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La exigencia de presentar avales a los partidos sin representación parlamentaria, aprobada en enero de esta año por PSE, PP y CiU, ha reducido a la mitad las candidaturas que se presentarán el 20-N respecto a las que concurrieron en 2008. Pero además, la arbitraria y antidemocrática decisión de la Junta Electoral Central de no permitir, en contra de las reglas fijadas por ella misma con anterioridad, la subsanación e insuficiencia de los avales, deja fuera del juego democrático a 184 candidaturas en toda España.
Las consecuencias de este doble filtro antidemocrático se mide en un enorme retroceso en la pluralidad de opciones que los españoles podrán elegir en estas elecciones. En el conjunto de las 52 circunscripciones, según el listado publicado ayer por el Boletín Oficial de Estado (BOE), han sido aprobadas 1.124 candidaturas, menos de la mitad que en 2008.
«En Madrid, en 2008 se presentaron 98 candidaturas, en estas sólo 26» En Madrid, donde 22 candidaturas han sido rechazadas (entre otras la nuestra), el retroceso en la igualdad de oportunidades y la pluralidad ha sido especialmente brutal. En 2008 se pudieron presentar 98 candidaturas. En estas sólo lo harán 26. Nuestras candidaturas, De Verdad contra las crisis-Unificación Comunista de España, han sido las mas perjudicadas por la decisión de la Junta Electoral Central de no permitir presentar nuevos avales para sustituir aquellos no válidos. Hemos sido la única fuerza política no parlamentaria que hemos presentado nuestras candidaturas al Congreso y al Senado por las 52 circunscripciones. Y uno de los únicos cuatro partidos (junto a PSOE, PP y UPyD) en presentarnos por todas las circunscripciones del territorio nacional. A pesar de haber presentado en forma y plazo, de acuerdo con las reglas y normas publicadas en el BOE con anterioridad, las 52 candidaturas al Congreso y el Sendo, 17 de ellas han sido rechazadas por las Juntas Provinciales como consecuencia de la arbitraria y antidemocrática decisión de la Junta Electoral Central de cambiar a mitad del juego las reglas de la partida, tal y como hemos hecho constar en las reclamaciones presentadas ante los juzgados de lo contencioso-administrativo y que vamos a llevar hasta el Tribunal Constitucional si es necesario. Basta con seguir la secuencia temporal de lo ocurrido para comprender que estamos ante lo que no puede considerarse sino como una auténtico “golpe de mano” (por calificarlo de la manera mas suave posible) contre el mismo régimen democrático. El 15 de septiembre de este año, la Junta Electoral Central publicaba en el BOE las normas que regulan de forma concreta la presentación de avales (firmas de apoyo) por parte de los partidos sin representación parlamentaria. En ella se establecía con claridad que, una vez remitidas a las Juntas provinciales por parte de la Oficina del Censo Electoral la certificación de los avales (es decir, cuántos eran válidos y cuántos no), las candidaturas disponían de un plazo de 48 horas para subsanar “las irregularidades en los avales presentados o la insuficiencia de éstos”. «Estamos ante un auténtico “golpe de mano” contra el régimen democrático» Una vez finalizado el plazo de presentación de las candidaturas con sus correspondientes avales el 17 de octubre, las Oficinas del Censo Electoral fueron comunicando el número de firmas de cada candidatura que no eran válidas por diversos motivos. Todas las Juntas provinciales comunicaron inmediatamente, entre el 18 y el 19 de octubre, a cada uno de nuestros representantes provinciales qué número de firmas habían sido invalidadas y cuántas nuevas debíamos entregar en el plazo de 48 horas previsto en la normativa publicada por el BOE el 15 de septiembre. Firmas que por nuestra parte, fueron entregadas en ese plazo a las 20 Juntas Provinciales que así nos lo indicaron.El golpe de mano antidemocráticoSin embargo, al día siguiente, 20 de octubre, de forma completamente sorpresiva, unilateral y arbitraria, la Junta Electoral Central mandaba una nueva instrucción a las Juntas provinciales, por la que los avales no válidos –es decir, menores de edad, cualquiera que se hubiera equivocado al poner el número de DNI, que no estuviera empadronado en su lugar de residencia o que simplemente ignoraba que pudiera prestar su firma a más de una candidatura– no podían ser repuestos por otros nuevos. Decisión que, al ser aplicada con retroactividad, nos ha dejado en una absoluta indefensión y sin posibilidad de reaccionar y reponer las firmas necesarias. Así, por ejemplo, la Junta Electoral Provincial de Madrid nos remitía el pasado 19 de octubre “la certificación de la Delegación Provincial del Censo relativa a los avales presentados por su candidatura a fin de que el plazo improrrogable de 48 horas desde la recepción de la presente comunicación, se proceda a subsanar los defectos que constan en la misma (…)”«¿A qué ese interés por limitar la pluralidad de opciones para que los ciudadanos puedan elegir?» De la Junta Electoral Provincial de Murcia: “UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA.