos para seguir manteniendo sus privilegios y el derroche. Presentar un recorte de apenas 10.000 millones de euros hasta 2013 como un “plan de austeridad”, cuando están derrochando miles de millones cada año es una auténtica burla a los ciudadanos. Metiendo en vereda a las burguesías burocráticas en el poder, cortando de raíz el derroche, los gastos suntuarios y la corrupción se ahorrarían tres veces más de recursos de los que propone el gobierno.Por un lado están los conocidos y denunciados escándalos como las “embajadas” en el extranjero de Carod Rovira en Cataluña (cada una le sale a los catalanes por 2 millones de euros, sólo el alquiler de la “embajada catalana en el Rockefeller Center de Nueva Tork suponen 206.000 euros anuales), y no sólo de Carod, las comunidades prevén gastarse hasta 73 millones de euros en “embajadas” en el extranjero; los 30 millones de euros en “informes” de la Generalitat; el despilfarro en reformas suntuarias de palacetes y despachos –de los más de 75 millones de euros del Palacio de San Telmo de la Junta de Andalucía a los 200.000 euros en un despacho para el presidente de la Xunta de Galicia-; la hiperinflada flota de vehículos de lujo, con sus chóferes y consumo de combustible, de los 1.220 altos cargos públicos autonómicos con derecho a coches oficiales; y otros millonarios gastos superfluos como la publicidad para ensalzar sus propias obras (81 millones de euros, 13.500 millones de pesetas, gastados por el ayuntamiento de Madrid), etc.Por otro los entramados de televisiones, empresas “públicas” o el sistema de altos cargos que suponen una auténtica sangría de recursos públicos. Las radio-televisiones públicas, auténticos aparatos de propaganda al servicio de las castas políticas en el poder, se llevan cada año casi 2.000 millones de euros (1.738 millones de euros en 2008, últimos datos conocidos).Según un informe de USO (Cental Sindical Obrera) en abril de 2009 las administraciones autonómicas tenían 3.734 altos cargos, por 547 la administración central del Estado. Altos cargos que han seguido creciendo con la crisis, con sus sueldos multimillonarios –una media de más de 100.000 euros-. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha aumentado un 43,8% el gasto en altos cargos, hasta un 60% el presidente de la Comunidad Valenciana que dedica 12,6 millones de euros a sus retribuciones.El entramado de “entes públicos”, empresas de servicios, comerciales, financieras, sociedades mercantiles tan variadas como complejos de golf (Andalucía) o casinos (Cantabria), fundaciones…, etc. que chupan del bote de los presupuestos es de auténtico escándalo: más de 5.000 “entes públicos” conforman este auténtico agujero negro, según los últimos datos del Ministerio de Economía y hacienda. En los últimos dos años de plena crisis estos organismos han crecido un 61%, utilizados por las castas políticas de las autonomías y ayuntamientos para ocultar deuda (47.000 millones de euros no estarían contabilizados en la deuda pública), entregar negocios a entidades “amigas” o camuflar pagos a los partidos –como habría ocurrido en el caso Matas-, y servir de refugio para contratar a ex cargos políticos, amigos y familiares. Atraco social antes que tocar los privilegios ¿Pero dónde está el plan de ajuste, las medidas de “austeridad” para poner coto a todo ese despilfarro? Sólo con poner control y límites a todo el sistema de privilegios, despilfarro y corrupción de los que se benefician las castas políticas en las autonomías y ayuntamientos y los grupos monopolistas que se mueven entorno a ellas se podrían ahorrar no 10.000, sino 30.000 millones de euros; y no hasta 2013 sino 30.000 millones de euros cada año.Pero antes de poner en cuestión los privilegios de las burguesías locales y los beneficios de un puñado de monopolios, lo que anuncian para recortar el gasto público que les exige la gran banca y las potencias europeas, aunque intenten ocultarlo bajo mil formas, son recortes en los gastos sociales, los salarios de los trabajadores o la inversión en infraestructuras y la investigación.En definitiva un auténtico atraco social a la inmensa mayoría de la población.Comenzaron recortando los gastos de I+D+i en los presupuestos de 2010. Y ahora ya han anunciado la congelación de empleos (paro para miles de trabajadores con contratos temporales que no se renovarán) y congelación de los sueldos de los funcionarios, lo que castiga especialmente a los trabajadores públicos con sueldos mileuristas. Pero detrás de todo está un ajuste duro en los gastos sociales de sanidad, educación o la aplicación de la Ley de Dependencia. La sanidad piedra de toque La reforma de la sanidad para implantar en “copago” sanitario y otros recortes se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios para recortar gastos y reducir el déficit. El “copago” es una de las reivindicaciones centrales defendidas por la consejera de Salud del gobierno de la Generalitat de Cataluña, Marina Geli, a la que se han ido adhiriendo comunidades como Andalucía (que ha implantado la factura virtual a todos los usuarios de asistencia hospitalaria, como paso previo al “copago”) o de Asturias.De echo, desde hace más de un año una comisión del ministerio de Economía y Hacienda dirigido por Elena Salgado prepara una propuesta para implantarlo a partir de 2011. Según ese grupo de trabajo, las Comunidades Autónomas son incapaces de hacer frente a más del 40% de las facturas sanitarias. ¿Es ese el porcentaje de “copago” que nos preparan?Lo cierto es que el atraco social se está preparando.

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