- 852 avales, de los cuales 163 han sido presentados en modelo diferente del publicado al efecto por el Ministerio del Interior. Le faltan 312 avales para completar los 1001 necesarios. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47-2 de la LOREG, comuníquese dicha irregularidad a los representantes de las candidaturas, UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA, para que en el plazo de cuarenta y ocho horas puedan subsanar dicha irregularidad (…)”De la Junta de Ávila: “Apareciendo de las certificaciones aportadas, que a la candidatura Unificación Comunista de España le faltan 40 firmas válidas, hágase saber a los representantes a fin de que hasta el día 23 de los corrientes puedan subsanar la irregularidad presentando en esta Junta Electoral las firmas que faltan (…)”Son sólo unos pocos ejemplos. Pero todos, sin excepción, expresan lo mismo: que de acuerdo a la normativa publicada en el BOE por la Junta Electoral Central las candidaturas disponíamos de un plazo de 48 horas para subsanar los defectos de forma o la insuficiencia de firmas. La norma era perfectamente clara y así lo entendieron, sin excepción, todos los magistrados que presiden las Juntas provinciales. Pero no así la Junta Electoral Central. Quien cambiando sus propias reglas, en medio del plazo de subsanación y aplicándola de forma reatroactiva ha liquidado de un plumazo 184 candidaturas. Entre ellas 17 nuestras, y algunas tan importantes y de tanto peso político como la de Madrid. ¿Qué es lo que se pretende con esta arbitraria y antidemocrática decisión? ¿A qué ese interés por limitar la pluralidad de opciones para que los ciudadanos puedan elegir? Si ya la nueva ley electoral pactada por PSOE, PP y CiU ha supuesto un claro retroceso democrático, al exigir, por primera vez en la historia de la democracia, que los partidos sin representación parlamentaria tuviéramos que recoger un número de firmas equivalente al 0,1% del censo electoral de cada circunscripción, la decisión de la Junta añade más leña al fuego del retroceso democrático. Y además, llueve sobre mojado. Porque no hace ni dos meses que las cúpulas dirigentes de PSOE y PP decidieron reformar con nocturnidad y alevosía la Constitución –estableciendo la prioridad de cobro de los propietarios de la deuda pública por delante de jubilados o funcionarios–, sin contar con el resto de fuerzas parlamentarias y a espaldas de los ciudadanos. Justo cuando millones de españoles llevamos saliendo a la calle desde el pasado 15-M exigiendo más democracia y más representativa, la respuesta de la clase política bipartidista es restringir las libertades democráticas, en este caso un derecho tan fundamental para cualquier ciudadanos como es el derecho a elegir y ser elegidos. ¿De qué tienen miedo? ¿De que una mayor pluralidad de opciones políticas permita hacer más patente el rechazo hacia el sistema bipartidista y hacia sus políticas de ajuste y recortes sociales?Pero no van a conseguir callarnos. Nuestra candidatura, que en estas elecciones se presenta con un programa que propone la necesidad de formar un amplio frente de unidad para aplicar una política de redistribución de la riqueza que nos permita salir de la crisis en beneficio de la mayoría, la ampliación de la democracia para que las instituciones representativas representen de verdad la voluntad popular y la defensa de la soberanía nacional para no permitir que el FMI o Bruselas nos impongan unas medidas contrarias a nuestros intereses, no vamos a permanecer callados ni quietos ante este acto de arbitrariedad antidemocrática. Y por eso, además de los recursos ya presentados ante los juzgados correspondientes (y que estamos decididos a que lleguen al Tribunal Constitucional), vamos a recoger otras 35.000 firmas denunciando el rechazo de 17 de nuestras candidaturas, así como promover actos unitarios, tanto con el resto de organizaciones afectadas como con los partidos democráticos que quieran sumarse a ellos, para expresar nuestro mas enérgico rechazo a unas medidas que, más allá incluso del perjuicio político que nos han causado, están propiciando una peligrosa espiral de retroceso de unas libertades democráticas tan arduamente conquistadas por el pueblo español.